El juez federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, citó nuevamente a indagatoria al exjefe de la Policía Federal de Santa Fe, Marcelo “Lechuga” Lepwalts y a otros cinco exgentes de inteligencia de la repartición por una causa que investiga un entramado policial que amparaba a narcos con fines de lucro y cuya recaudación era trasladaba a distintas áreas superiores de la fuerza.
El llamado a indagatoria también es para los exmiembros de la Oficina de Inteligencia de la Delegación, Cristian Pablo Bogetti, Michael Juan Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos. Todos acusados de haber ayudado a proveedores o vendedores barriales de drogas a eludir investigaciones de la Justicia federal a cambio de dinero o estupefacientes.
El paso de los seis uniformados por el Juzgado Federal N° 2 -de 9 de Julio y Zaspe- fue fijado para el 18 y 19 de febrero próximo. Primero lo deberán hacer Lepwalts y Gómez Navarro y un día después Bustos, Duarte y Arbildo, según un oficio emitido a la Policía Federal Argentina.
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El caso fue advertido por el fiscal federal Walter Rodríguez que tras una serie de pruebas recolectadas, entre ellas la entrevista al padre de uno de los detenidos, detectó que los integrantes de la Brigada habrían ocultado procedimientos de calle a las autoridades judiciales con el fin de recaudar dinero, el cual era distribuido en partes iguales entre los integrantes del grupo. No obstante, si en el procedimiento se secuestraban estupefacientes, una porción se guardaba con el fin de colocarlos en nuevos operativos.
El origen de la pesquisa surgió cuando el 24 de septiembre del 2019, llegó a la Fiscalía un sobre que contenía una carta donde cuestionaba, de manera anónima, al fiscal Rodríguez por la investigación que ordenó detener, en otra causa, a Lepwalts, el 9 de mayo del año pasado. “Todas las instituciones están manchadas por distintos actos generados por el accionar de personas que deben cumplir con el mandato que baja desde las cúpulas. Es parte del SISTEMA, no hay otra. Quien ocupa un sillón en este país debe pagar por lo que vale este sillón. Quien se niega y no lo hace, se va a su casa (eso es moral)”, explicaba aquel escrito.
Acompañado de ello, el escrito tenía gráficos que describían cómo funcionaba una estructura piramidal de recaudación que comenzaba en la Delegación Santa Fe de la Policía Federal y que llegaría hasta las esferas máximas de la fuerza.
El remitente fue identificado horas más tarde por personal de la Fiscalía y el mismo se presentó cerca de las 14.30 en el organismo judicial para prestar declaración. Un día después se convirtió en un testigo clave.
“Es muy común dentro de lo que se llama la Jefatura de la Delegación Santa Fe, cada Jefe que ocupa el cargo de Delegado, tiene que cumplir con un mandato de sus superiores inmediatos, que es el área con asiento en Rosario, a quienes mensualmente se les debe hacer llegar el denominado “sobre” del cual se sabe que contiene dinero, no así el monto”, señaló.
“Cada <<sobre>> contiene un monto de dinero determinado de antemano que a medida que va escalando en la estructura policial, en cada estamento queda una parte de dinero del mismo, hasta llegar a un monto que le corresponde al Jefe de Policía, quien actualmente es Roncaglia”, agregó.
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Con el devenir de los meses los pesquisas del caso peritaron, a través del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, un teléfono SM –G930F- que permitió deschavar además cómo funcionaba el mecanismo de recaudación de la fuerza.
“Obtenían ilegalmente material estupefaciente que no se encontraba formalmente afectado a expediente judicial determinado y lo reservaban para ser utilizado en procedimientos posteriores con el objetivo de “asegurar” el caso y comprometer judicialmente a personas que por algún motivo no fueran funcionales a su sistema”, explicó el informe que realizó tras el peritaje el OI.
En esa línea, la investigación también detectó que del celular peritado se extrajeron audios que contenían señalamientos de personas o lugares posiblemente involucrados en actividades de comercialización de droga los cuales habrían sido utilizados por los miembros de la Brigada como “informantes”.
Para comprobar esa cadena de recaudación, el fiscal señaló que el día que fue detenido Lepwalts, los investigadores secuestraron de una caja fuerte un total de $42.000. Dicha suma de dinero no habría estado “vinculado a una partida oficial suministrada por los canales oficiales ni tampoco sería proveniente de las áreas competentes en materia de asignación de recursos de la PFA”.
Junto a ese dinero, se encontraba también un anotador con la inscripción “Alfa Block”, que según detectaron los pesquisas contenía anotaciones contables que generaron una fuerte sospecha.
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