Saravia y Albaristo, tenían un templo en San Jerónimo al 7800 y fueron en 2019.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le concedió al fiscal, Fernando Arrigo, la posibilidad de plantear ante un tribunal de Casación de la Nación una revisión del fallo que otorgó la prisión domiciliaria a Vanesa “La Curandera” Saravia, procesada por una megacausa narco que terminó con el secuestro de 143 kilos de cocaína en la ciudad de Santa Fe.
La medida fue dispuesta por un tribunal conformado por los jueces José Guillermo Toledo y Elida Isabel Vidal, quienes dieron luz verde a Arrigo para que recurra a una instancia superior en torno al beneficio que se le otorgó a la líder espiritual de la religión Umbanda. La misma fue detenida el 7 de noviembre del 2019 luego de una pesquisa que desarrollaron los entonces integrantes de la Unidad Investigativa Antinarcóticos de Santa Fe.
Desde entonces, quedó detenida con prisión preventiva durante la etapa de instrucción de la causa y su posterior remisión al Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Sin embargo, en medio de ese trámite, la defensa de Saravia, a cargo de Fernando Sirio, interpuso un pedido de excarcelación que primero se tramitó ante el juez federal Reinaldo Rodríguez. Pero como el magistrado lo rechazó, el trámite pasó a ser tratado por un tribunal de la Cámara Federal de Rosario que también se opuso al planteo del letrado.
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Meses después, Sirio pidió la revisión de su pedido en la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación (instancia superior al estrado rosarino) y fueron los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Marino Borinsky quienes anularon lo resuelto en Rosario. En efecto, el planteo judicial fue nuevamente revisado por los jueces Elida Vidal, Guillermo Toledo y Aníbal Pinedo que, a excepción de Pineda, le dieron la domiciliaria a la “Curandera” tras hacer valer el “interés superior del niño”, ya que los hijos de la sindicada jefa narco no tenían el debido cuidado porque sus padres se encuentran detenidos. En este sentido, los magistrados indicaron que la ausencia de Saravia y su pareja, Martín Albaristo, estaba “mellando la personalidad de los pequeños”.
Tal resolución se dio a conocer el pasado 19 de mayo y causó una fuerte repercusión en un gran sector de la Justicia federal de Santa Fe y la región. Es que según deslizaron varios altos funcionarios, el fallo de Casación fue resuelto sin tener conocimiento pleno de lo que implicó la causa de la Curandera Saravia.
“Es una postura absolutamente teórica y académica la que tienen los jueces de la Casación Penal. Hacen un análisis intransigente y puramente teórico a partir de las convenciones internacionales, muy alejado de la realidad de la sociedad”, supo explicar un magistrado a Aire Digital.
“El interés superior del niño no es un derecho absoluto que esté por arriba de la sociedad y además tampoco es una carta blanca para que cualquier madre pueda cometer cualquier delito con la garantía de que no irá presa y así perjudicar a la sociedad”, agregó en su momento.
Con el planteo de Arrigo, ahora un tribunal de Casación deberá nuevamente determinar si Saravia debe permanecer detenida, con prisión preventiva, en su domicilio particular de Santa Fe capital o regresar a un establecimiento carcelario, como lo fue la Unidad Penitenciaria N°5 de Rosario, el último lugar en donde estuvo privada de su libertad.
Saravia actualmente se encuentra a disposición del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, junto con el resto de los imputados que tuvo la causa que encabezó el fiscal Gustavo Onel: se trata de Martín Albaristo, esposo de la Curandera, Álvaro Nicolas Juriol; Andrés Ángel Emanuel “Tamboreiro” Aguiló; Kevin Leonardo Arce; Guillermo Omar Paz; Leonardo Javier Rivero; Reinaldo Arsenio Wabeke; Gabriela Guadalupe Cocuccio; y Germán Héctor Dogañieri.
Todos se encuentran involucrados en ocho maniobras clandestinas que fueron advertidas por los investigadores de la Unidad Investigativa Antinarcóticos. Las mismas tuvieron como eje central la utilización del templo donde se predicaba la religión Umbanda, en San Jerónimo al 7800, una vivienda de San José al 10.400, una cochera de calle Los Ceibos al 10.400 y una suntuosa casa del barrio Guadalupe situada en Echagüe al 6900 que supo ser alquilada por la agente policial Cocuccio.
Esas maniobras fueron detectadas tras una pesquisa que duró tres meses y que tuvo como corolario el secuestro de 143 kilos de cocaína que se encontraban en una camioneta que estaba estacionada en una de las cocheras que utilizaba la banda para guardar los estupefacientes.
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