martes 11 de agosto de 2020
Policiales | Santa Fe |

Pedirán la perpetua para "Chacho" Cano por el femicidio de la maestra Vanesa Castillo

Las fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Ilera presentaron la acusación en la que solicitaron la misma pena requerida por la querella.

Este jueves las fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Ilera presentaron al acusación ante la Oficina de Gestión Judicial en la que solicitaron la prisión perpetua para Ramón "Chacho" Cano, el hombre de 33 años investigado por matar a puñaladas a la maestra de Alto Verde, Vanesa Soledad Castillo, en febrero de 2018. La pena coincide con la que solicitó la abogada querellante Carolina Walker.

Las fiscales le atribuyeron a Cano el delito de homicidio calificado (por alevosía y ensañamiento y por mediar violencia de género –femicidio–) en perjuicio de Castillo. También se lo acusa de ser autor de los delitos de amenazas calificadas y agresión con toda arma en perjuicio de dos hombres que fueron testigos de los hechos ya que estaban en inmediaciones del lugar en el que fue cometido el femicidio y atentado a la autoridad en perjuicio de un oficial de la policía.

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Además, Ferraro e Ilera solicitarán la declaración de reincidencia del acusado, debido a que registra dos condenas por delitos contra la propiedad impuestas en el sistema procesal anterior.

El caso

Vanesa Castillo fue asesinada cuando salía de trabajar de la escuela Victoriano Montes en Alto Verde, el 15 de febrero de 2018. Cano le asestó por lo menos 13 puñaladas que le quitaron la vida en el lugar. Según la atribución fiscal, Cano primero quiso vender unas ojotas a dos docentes, que se negaron y se retiraron del lugar en un vehículo. Luego le ofreció las mismas ojotas estilo Crocs a Vanesa Castillo, quien se niega y se sube a la moto para retirarse.

Cano entonces la tomó del cuello y con un arma blanca empieza a agredirla: le asestó al menos ocho puñaladas en la espalda y cinco en la zona intercostal. La última herida es la que hiere la aorta y le ocasiona la muerte. Las fiscales informaron que “de manera artera y sorpresiva, Cano sujetó a la víctima con fuerza, le rodeó el cuello con su brazo izquierdo y la dejó en una situación de total indefensión debido a la mecánica misma de la sujeción y a la diferencia de fuerza entre ambos”, y agregaron que “una vez que logró impedir que la mujer se moviera, el acusado la golpeó en la cabeza y le propinó puntazos en la espalda y en distintas partes del cuerpo con una chuza de aproximadamente 30 centímetros”.

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Luego el imputado se bajó de la moto y se encontró con uno de los testigos a quien amenazó con el arma blanca e intentó agredirlo antes de continuar la huida hacia su casa.

Finalmente, cuando Cano era trasladado en el móvil policial agredió a un policía con un cabezazo.

Violencia de género

“La muerte de Castillo es un caso de femicidio no íntimo. Se denomina así a los homicidios cometidos por un hombre en perjuicio de una mujer en un contexto de violencia de género y aún cuando no hubiera vínculo personal entre ellos”, explicaron las fiscales. También aclararon que “en estos casos, el varón se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de una mujer y abusa de su pretendida superioridad basada en una relación desigual de poder que toma sus bases de la sociedad patriarcal. En el caso de Castillo, el acusado no aceptó la libre decisión de la víctima de negarse a los requerimientos que le realizaba y pretendió imponerle su voluntad por su sola condición de mujer”.

“El acto femicida del acusado encuentra raigambre en un sistema que refuerza la discriminación y el desprecio contra las mujeres y sus vidas. Reproduce el estereotipo de masculinidad tendiente a controlar las vidas y cuerpos de las mujeres mediante la fortaleza física y el poder, situación que surge claramente de la forma en que el acusado dio muerte a Castillo”, argumentaron las fiscales.

Pericias y el celular

“Entendemos que las pruebas con las que contamos son sólidas. Se ordenaron numerosas diligencias y tenemos resultados de pericias e informes que están en línea con la teoría del caso que planteamos desde el MPA”, subrayaron las fiscales Ferraro e Ilera. También valoraron que “tanto los fiscales Andrés Marchi y Mariela Jiménez –quienes iniciaron la investigación– y luego nosotras pudimos concretar una diversidad muy importante de pericias. Además, pudimos llevar a cabo todas las diligencias que solicitó la querella, cuya representante legal manifestó su acuerdo tanto con las calificaciones como con la pretensión punitiva del MPA”.

