Ramón Ezequiel “Monchi” Machuca, de 36 años, actualmente detenido en la unidad carcelaria de Piñero condenado a 37 años de prisión por una gama de delitos como líder de la banda de Los Monos, solicitó formalmente que se deroguen por inconstitucionales las resoluciones y órdenes internas del Servicio Penitenciario (SP) que lo catalogan como “preso de alto perfil”. Argumenta que se le impide acceder a una serie de derechos, como un programa recreativo y educativo progresivo de reinserción social, recibir una determinada cantidad de alimentos, y que se le reduce el espacio y horario de las visitas periódicas de familiares. En agosto había solicitado ayuda espiritual, psicológica y la intervención de un pastor.
"Monchi" fue condenado en 2018 por múltiples delitos, entre ellos instigar asesinatos.
Foto/ Gentileza Noticias ArgentinasA través de una nota dirigida hace pocos días a las flamantes autoridades de la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe, Machuca solicitó la derogación de la resolución Nº 001/18 y de la orden interna 5/18, que en su momento fueron firmadas por el entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliva.
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“Monchi” está preso en el pabellón 26 de Piñero donde cumple una condena a 37 años de prisión hallado culpable de ser líder y uno de los cabecillas de la asociación ilícita dedicada a la comisión de una gama amplia y variada de delitos, la instigación de los crímenes de Marcelo Alomar, Nahuel y Norma César, y Lourdes Canteros, cohecho y encubrimiento agravado. Los homicidios que le endilgan ocurrieron el 15 de mayo de 2013, y otro el 28 del mismo mes, y fueron parte de un reguero de sangre en venganza por el asesinato del líder de Los Monos, Claudio Pájaro Cantero, su hermano de crianza, acribillado a balazos el 26 de mayo de 2013 a la salida del boliche Infinty Night de Villa Gobernador Gálvez.
Perfil mediático
En los últimos tiempos Machuca, de alto perfil mediático, denunció públicamente que a principios de 2018 había mantenido una reunión en prisión con el falso abogado Marcelo D’Alessio, investigado junto al jueza Carlos Stornelli por tráfico de influencias y extorsiones.
El juez de esa causa, Alejo Alejo Ramos Padilla había citado a líder de “Los Monos” como testigo. Es que según la hipótesis, el espía ilegal lo había contacto en Rosario con el fin de montar una operación para desprestigiar al gobierno provincial socialista que dejó el poder en diciembre pasado.
En el pabellón, sin visitas ni pastor
Luego de pasar tres semanas en celdas de castigo y ante la presentación de un habeas corpus correctivo que formuló su defensa y fue autorizado por un juez, el 11 de septiembre de 2018 Machuca fue trasladado a un pabellón común de la cárcel de Piñero. Esa situación estaba precedida por otras denuncias luego de varios traslados por penales nacionales y de Santa Fe. Una exponía que el Servicio Penitenciario lo había sacado del pabellón Nº 7 de Piñero a su papá de crianza, Ariel Máximo “Viejo” Cantero, a Mariano Salomón y a Andrés Fernández y los aisló en los boxes. Ese aislamiento en los buzones sin contacto con otros internos motivó la denuncia por agravamiento de las condiciones de detención.
En agosto pasado Ramón Machuca hizo una presentación ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rosario donde se quejó porque se le impedía recibir visitas de sus familiares directos en el pabellón donde está alojado. Y dejó constancia que la medida tenía como objetivo resguardar la integridad física de sus allegados ante posibles atentados si los encuentros se desarrollaban en espacios comunes o el salón de usos múltiples. Ese pedido ya había sido habilitado en abril pasado por el juez de primera instancia penal Juan José Alarcón. En esa presentación, Monchi recordó que no tenía contacto con sus allegados desde 2018, y solicitó asistencia espiritual y psicológica, y la intervención de un pastor.
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Como no pudo acceder a esos requerimientos, la semana pasada Machuca volvió a exponer su situación. Tildó de inconstitucionales las disposiciones firmadas por Saliva el 22 de octubre de 2018, donde se define a los internos “alto perfil”, y también la orden 5/18, por la cual “se establecen los lineamientos básicos de seguridad a aplicar en relación a los sectores especialmente destinados al alojamiento de los reos considerados peligrosos, un protocolo que rige por la resolución 01/2018 a través de una orden interna de 2015.
