La medida fue dispuesta por el juez José Luis García Troiano, en el marco de una causa judicial que encabeza el fiscal Agustín Nigro y por la que se realizó una audiencia de cese de estado antijurídico en tribunales. Según trascendió, la víctima perdió 8.710.661 de pesos.
El caso ocurrió el pasado 2 de mayo, cuando una mujer recibió una llamada en su celular en la que el interlocutor se identificó como empleado de la empresa que le brinda servicios de telefonía e internet y le ofreció un descuento especial para jubilados.
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Los detalles del caso fueron revelados en una audiencia realizada en tribunales.
Seguidamente, se transfirieron a diferentes destinatarios 865.000 pesos que la víctima tenía en su cuenta bancaria y 5.115.661 pesos que poseía en la billetera virtual.
Cuatro días después, la mujer recibió un correo electrónico en relación a un crédito obtenido de forma fraudulenta por 2.730.000 pesos, financiado en 18 cuotas.
Investigación en curso
Desde la Oficina de Prensa del MPA informaron que tras tomar intervención en el caso, el fiscal Nigro llevó adelante diferentes diligencias para rastrear hacia dónde fueron los fondos de la víctima. “Estamos investigando a varias personas que tendrían vínculos cercanos entre sí y no son oriundas de la provincia de Santa Fe”, precisó Nigro.
Según subrayó, “la medida del cese del estado antijurídico se ordenó con urgencia para evitar que la víctima sufra mayores perjuicios que los que ya tuvo”.
Por otro lado, señaló que “desde el MPA pedimos que la proveedora de servicios de pagos hiciera la devolución íntegra del dinero sustraído a la víctima pero el juez no hizo lugar a ese planteo”.