Melanie, la hija del matrimonio que perdió la vida en la Costanera de Santa Fe tras ser embestido por un conductor de 19 años que corría picadas, declaró en Tribunales en la audiencia que se impuso la prisión preventiva del autor del hecho.
Norma y Marcos fueron embestidos por un Bora que corría picada en la Costanera de Santa Fe
Melanie, la hija del matrimonio víctima de una picada mortal en la Costanera de Santa Fe en noviembre de 2024, declaró ante el juez de la Cámara de Apelaciones, Roberto Prieu Mántaras, el encargado de analizar el fallo que le había otorgado la libertad a Valentín Giordano, el joven de 19 años imputado por doble homicidio simple con dolo eventual.
“Vengo también en representación de mi hermano, no hay noche que no se duerma llorando, en crisis. Hemos recibido amenazas que no nos dejan tranquilos, necesitamos que (el imputado) esté preso para tener un poco de tranquilidad. Dentro de toda esta tragedia lo mejor que nos puede pasar es que espere la condena en la cárcel”, fueron las palabras que dijo Melanie antes de que comience la audiencia para analizar si Giordano debía transitar el proceso en prisión.
Al finalizar la audiencia, que se prolongó durante dos horas y con un extenso cuarto intermedio antes de conocer la decisión del juez de imponer la prisión preventiva, la fiscal Marcolín confirmó en rueda de prensa que el menor debe brindar testimonio en Cámara Gesell, pero que aún no se encuentra en condiciones de poder hacerlo: "Hay tiempos que no se pueden acelerar", sostuvo.
Norma López y Marcos Arias fueron embestidos por Giordano el 24 de noviembre de 2024, cuando cruzaban por la senda peatonal de Ruperto Godoy, en una zona de carribares; con ellos también se encontraba su hijo Ramiro, un adolescente de 16 años que logró esquivar el VW Bora que corría una picada junto a otro automóvil por la Avenida Almirante Brown.
Giordano y el joven que lo acompañaba fueron retenidos por algunas del centenar de personas que se encontraban en la costanera esa noche, cuando el motor de su automóvil se detuvo en la intersección de la avenida con calle Huergo. La situación fue notificada a la fiscal Rosana Marcolín, que imputó a Giordano como coautor de los delitos de doble homicidio simple con dolo eventual y la realización de pruebas de destreza y velocidad sin autorización, es decir, de haber estado corriendo una “picada” callejera.
Las primeras medidas investigativas permitieron reunir la evidencia necesaria para comprobar que Giordano corría una picada con otro automóvil, cuyo conductor también fue identificado e imputado, que la pena que corresponde al delito es una pena alta de cumplimiento en prisión y que además, tras embestir a las víctimas, el conductor había intentado escapar del lugar; por todos estos motivos la Fiscalía solicitó que Giordano continúe detenido en prisión preventiva hasta el desarrollo del juicio.
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El pedido de prisión preventiva fue analizado por la jueza Cecilia Labanca, quien dio por acreditado todo lo expresado por la Fiscalía, y también analizó la postura defensiva que propuso una imputación por homicidio culposo, además de la “picada”. Sin embargo, cualquiera de las hipótesis tenían el mismo destino: Giordano cumplirá la condena tras las rejas, con una pena que va de los 8 a los 28 años, según la imputación fiscal, o de 3 a 9, según la tesis defensiva.
De todos modos, la jueza decidió darle la libertad a Giordano con una serie de medidas alternativas. La fiscal Marcolín recurrió a la Cámara de Apelaciones para solicitar la nulidad parcial de esta resolución por considerar que el fallo de Labanca no tenía fundamentos, y para reclamar la imposición de la prisión preventiva del imputado.