A través de patrocinio de su abogado Carlos Edwards, Machuca solicita la inmediata derogación de esas resoluciones porque entiende que imponen un tratamiento notoriamente diferenciado del resto de los presos, y resultan un régimen de excepción violatorio de lo establecido en la ley nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660).
Pide un diagnóstico multidisciplinario
Es que según el reconocido reo, esas disposiciones tienen por finalidad fijar lineamientos básicos de seguridad bajo esa categoría de presos de alto perfil, pero que no está prevista en la ley 24.660, ni en la provincial (11.661) que adhiere a esa norma. En la nota elevada a las autoridades de Piñero, Machuca se quejó porque nunca fue sometido a un diagnóstico y pronóstico criminológico, a través de un gabinete interdisciplinario, requisito que sí está contemplado en la normativa nacional de ley privativa de la libertad. Dice que ese sería el fundamento esencialmente que con él nunca se puso en práctica.
Con ese razonamiento el ex líder de Los Monos tilda las órdenes de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe en “palmaria contradicción” con lo establecido en la ley nacional, que no contempla la categoría de preso de alto perfil, aunque sí establece un abordaje multidisciplinario de las personas condenadas con la vista puesta en la reinserción social. En ese sentido la ley indica que deben actuar psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, profesores, abogados. “Resulta notoriamente contradictorio que la inclusión como interno de alto perfil sea decidida exclusivamente por una autoridad administrativa sin ningún rigor científico”, sostiene el abogado de Monchi.
Y recalca que en esas condiciones se ven limitados el acceso a las actividades recreativas, deportivas o culturales, que están sujetas siempre a las “cuestiones de seguridad” y a la voluntad de la autoridad penitenciaria. “Resulta contradictorio en una unidad carcelaria que se supone cuenta con altos niveles de seguridad, y máxime cuando dicha orden interna se aplica a determinados pabellones”, se queja Monchi sobre su estadía en Piñero.
Estudio compartido
En ese marco también pone el grito en el cielo porque no puede estudiar o mantener un ciclo educativo en contacto con otros presos que así lo deseen, ya que la orden interna habla solamente de sistema educativo remoto. “Esta disposición implica otra limitación al derecho a la educación. La orden interna establece la enseñanza por “sistemas remotos” sin contacto con otros internos, por lo que se le priva de uno de los aspectos fundamentales del proceso de aprendizaje, que radica en la socialización con sus pares”, describe Edwards ante Aire de Santa Fe.
También fustiga las disposiciones por el acceso a la alimentación, ya que según se establece “las visitas solamente podrán ingresar lo que consumirá en el día, y por un peso que no supere el 1.5 kilogramos por persona”, restricción que no rige para el resto de los detenidos. En relación a esto último, cabe recordar que el máximo de peso a ingresar es de 2 kilogramos para las visitas de todos los internos, aunque ello generó distintos planteos judiciales. Es más, la misma Cámara Pena de Rosario ante un recurso interpuesto por el Servicio Provincial de la Defensa Pena (Sppdp) hizo especial hincapié en la protección de los derechos de los internos, sobre todo cuando aparecen afectados de modo incompatible con las leyes y la Constitución. En esta línea, el tope general de dos kilogramos resulta insuficiente, irracional y abusivo”, indicaron los camaristas.
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Finalmente Machuca reprocha el régimen de visitas para los presos de alto perfil, estipulado entre las 8.00 y las 14.00, cuando el horario resulta más amplio (de 7.00 a 17.00) para el resto de los internos. Además remarca que las visitas antes se podían recibir dentro del mismo pabellón en los cuales se encuentran alojados, pero que a partir de las resoluciones se deben concretar fuera de la celda. “Carece de toda lógica, si consideramos las carencias edilicias que presentan los establecimientos penitenciarios de la provincia de Santa Fe, debiendo destinarse un ámbito especial para las visitas, diferentes de los respectivos pabellones”, refiere el escrito.
Al solicitar la derogación de las disposiciones internas por “arbitrarias”, Machuca dice sentir el “escarnecimiento” de la autoridad penitenciaria, lo cual evidencia “un ejercicio abusivo de sus funciones”, con la sola finalidad de la mortificación de los internos que son rotulados como de “alto perfil”, como él, ya que ese régimen de excepción instaurado por el Servicio Penitenciario santafesino no tienen ninguna justificación lógica ni jurídica, salvo el de provocar un innecesario padecimiento de los internos, agravando sus condiciones de detención.
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