Después de permanecer más de una década en la sombra de la clandestinidad y sin ninguna complicación con la Justicia federal de Santa Fe, esta vez parece haberle llegado la hora a Esteban Alvarado, procesado en una causa por narcotráfico, luego de que la fiscalía federal N°1 de Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) pidieran este lunes al juez Marcelo Bailaque que el expediente sea elevado a juicio.
Alvarado está preso en la cárcel de Piñero desde febrero de 2019, luego de ser atrapado cuando estaba prófugo en un camping de Embalse Río Tercero, donde se escondía con su mujer Rosa Capuano. En ese momento la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) no lo buscaba por narcotráfico, sino por el crimen del prestamista Lucio Maldonado, cuyo cadáver había aparecido en la colectora de la autopista Rosario-Buenos Aires con un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”.
Con ese mensaje, según interpretaron los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, Alvarado pretendía que la investigación sobre este crimen se orientara sobre Los Monos, que dejaban esos carteles escritos con birome en un cartón en la casa de los jueces y funcionarios judiciales que ordenaban atacar a balazos.
Hasta ese momento, Alvarado era un fantasma para la justicia. Estaba “limpio” de causas por narcotráfico, aunque en la calle todos sospechaban que la fortuna y las empresas que había acumulado durante más de una década eran producto del tráfico de drogas. Su nombre se había transformado en una especie de leyenda, porque su influencia en el negocio ilegal parecía no tener límites. Había adquirido en ese lapso empresas de transporte y del sector de salud y 14 propiedades, que varias de ellas “donó” a jefes policiales que actualmente están imputados en la causa paralela que se sigue en la justicia provincial, como Javier Mackat, ex jefe de Drogas de la PDI y los hermanos Marcelo y Martín Rey, de la misma fuerza.
Al ser identificado como uno de los alfiles de la mafia rosarina por la justicia de Santa Fe, algo parecido ocurrió con los Cantero en 2013, la justicia federal despertó del letargo y empezó a vincular una causa anterior, de 2017, en la que empleados de la empresa de transporte adjudicada a Alvarado habían sido detenidos en Río Negro con 493 kilos de marihuana. Según los propios registros de la justicia federal, desde 2013 la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) había empezado a investigar a Alvarado y su clan pero la pesquisa no tuvo avances en la fiscalía federal de Rosario.
Luego hubo otras irregularidades que surgieron en la investigación luego de que funcionarios del Ministerio de Gobierno manipularan sin ninguna autorización la computadora del narco asesinado.
Casi siete años después, Alvarado empezó a ser investigado por narcotráfico. La pesquisa original por lavado de dinero no avanzó, aunque la Procunar pudo seguir el hilo y las conexiones del camión de la empresa Toia y llegar hasta Alvarado.
Su ex socio fue Luis Medina, un empresario narco que fue asesinado junto a su novia Justina Pérez Castelli a fines de diciembre de 2013, un doble crimen que trajo aparejada una investigación en sus inicios polémica, con la jueza María Luisa Pérez Vara, que nunca apareció por la escena del crimen porque se encontraba en Pinamar disfrutando de la costa atlántica a pesar de estar de turno, una conducta que provocó que fuera condenada a un año de prisión.
El 22 de noviembre Pérez Vara solicitó por medio de una nota a la Corte Suprema su renuncia por “motivos de índole particular” a partir del 1º de marzo. La magistrada pidió además a través del expediente 608/13 empezar a gestionar su jubilación. Ese mismo día, la secretaría del alto tribunal provincial ratificó la renuncia “no existiendo observaciones que formular a la dimisión manifestada por la magistrada”, y solicitó al Poder Ejecutivo que dictara el acto administrativo.
La clave para que Alvarado esté a punto de ser sometido a un juicio fue que en la investigación que llevó adelante la Procuración de Narcocriminalidad se logró establecer que Alvarado había ordenado el envío de un camión con 493 kilos de marihuana hacia la Patagonia.
El secretario de gobierno de la Corte Eduardo Bordas envió el expediente Nº 1.639 al Ministerio de Justicia, donde ingresó el 2 de diciembre. Tres días más tarde el secretario de Justicia Mariano Candioti envió otra vez el expediente a la Corte Suprema para que se informara “si existen pedidos de juris, denuncias o sanciones disciplinarias pendientes que pudieran afectarse con la aceptación de la renuncia” de Pérez Vara. El 12 de diciembre Bordas señaló que “no obran antecedentes relacionados” con el desempeño de la jueza. Después de un recorrido burocrático, finalmente el 30 de diciembre el entonces gobernador firmó el decreto Nº 4.613 que autorizó la renuncia de Pérez Vara. Fue un día después del crimen de Medina.
Luego hubo otras irregularidades que surgieron en la investigación luego de que funcionarios del Ministerio de Gobierno manipularan sin ninguna autorización la computadora del narco asesinado.
El interrogante de porqué Alvarado, que consolidó su poder económico, con inversiones diversificadas en los rubros inmobiliario y transporte, pasó tanto tiempo sin ser identificado por el Estado lo responde el hecho de que tres jefes policiales de Santa Fe estén acusados de formar parte de una asociación ilícita con Alvarado, en una causa paralela que avanza en la justicia provincial. Pero se presume también que estos jefes policiales respondían a intereses políticos.
