El foco de la preocupación está centrado en los ataques a balazos, después del episodio que ocurrió el 13 de agosto pasado en el Centro de Justicia Penal de Rosario donde, un día antes del inicio del juicio por los atentados a jueces, dos hombres en moto pasaron y dispararon contra los vidrios del edificio, sin que la custodia pudiera detenerlos.
Miles de municiones compradas de manera legal en armerías terminan siendo utilizadas por los más sanguinarios delincuentes de la provincia de Santa Fe.
La conmoción que generó este atentado, horas antes de que Ariel Máximo Cantero encendiera el rating de historias narco al afirmar que se dedica desde la cárcel de Marcos Paz, en Buenos Aires, a “encargar a sicarios disparar contra jueces”; dispara otras discusiones hasta ahora inconclusas sobre el acceso a armas y municiones de las bandas narcocriminales.
El fantasmagórico mercado negro de las armas parece imposible de determinar, pero una causa judicial en Rosario identificó uno de los circuitos de la provisión de municiones de estas organizaciones criminales.
“Sin municiones no hay muertes ni heridos. No se puede pensar por separado el problema de las armas del de las municiones. En la Argentina no hay controles eficaces de parte del Estado en la adquisición de proyectiles, que se lo considera algo menor y debe tener la misma entidad que las armas”, consideró en diálogo con Aire de Santa Fe Martín Angerosa, miembro de la Red Argentina de Desarme.
En ese mercado paralelo, las municiones que se adquieren de forma lícita en armerías –según se detectó una investigación judicial en Rosario- terminan después siendo disparadas por los sicarios de las organizaciones criminales, que pagan por ellas entre cinco y diez veces más de su valor real.
Compró 39.410 municiones de manera legal
El 2 de setiembre pasado, José Luis Andino, que está acusado de integrar una asociación ilícita que proveía armas para las bandas que realizan ataques a mafiosos en Rosario, compró en una armería en Rosario 14.395 municiones de distinto calibre, por un monto cercano a los 800.000 pesos.
Lo hizo de forma legal, porque tiene registradas en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) 32 armas y –según la legislación vigente- puede adquirir 1.000 proyectiles por cada revolver, pistola y escopeta que tiene inscripta a su nombre. Lo que sí es un delito, por el que está preso, es que luego de adquirir de manera lícita esa cantidad de municiones las revendía en el mercado negro donde los narcos se abastecen de armas y balas para atacar.
En total, Andino compró en esa armería, según la investigación que llevó adelante el fiscal Pablo Socca, un total de 39.410 municiones de distinto calibre, entre ellas 9 mm, que son las que se usan en los ataques narcos. Pagó 1.972.420 pesos por ese arsenal de proyectiles. Se cree que adquirió muchas más en otras armerías. La sospecha de los investigadores es que vendió los proyectiles entre cinco o seis veces por arriba de su valor.
El 11 de febrero pasado cinco sicarios se pararon frente a una casa y dispararon 40 balazos. No tuvieron ninguna limitación en disparar tantos tiros. Uno de los disparos entró por el cuello y salió por la espalda de Luisina Biagiola, una chica de 13 años, que murió a los pocos minutos. Esa cantidad de balazos no sólo buscó matar, sino sembrar terror, una estrategia que comenzó a hacerse palpable en otro tipo de delitos violentos como las extorsiones.
Esas balas adquiridas en el mercado negro –según se sospecha- son las que usaron los dos jóvenes que el jueves a la madrugada pasaron en una moto por el Centro de Justicia Penal, donde las balas perforaron los vidrios del edificio, donde horas después en una pantalla durante un juicio Máximo Cantero, alias Guille, dijo que su oficio era “contratar sicarios para tirar a los jueces”. El líder de Los Monos está acusado de planear hace tres años 14 atentados contra jueces y funcionarios judiciales.