La audiencia en la Cámara de Apelaciones se realizó este lunes ante el juez Roberto Prieu Mántaras. Antes del inicio de la audiencia, Melanie, hija de Norma y Marcos y hermana de Ramiro, se expresó de manera breve pero contundente: “Necesitamos un poco de tranquilidad”, manifestó. En la sala estaban presentes la fiscal Rosana Marcolín, el abogado querellante Milton Schaller, los abogados defensores Agustín Marquez y Esteban Yossen, y el propio imputado Valentín Giordano.
La audiencia se extendió por varias horas; durante dos horas, las partes expusieron sus argumentos por los que el fallo de Labanca debía ser considerado nulo e imponerse la prisión preventiva de Giordano, o por qué debía confirmarse la resolución de la jueza de primera instancia.
Marcolín remarcó cómo la evidencia confirma que el joven de 19 años conducía a una velocidad aproximada de 136 kilómetros por hora cuando embistió a Norma y a Marcos, y que además había intentado huir del lugar. La fiscal refirió a las pericias realizadas al teléfono celular del joven que, a pesar de que fueron eliminadas sus redes sociales, se pudieron rescatar videos donde se demuestra que la manera temeraria de conducir de Giordano era habitual.
En uno de los videos, grabado por otra persona, se lo ve a Giordano conduciendo su auto, abrir la puerta y tocar el pavimento con la mano; en otro video, grabado por él mismo, se lo ve conducir a alta velocidad por una avenida, en apariencia Aristóbulo del Valle, y la aguja del velocímetro cerca de los 110 km/h.
Marcolín destacó además que la patente del Bora de Giordano no fue detectada por las cámaras LPR, las cámaras de control vehicular que registran los dominios de los automóviles, y que sí detectaron la patente del BMW: “Por lo que, si lograba escaparse, hoy tendríamos un caso NN, sin autor identificado”, sostuvo Marcolín para remarcar la peligrosidad procesal.
La fiscal recordó lo “sorpresivo” que fue en la audiencia cuando, de manera inesperada e infundada, Labanca impuso medidas alternativas a la prisión preventiva tras haber avalado toda la evidencia de la investigación y tener por acreditado el riesgo de fuga. Marcolín cuestionó que la jueza no tuvo en cuenta la "proporcionalidad" de la medida cautelar con el daño ocasionado: la pérdida de dos vidas humanas.
Finalmente, la acusadora pública cuestionó que tanto el joven imputado como su padre tienen domicilio en Corrientes, en una zona rural donde nadie los conoce, y que la familia tiene un buen pasar económico por lo que cuenta con los medios para poder fugarse.
Al momento de resolver, Priu Mántaras compartió el criterio fiscal y sostuvo que el fallo de la jueza Labanca carece de fundamentación: "La sola manifestación de que las medidas alternativas son suficientes es arbitrario, ya que no se deduce de un razonamiento de la causa", expresó el camarista.
La jueza "no explicitó por qué las alternativas mitigan el riesgo de fuga, y omitió el planteo de la conducta del imputado tras el hecho", remarcó Prieu y declaró la nulidad parcial del fallo de primera instancia.
Luego, el juez analizó el pedido de prisión preventiva realizado por la Fiscalía: "Las medidas alternativas impuestas son flexibles y quedan sujetas a la propia voluntad del imputado de cumplirlas. Quien protagonizó semejante conducta y que luego intentó escapar para evitar asumir su responsabilidad, pueda sujetarse a las alternativas", valoró Prieu Mántaras.
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El camarista remarcó que el imputado conoce toda la prueba que hay en su contra, que la pena en expectativa por el delito que cometió es elevada y que deberá cumplirla en prisión, lo que eleva la probabilidad de que quiera evadirse, "además ya intentó evadirse", recordó el juez.
Finalmente, Prieu Mántaras también sopesó la situación del domicilio en Corrientes, lo que demuestra la posibilidad de evadirse del proceso, y remarcó que es relevante el derecho de la víctima a ser considerada su voluntad durante el proceso.
Tras exponer los argumentos de su decisión, el juez dispuso la "inmediata detención" del imputado, que se hizo efectiva en la misma sala de audiencia, y fue trasladado a un centro de detención.
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