La clave para que Alvarado esté a punto de ser sometido a un juicio fue que en la investigación que llevó adelante la Procuración de Narcocriminalidad se logró establecer que Alvarado había ordenado el envío de un camión con 493 kilos de marihuana hacia la Patagonia. Se presume que este vehículo tenía como destino final Chile.
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En 2013 se abrió el expediente N°5433/13 tras una denuncia de un testigo de identidad reservada que declaró que “una banda liderada por el empresario Luis Medina se encontraba llevando a cabo actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en Rosario”. Y el denunciante mencionó que “en el seno de esa organización participaba como principal socio de Medina una persona de apellido Alvarado, quien se encontraba detenido”.
En ese momento, Alvarado estaba preso en la Unidad Penitenciaria N°17 de Urdampilleta, provincia de Buenos Aires, tras ser condenado por el robo de autos de alta gama en la zona norte de Buenos Aires, que luego eran llevados a Rosario, donde los vendía.
En abril de 2013 la PSA encontró una serie de indicios en el domicilio de Alvarado que daban la pauta de que era un jefe narco. Fueron dos filmaciones caseras, que habían sido registradas con un viejo teléfono Blackberry 9810. También aparecieron fotos en la causa que instruyó el fiscal Patricio Ferrari en San Isidro. En los videos se veía a una avioneta durante el despegue y el aterrizaje en una zona rural cercana a Rosario, donde se había concretada la descarga de la droga.
La justicia federal encontraba una punta por dónde ir. Habían detectado las empresas y los bienes que manejaba el entorno de Alvarado, investigado por lavado de dinero.
En las fotos se veía además a una camioneta VW Amarok que recibía el cargamento de estupefaciente y transportaba además unos bidones de combustible para proveer a la avioneta cuya matrícula era ZP-BCE. Jorge Benegas, uno de los empleados de Alvarado, tenía autorización para manejar esa camioneta, dominio HQH-327.
Toda esta información surgió en un contexto caliente para la provincia de Santa Fe, como fue en 2013, cuando se produjo el récord de 264 homicidios en Rosario, y quedó guardada en un oscuro cajón de la fiscalía federal de Rosario. Nadie profundizó en ese momento la investigación que tenía a Alvarado como uno de los principales jugadores del narcotráfico.
Dos años después, el 11 de mayo de 2015, la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) iniciaron una causa sobre Alvarado y su entorno por supuesto lavado de activos. Incluso, se mencionaba el nombre de Luis Medina, que estaba muerto desde hacía casi dos años.
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Los investigadores judiciales del fuero federal decidieron ir por otro lado. “Se pudo determinar una gran cantidad de bienes y empresas de las que participaron las personas allegadas al entorno familiar de Alvarado, permitiendo vislumbrar un mapa del entramado societario desarrollado e ideado” por este hombre, que en ese momento continuaba detenido en la provincia de Buenos Aires.
El 11 de abril de 2018 se inició otra investigación en el fuero federal, que tenía otra vez a Alvarado como protagonista estelar. Un nuevo testigo de identidad reservada disparó que la Fiscalía N°3 de Rosario investigara que Alvarado era el dueño y organizador de un cargamento de 500 kilos de marihuana que fue secuestrado en General Roca, el 24 de noviembre de 2017.
Después de que la investigación de la PSA quedara trunca, la justicia federal encontraba una punta por dónde ir. Habían detectado las empresas y los bienes que manejaba el entorno de Alvarado, investigado por lavado de dinero, y ahora tenían la raíz del delito precedente, es decir, los 500 kilos de marihuana secuestrados en la Patagonia, donde fueron condenados por tráfico de estupefacientes varios miembros del clan Alvarado, como Ricardo Ianni, Marcos y Jesús Rodríguez y José Luis Di Marco.
El cargamento de marihuana fue trasladado en un camión de la firma Toia SRL y el titular del acoplado era un empleado de la firma Logística Santino, ambas empresas “dirigidas” por Alvarado.
El 19 de marzo pasado, a unos metros de la empresa Logística Santino, cerca del golf del Jockey Club, fue asesinado Rodrigo Sánchez, de 44 años, mano derecha de Alvarado, a quien había visitado en la cárcel unos días antes.
Los investigadores judiciales lo ubican como un hombre del círculo íntimo del narco. “Estaba encargado de reclutar a los sicarios”, apuntó una alta fuente judicial.
La víctima figuraba como empleado de la empresa Logística Santino SRL, que está a nombre de Rosa Capuano, esposa de Alvarado. Esa firma se dedica al transporte de cargas y a la comercialización de materiales de construcción. Está ubicada en Camino de las Carretas 8395, frente al Jockey Club, a unos 150 de donde fue asesinado Sánchez, que fue emboscado al salir de la compañía.
Siete días antes de este homicidio fue acribillada Mariana Ortigala, quien salvó su vida a pesar de ser blanco de cinco disparos. Es la hermana de Rodrigo Ortigala, uno de los testigos clave en la causa por homicidio y asociación ilícita contra Alvarado. No es la primera vez que los Ortigala son blanco de un ataque a balazos. En julio pasado el frente de un edificio en Servando Bayo 1085, donde trabajaba Rodrigo y su hermana en una oficina, fue rociado a tiros. Rodrigo Ortigala fue clave para detener que Alvarado, que juró venganza.
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