Muerte en la Comisaría Octava: el fallo judicial apuntó a la legalidad de la detención de la víctima y su "custodia estatal"
La resolución estuvo a cargo de la jueza Cecilia Labanca, quien además compartió el encuadre jurídico que la Fiscalía le dio al caso: el de tortura seguida de muerte en perjuicio de Mauro Daniel González.
La muerte de González se dio horas después de su detención y tuvo lugar en la Comisaría Octava, dependencia policial ubicada en Avenida General Paz al 7300.
El reciente fallo judicial que ordenó la prisión preventiva para cuatro de los seis imputados en la causa que investiga la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida en el marco de un procedimiento policial que culminó en la Comisaría Octava de Santa Fe, apuntó a la legalidad de la detención de la víctima y su posterior custodia estatal.
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La resolución fue dictada por la jueza Cecilia Labanca quien, tras una audiencia de medidas cautelares, dispuso el encarcelamiento preventivo de los policías Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinali, y la liberación de Sabrina Petiton y Juan Cruz Barros. Todos ellos son integrantes del Comando Radioeléctrico y están imputados (a excepción de Barros que fue acusado de vejaciones) por tortura seguida de muerte en perjuicio de Mauro Daniel González, la víctima del hecho.
El suceso que investiga la Justicia ocurrió el 17 de enero de este año, cuando González se encontraba en la puerta de su casa en Chaco y Hermanos Figueroa, a las 14.30. Según Fiscalía, el hombre de 35 años atravesaba una “crisis subjetiva” por el consumo de estupefacientes. Para las defensas, en cambio, se encontraba consumiendo estupefacientes y alcohol desde la madrugada de ese día por lo que vecinos de la zona llamaron al 911 para denunciar supuestos disturbios.
En ese contexto fue cuando arribaron al lugar los agentes investigados que lo esposaron, subieron a la caja de la camioneta y trasladaron a la Comisaría Octava de Santa Fe. En el camino, según sostienen desde Fiscalía, los policías pararon los móviles y lo golpearon para luego pasar por una estación de servicio, en donde cargaron combustible, siguieron hasta medicina legal -en la Comisaría Primera- y luego lo dejaron en la Comisaría Octava, actualmente denominada “Estación Norte”.
En esa sede policial, horas después, policías de la dependencia constataron el fallecimiento de González, cuya causa -reveló después la autopsia- fue por una broncoaspiración de sus fluidos. Desde entonces, se inició una investigación que terminó con los agentes policiales detenidos y ahora la flamante intervención de la jueza Labanca.
Accionar policial en la detención que finalizó en muerte en la Comisaría Octava de Santa Fe
En su fallo, la magistrada judicial puso la lupa sobre la génesis del procedimiento policial al considerar si el accionar de González, al momento del arribo policial, era un hecho delictivo. “¿En carácter de qué?”, se preguntó la jueza sobre el traslado de la víctima a la Comisaría. En razón de ello, consideró que la privación de la libertad de González no contaba con un amparo legal.
“Entre las 14.30 y la 1.30 (del día siguiente) Mauro González estuvo bajo custodia del Estado”, destacó en otro tramo de su resolución dada a conocer de manera oral en la audiencia realizada en Tribunales.
El fallo, por otro lado, compartió el criterio de la Fiscalía al calificar el caso, en esta etapa de la investigación, como “tortura seguida de muerte”, pese a que las defensas pidieron recalificar el hecho.
La resolución, a su vez, tuvo su costado contradictorio al haber dado la libertad a una de las acusadas, la cual fue imputada por el mismo delito, pero continuará la causa fuera de la prisión. Mientras que el resto de los agentes (a excepción de Barros que también fue liberado), atravesarán la investigación tras las rejas. “A la policía que le dio la libertad la encuentra partícipe del hecho, porque le sostuvo la calificación jurídica, pero no tiene riesgos procesales y los otros sí”, analizó una de las defensas del caso, al culminar la audiencia.
Si bien la decisión de Labanca dejó en prisión preventiva a cuatro de los seis imputados, la situación procesal de los agentes detenidos podrá ser revisada por un tribunal superior, es decir, de la Cámara de Apelaciones, en caso de que las defensas pretendan apelar la resolución. De hecho, todo indica que así será. Mientras tanto, la medida cautelar se hizo efectiva y dio luz verde a la teoría del caso que impulsa el fiscal Ezequiel Hernández, del área de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación.