Mercado negro de armas: pistolas flamantes en manos de un miembro de la banda de Morocho Mansilla
Gendarmería detuvo a un hombre en Puerto Gaboto con 18 armas nuevas, que estaban en cajas. Se presume que era para vender a otras organizaciones criminales.
Imágenes del operativo de Gendarmería Nacional en Puerto Gaboto, donde se secuestraron 18 pistolas, dinero, celulares y un chaleco antibalas de la Policía.
Personal de Gendarmería Nacional allanó este martes una vivienda en Puerto Gaboto y encontró lo que pocos esperaban en una localidad de poco más de tres mil habitantes a orillas del río Paraná: 18 pistolas, 40.000 dólares, 2.000.000 de pesos, un chaleco antibalas de la Policía y 12 teléfonos celulares.
La investigación, impulsada por la fiscal Paula Barros de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, apuntó a Claudio L., identificado como el hombre que conduce una organización dedicada a la venta de drogas y la violencia en el barrio Godoy. Junto a él fue detenida su pareja, Evelin Mariel A. Para los investigadores, ambos integran la asociación ilícita liderada desde la cárcel por Jésica "Fea" González, pareja de Claudio "Morocho" Mansilla, una banda con otros 20 imputados que opera en el Gran Rosario.
Cuatro días antes del operativo en Puerto Gaboto, el sábado 7 de marzo, el Equipo de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación había registrado un caso que ilustra con precisión el otro extremo de la misma cadena. Un hombre de 27 años identificado como A.T., oriundo del norte de la ciudad de Santa Fe, fue detenido luego de una investigación que comenzó casi por casualidad: el 21 de diciembre de 2025, durante un robo calificado en barrio Tío Rolo, en Rosario, la policía aprehendió a un delincuente que portaba una pistola.
Cuando los fiscales cruzaron los datos con el sistema Heimdall del MPA y con los registros del Renar, descubrieron que el arma estaba inscripta a nombre de A.T. No había ninguna denuncia de extravío ni de sustracción. El arma no se había perdido: había sido entregada. El Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB) agregó otro dato: esa misma pistola había sido utilizada en un caso de lesiones graves en Rosario, en junio del año pasado.
Cuando allanaron la vivienda de A.T., encontraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y el cargador completo con 17 proyectiles, una carabina calibre 22 con mira telescópica, dos granadas de mano y más de 450 municiones de distintos calibres. Pero las ocho pistolas que según los registros oficiales debían estar en su poder no estaban.
La fiscal Juliana González, del equipo especializado en armas, explicó el mecanismo ante la Justicia: A.T. había comprado diez armas entre 2023 y 2025, empleando más de 7.000.000 de pesos cuyo origen no pudo justificar en función de su situación laboral y patrimonial. Se valió de su condición de legítimo usuario registrado ante el exRenar para adquirir cinco pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, tres calibre 380 y dos escopetas calibre 12, las inscribió a su nombre y luego las desvió al mercado negro, a personas que no tenían habilitación para portarlas. En el mismo allanamiento encontraron también 150 gramos de cocaína, una balanza de precisión, una caja fuerte y cuatro gallos con marcas de haber sido usados en riñas.
El caso de A.T. es la versión más reciente de un patrón que los investigadores del MPA llevan años documentando: ciudadanos sin antecedentes penales pero con perfiles socioeconómicos incompatibles con los de compradores habituales de armamento que usan su habilitación como legítimos usuarios para introducir armas del mercado legal en el circuito criminal. En Rosario, hace dos años, una fiscalía desarticuló un esquema en el que una armería de la zona sur vendía pistolas nuevas con documentación a nombre de prestanombres.
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Mansilla, el preso que escapó a los tiros de la cárcel de Piñero junto a otros 7 internos, fue condenado en 2022 a 12 años de prisión acusado de ser el jefe de una banda narcocriminal de Rosario.
En la ciudad de Santa Fe, un operativo de la Policía Federal que derivó en 17 allanamientos simultáneos desarticuló otra red similar, con el secuestro de dos escopetas calibre 12, una carabina, cuatro revólveres y diez pistolas, además de tarjetas y cédulas de tenencia que habilitaban a sus titulares a seguir comprando armas de manera legal. En Cañada de Gómez, otro caso terminó con un hombre preso por haber comprado y desviado 21 armas al mercado ilegal.
Dos semanas antes del operativo en Puerto Gaboto, en un baldío de Roldán, a 15 kilómetros de Rosario, la historia tomó otra dimensión. La Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) necesitaron una retroexcavadora municipal y varios días de trabajo para encontrar lo que estaba enterrado a 60 centímetros bajo la tierra. Los pastizales altos habían bloqueado el detector de metales.