“Entre las diligencias ordenadas en el marco de la investigación, se ordenó el secuestro del teléfono celular de la víctima”, remarcaron las fiscales. “Desde la Fiscalía realizamos diversas gestiones para peritar el dispositivo, sin embargo, no fue posible obtener información de esta fuente”, agregaron.

Ferraro e Ilera informaron que “el aparato fue analizado por personal especializado del gabinete de Análisis Digital Forense de la ciudad de Rosario; del Laboratorio de Gendarmería Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, los técnicos de Rosario y de Gendamería Nacional no lograron desbloquear el patrón del teléfono; por su parte, los especialistas del MPF lograron acceder a la memoria, pero no pudieron conseguir información”.

El 10 de septiembre comenzó una nueva pericia para intentar desbloquear el teléfono celular de Vanesa Castillo y por tercera vez, desde que comenzó la investigación por el crimen de la docente, se intentaó extraer la información del teléfono que la querella considera fundamental para su teoría del caso.

La “Seño Vane”, como la conocían en el establecimiento educativo, fue asesinada a puñaladas por Ramón “Chacho” Cano en febrero de 2018 cuando salió de la Escuela Ceferino Namuncurá en Alto Verde. Desde ese entonces, la familia de Vanesa vinculó el crimen con una denuncia por abuso infantil que había realizado la maestra meses antes al brutal y salvaje asesinato.

Al respecto, la abogada querellante Carolina Walker Torres detalló en septiembre los intentos frustrados de abrir el celular de Castillo, realizados por la Policía de Investigaciones y la Gendarmería en Rosario. “La provincia de Santa Fe no tiene la tecnología necesaria para abrirlo, el sistema operativo de la provincia no sirve. Después se intentó con la Gendarmería. Es un Motorola que puede tener cualquier persona, no un teléfono de última generación”, aclaró.

La realización de la flamante pericia estuvo a cargo de la Policía Judicial perteneciente al Ministerio Público Fiscal de Capital Federal y tuvo como objetivo desbloquear el aparato con un software llamado UFET. Sin embargo, al no lograr abrirlo se procedió a desarmar el celular de forma manual, extraer la memoria y conectarla a un programa desarrollado por la propia fuerza para tratar de “desencriptar” el patrón de bloqueo.

La pericia sobre el teléfono celular de Vanesa Castillo finalmente tuvo resultados negativos. Las pesquisas no lograron detectar el patrón para descifrar la información contenida en el teléfono celular. A través de esta prueba, la querella esperaba encontrar elementos que permitieran vincular el crimen de la maestra con la denuncia por abuso de una de sus alumnas.

Esto era considerado fundamental para la teoría del caso de la querella, quien consideró desde un primer momento al imputado Ramón Cano como el “brazo ejecutor” del homicidio, por orden de un tercero.

Los otros delitos

En relación a los otros delitos que también se le endilgaron a Cano, las fiscales explicaron que “las amenazas calificadas y la agresión con toda arma fueron cometidas inmediatamente después de quitarle la vida a Castillo en perjuicio de dos hombres que estaban en inmediaciones del lugar en el que ocurrió el femicidio. El acusado les mostró una arma blanca tipo chuza con el fin de amedrentarlos e infundirle temor. Además, intentó lesionar a uno de ellos arrojándole puntazos”.

“Por su parte, el delito de atentado a la autoridad fue cometido alrededor de las 22:00 del mismo día. Cuando el imputado era trasladado hacia dependencias de Medicina Legal, comenzó a golpear con sus pies los asientos delanteros del móvil policial en el que era llevado. Además, golpeó en el rostro a uno de los policías que iba en el vehículo y le produjo lesiones leves”, narraron las fiscales.

Prisión preventiva

La detención de Cano se concretó el jueves 15 de febrero, es decir, el mismo día que fue cometido el femicidio de Castillo. Dos días después se concretó la audiencia imputativa, en la que los fiscales Andrés Marchi, Mariela Jiménez y Alejandra Del Río Ayala le atribuyeron la autoría de los mismos delitos por los que ahora se lo acusa. Por su parte, en esa misma audiencia, se le impuso la prisión preventiva, situación procesal que se mantiene hasta la actualidad.

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