viernes 14 de agosto de 2020
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Piden archivar la causa que investiga a la docente acusada de enviar un video sexual a un alumno

Así lo solicitó su abogado particular, Daniel Bura Peralta, tras volver a reiterar que no existen pruebas solventes contra su defendida. Ahora un juez penal deberá definir el pleito judicial iniciado por el fiscal Federico Grimberg.

Javier Bura Peralta, el abogado de la docente del Colegio de la Inmaculada Concepción, que en 2019 fue acusada de enviar a un alumno un video sexual a un alumno de la institución, solicitó esta semana que la causa sea archivada. El pedido fue formalizado primero ante el fiscal del caso, Federico Grimberg, y como el funcionario no se expidió al respecto, el defensor recurrió a los tribunales de Santa Fe para solicitar una audiencia y así un juez penal intervenga y resuelva el pleito judicial.

El caso remonta al 23 de mayo del 2019, cuando Grimberg imputó a la docente por el delito de “grooming”. Oficialmente solo se conoció tal imputación por medio de un comunicado del Ministerio Público de la Acusación donde se explicó que los cargos contra la profesora surgieron porque la misma habría tenido “contacto entre octubre y noviembre del 2018 con un alumno a través de las redes sociales Instagram y Whatsapp”. En esa línea, el fiscal le atribuyó a la mujer “haberle enviado a la presunta víctima un video con propósitos sexuales”.

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El colegio donde daba clases la mujer que fue imputada.

El colegio donde daba clases la mujer que fue imputada.

Desde entonces, el caso no tuvo ningún tipo de avance y al cumplirse un año de la imputación, la docente rompió el silencio y en diálogo con Aire Digital se defendió de los cargos achacados por lo que contó su "verdad". Dos meses después, su abogado particular, presentó en Fiscalía y en tribunales un escrito donde solicitó que se ponga fin a la causa.

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Declaraciones

En su presentación, Bura Peralta solicitó el archivo tras sostener que durante la investigación no se estableció “en qué contexto fueron las presuntas charlas o diálogos entre la víctima y la presunta imputada”.

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Javier Bura Peralta, el abogado que pidió el archivo de la causa.

Javier Bura Peralta, el abogado que pidió el archivo de la causa.

El letrado también cuestionó que la declaración del menor víctima fue realizada en la Fiscalía y no mediante la realización de una Cámara Gesell, tal como lo dispone el Protocolo N°222 del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe para los casos de presunto abuso sexual. En tanto, fundamentó que la madre de la víctima, la cual declaró en la causa, “no tomó contacto directo con los acontecimientos” sino que lo hizo de forma secundaria. Es que, según el defensor, sobre el supuesto diálogo que mantuvo la docente con el alumno por Instagram “no existe prueba válida acerca de ello” sino que en el expediente solo figuran “capturas de pantalla que determinan un diálogo con un usuario de Instagram”.

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Grimberg, el fiscal que acusó a la docente, ordenó su detención y a las horas la liberó. Un mes después la citó a Fiscalía para imputarla.

Grimberg, el fiscal que acusó a la docente, ordenó su detención y a las horas la liberó. Un mes después la citó a Fiscalía para imputarla.

El planteo del abogado denunció además una irregularidad de la pesquisa ya que el día en que la docente fue detenida (el 5 de abril del 2019) por orden del fiscal y luego liberada a las horas, personal de la Expolicía de Investigaciones le pidió el patrón de su celular para poder revisarlo. Sin embargo, tal situación se dio sin un abogado defensor que controle una posible “pericia”.

“Una cosa es proceder al resguardo forense de datos, simples, crudos, para poder realizar un posterior análisis de aquéllos. Y otra cosa muy diferente es querer entrometerse en forma arbitraria en la esfera de intimidad del individuo sin la correspondiente orden judicial”, destacó el abogado.

Contacto digital

Para Bura Peralta, la Fiscalía no comprobó el delito de “grooming”, que se basa en la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de cualquier tecnología de transmisión de datos y cuya pena parte de los 6 meses de prisión y puede llegar hasta los cuatro años.

En sintonía con ello, el defensor reiteró que en todo expediente judicial no existe una “prueba verosímil” que determine que hubo contacto entre la imputada y el menor que supuestamente fue víctima.

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Finalmente, consideró como prueba central el hallazgo de dos fotografías en la memoria del teléfono de su defendida. Las mismas mostraron a un grupo de jóvenes que se habrían “sacado una selfie” con el aparato de la docente cuando se realizaba un campamento del Colegio en la provincia de Córdoba.

Esas fotos en cuestión hicieron que la defensa construya una hipótesis de que los menores pudieron haberse apropiado indebidamente del celular de la docente , tras violar el patrón de ingreso, mientras la profesora se dedicaba a otros labores junto con el cuerpo de docentes que habían participado de la actividad extraescolar.