La aparición de fusiles de este nivel en manos de las bandas ya no es una excepción. En un procedimiento sobre el clan Romero, que opera en la zona noroeste de Rosario, la policía secuestró un AR-15 de origen norteamericano junto a pistolas, escopetas y revólveres. En otro operativo se incautaron tres fusiles M4 de un departamento céntrico vinculado al prófugo Andrés "Pilín" Acosta, hombre del narco Francisco Riquelme. En julio de 2024, en San Justo, cayeron dos armas automáticas Colt calibre 7,62 junto a 464 kilos de cocaína de la banda del mayorista Fabián Calavera Pelozo.
Detrás de este escalamiento hay también un mercado de municiones que los investigadores llaman fantasmagórico. En Rosario se secuestra un promedio de 1.646 proyectiles por mes, equivalente al 56,8% del total incautado en toda la provincia de Santa Fe. Esa cifra representa 23 proyectiles por kilómetro cuadrado, una densidad que cuadruplica la de la capital provincial.
Parte de ese volumen proviene de la venta de balas recargadas, proyectiles ya disparados cuya vaina es reutilizada con máquinas domésticas. Una caja de 50 municiones calibre 9 milímetros en una armería cuesta alrededor de 15.000 pesos; las recargadas se consiguen por entre 3.500 y 5.000. Con una máquina Dillon X650 pueden producirse unas 800 balas por hora.
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En 2021, los fiscales Valeria Haurigot –actual camarista- y Pablo Socca descubrieron mediante la figura del agente revelador que una sodería del barrio La Tablada funcionaba como nodo de distribución: entre los sifones había fusiles, pistolas y más de 50 cajas de balas de recarga. La organización incluía a tres policías, uno de ellos experto en balística. En el domicilio del sodero encontraron 14 credenciales de legítimo usuario y otras tantas de control de consumo de municiones: el andamiaje burocrático de un mercado ilegal construido sobre los cimientos del legal.
Hay una fuente de armamento que es más perturbadora que todas las anteriores. El Batallón de Arsenales N°603, ubicado en Fray Luis Beltrán, a unos 20 kilómetros de Rosario, es el escenario de uno de los casos de tráfico de armas más graves que registra la historia judicial argentina. La Sala B de la Cámara Federal de Rosario confirmó hace pocos días el procesamiento de siete militares por la sustracción de 43 fusiles FAL completos y 2.500 partes de estos fusiles calibre 7,62 milímetros. Se estima que con esas piezas podrían haberse ensamblado hasta 400 fusiles.
La causa no comenzó por una denuncia interna sino por un hallazgo externo: el 11 de febrero de 2011, la Policía Federal de Brasil secuestró en Aracatuba, San Pablo, un FAL con el escudo del Ejército Argentino. El arma tenía partes con cuatro numeraciones distintas, práctica habitual para dificultar la trazabilidad. Interpol alertó a la Justicia argentina.
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El mismo día en que se detectó el faltante en el Batallón 603, el sargento Hernán Diego Solís, jefe de la sección Armamento, se suicidó con un disparo en la cabeza en Buenos Aires. Los demás implicados cargaron sobre él todas las responsabilidades. La causa estuvo paralizada durante 14 años en el juzgado de Marcelo Bailaque, hoy imputado con prisión preventiva en tres causas.
Fue el fiscal federal Javier Arzubi Calvo quien encontró el expediente cerrado en cajones y lo reactivó. Los FAL del Ejército argentino habían comenzado a aparecer con regularidad en manos del crimen organizado brasileño: tres en el estado de Paraná en septiembre de 2011, dos en Asunción en manos de un grupo vinculado al Primer Comando Capital. La historia tenía, sin embargo, antecedentes más lejanos: entre 1993 y 2001 se incautaron más de 300 fusiles FAL y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2, salidas de Fabricaciones Militares, en los morros de Río de Janeiro.
Las 18 pistolas secuestradas en Puerto Gaboto, las ocho que un joven santafesino compró legalmente y derivó al hampa, el arsenal enterrado en Roldán y los FAL que viajaron desde un batallón del conurbano rosarino hasta las favelas cariocas son puntos distintos de una misma geografía. El mercado ilegal de armas que abastece al crimen organizado en el Gran Rosario no tiene un solo origen ni un solo mecanismo: se alimenta del desvío del circuito legal, de la complicidad de uniformados, del trabajo silencioso de testaferros y de la desidia judicial que durante años dejó expedientes cerrados en cajones. Lo que se encuentra en los operativos es siempre el extremo visible. La cadena, en cambio, sigue activa.