Una historia de casi una década
El espiral de violencia que reina en Rosario desde 2013, cuando comenzó la llamada guerra narco entre bandas, no sólo se nutre de sicarios y una logística aceitada, sino también de armas y municiones que se adquieren en el mercado negro, que tiene aspecto fantasmagórico, nunca identificable. Una de las causas, según señala el fiscal Socca, “son los controles obsoletos por parte de ANMAC”. Lo que sí son claramente reconocibles son las cicatrices que deja la violencia narco.
Los ataques a balazos provocaron el año pasado 871 heridos en Rosario, una ciudad que vibra cada vez que se escuchan tiros, un sonido que resuena a toda hora y en cualquier parte. Este año la cifra supera en el primer semestre los 480 lesionados con disparos.
En la investigación del fiscal Socca se detectó que en otra armería en la que se proveía este hombre se usaban los llamados “hombres de paja” –una especie de testaferros- para comprar una mayor cantidad de balas. Por ese motivo, el dueño de la armería Carmona fue imputado este jueves por realizar anotaciones falsas en Registro Oficial de Municiones, expedido por el ANMAC.
El fiscal desentrañó este eslabón clave del crimen organizado, como es la provisión de balas para llevar adelante hechos de violencia, a través de otra causa que en la que se trataba de dilucidar la venta de armas, y en la que un policía se tuvo que infiltrar para lograr la confianza de los vendedores de pistolas, escopetas y fusiles.
En esta trama, según la visión de Socca, lo que aparece con claridad “son los escasos” controles de ANMAC sobre la venta de municiones. Según el funcionario judicial, “todo queda en manos de la armería”, a través del Registro Oficial de Municiones, que es un cuaderno de papel. Ahí se asientan las erogaciones de los proyectiles que el negocio vende. Y el empleado de la armería lo anota a su vez en la Tarjeta de Consumo de Municiones que le otorga la ANMAC a cada legítimo usuario cuando compra un arma.
Cada persona habilitada puede adquirir 1.000 proyectiles. Lo puede hacer una vez por día, si quiere, mientras los haya disparado, según señaló el secretario de Control de Armas de Santa Fe Lautaro Sappietro. Es decir, no puede acopiar las municiones pero si las consume no tiene límites de compra hasta 1.000 balas 9mm, por ejemplo. El ANMAC recibe cada 90 días una copia de ese cuaderno en papel que es el Registro Oficial de Municiones, que posee cada armería.
“Como ANMAC no tiene informatizado estos datos es casi imposible que se detecte alguna irregularidad. Y si lo detecta es mucho tiempo después. Tampoco existe una huella en las municiones que generen una trazabilidad, por lo tanto es imposible hacer un seguimiento de esos proyectiles”, aseguró Sappietro.
Socca evaluó que es muy complicado hacer un seguimiento de las municiones que se adquieren en el mercado negro porque no hay registros informatizados en ANMAC que se puedan cruzar. “Si existiera un sistema informatizado que controle la compra de municiones sería importante, pero actualmente existe un cuaderno en papel que se revisa cada tres meses”, afirmó el funcionario del MPA.
En la provincia de Santa Fe existen actualmente, según datos oficiales de ANMAC, 102.403 legítimos usuarios que poseen 170.105 armas. Lo que es imposible de dimensionar es la cantidad de proyectiles que “están en la calle”, advirtió el secretario de Control de Armas.
Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021 se registraron 8.707 armas de fuego secuestradas. En los primeros seis meses de este año 487 personas fueron heridas con armas de fuego, mientras que se produjeron 134 asesinatos hasta el 15 de agosto. Según datos oficiales, el 90,4 por ciento de los crímenes se cometieron con armas de fuego. De ese total, 101 hechos de sangre se concretaron en la calle y 26 en el domicilio particular. El 78 por ciento de los casos fue planificado, por lo que se supone que se usaron sicarios, que adquieren las balas que matan en el mercado negro.
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