Los 1.658 kilos de cocaína, valuados en 60 millones de dólares, que fueron secuestrados este viernes en un sucio galpón de Empalme Graneros, muestran una dimensión del problema del narcotráfico, que se complementa con el principal mal que padece Rosario, que es la violencia, con 192 homicidios en lo que va de este año.
Esta historia muestra una paradoja notable. En la zona oeste de Rosario, donde estaba “guardado” el cargamento a la espera de salir por una terminal portuaria que opera con contenedores –que se sospecha que era de Rosario o Buenos Aires- se cometieron 42 homicidios en lo que va de este año. Tuvieron como móvil la pelea demencial de pequeños grupos barriales, aliados a narcos más pesados, que disputan ya no territorios, sino cuadras para vender droga.
En medio de ese barrio, donde supuran las balaceras para boicotear a la competencia por pequeñas partidas de cocaína adulterada y adaptada al mercado popular, había un tesoro: 1658 kilos de cocaína camuflados en expellets de maíz que tenían como destino España y luego Dubai. En esta historia, recargada de más de 60 millones de dólares, no se escuchó un tiro. Y eso que los protagonistas eran pesados.
La delegación de la DEA en Colombia estuvo detrás de la operación que encabezó la Policía Federal Argentina en Rosario. La sospecha de los investigadores es que detrás del envío de este cargamento había un cartel colombiano, pero que la cocaína provenía de Bolivia. ¿Cómo llegó a Rosario esa cantidad de droga? La principal hipótesis es que fue a través de varias tandas de “bombardeos” en avionetas que se hicieron en campos cercanos a Rosario.
En los 30 allanamientos que se llevaron adelante el viernes en distintas ciudades, como Villa María, Córdoba; Victoria, Entre Ríos, Santiago del Estero, Bahía Blanca y el conurbano bonaerense, en Rosario se secuestraron dos utilitarios que tenían un doble fondo. Se especula que en estos vehículos se fue a recoger la droga en los campos.
El embarque que nunca se consolidó ni se despachó pertenecía a la empresa Pepe Cereales, ubicada en Santiago del Estero. Fuentes de la investigación señalaron que esta firma se creó hace dos años y que hace unos seis meses realizó el despacho de un cargamento de expellts de maíz a la firma española Beniel. Es frecuente, según señalaron fuentes de la Aduana, que una compañía que va a enviar un cargamento de cocaína realice previamente envíos con el mismo tipo de carga que se usa de fachada para generar confianza entre los organismos de control. En este caso la empresa ya estaba bajo la lupa hace unos seis meses. Ese primer despacho estaba limpio, es decir, no estaba contaminado con cocaína.
Esta carga no iba a salir por los puertos cerealeros. Por su característica, los embarques de este tipo de carga se realizan en contenedores. Los investigadores señalaron que en un principio el cargamento de cocaína iba a ser exportado por Terminal Puerto Rosario. Pero esto nunca se concretó. En las últimas semanas, hubo un cambio y los miembros de este grupo narco hablaban de que podría ser exportado por el puerto de Buenos Aires.
De los colombianos, que serían los dueños de la carga no se conocieron detalles. Pero sí de la pata local, que realizaba toda la logística en la Argentina, y más específicamente en Rosario. Es un hombre pesado del conurbano bonaerense que tuvo alianzas con narcos colombianos desde hace casi 20 años.
El líder del grupo es un histórico narco del oeste del conurbano bonaerense. Su nombre es José Damián Sofía, un hombre de 57 años, que amenazó por teléfono desde Rosario en abril de 2018 a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. “Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas, como a Candela”, advirtió Sofía el 3 de abril de 2018 por un teléfono celular desde Rosario a una secretaria del juzgado.
Ocho meses después, según publicó el periodista Agustín Ceruse en LA NACION el 1º de mayo pasado, Arroyo Salgado dejó de investigar a Sancho por narcotráfico y lavado de activos, y se retiró de la querella por la muerte de su exmarido, Alberto Nisman, el fiscal del caso AMIA. Sancho preparaba embarques de droga a Europa. Era el encargado de conseguir la droga, mientras que la misión de Sofía era armar las empresas en Argentina y España.
Sofía, un hombre que se mueve por el oeste del conurbano bonaerense, hizo una serie de maniobras en esa causa que fueron más allá de las amenazas a la magistrada. También plantó pruebas para que acusaran a un hombre que nada tenía que ver con el tema y le debía plata por un negocio que había salido mal.
Sofía fue detenido el 2 de noviembre de 2019 tras arribar procedente de España a Ezeiza. Al día siguiente declaró que el autor de la amenaza bien pudo haber sido un viejo deudor suyo. Todo era mentira. Diez días después cambió la versión: aclaró que también pudo haber sido Cristian Quinteros, su chofer, que fue había sido asesinado el 5 de diciembre de 2018. Quinteros, conocido como Gordo Tita, no podía defenderse.
El juez federal Lino Mirabelli procesó a Sofía por “la coacción, agravada por haber sido las amenazas anónimas y haberse dirigido contra un miembro de los poderes públicos con el propósito de obtener respecto de este una medida o concesión”. Por estrategia procesal, lo consideró penalmente responsable de aquellos delitos, no como autor sino en calidad de coautor. Luego la Cámara Federal confirmó en marzo el procesamiento, esta vez sin prisión preventiva.
Sofía estaba en libertad y en esa condición planeó y fue un engranaje clave en la operación para exportar 1658 kilos de cocaína camuflados en expellets de maíz a España desde Rosario, un lugar al que visitaba de manera permanente.
Es el operativo antidrogas más importante de los últimos tiempos y llevó más de seis meses de investigación de la Aduana y de la Afip, con apoyo de la DEA. Quedaron detenidas 15 personas en más de 30 allanamientos, que no fueron ordenados por ningún juez federal de Rosario sino por el magistrado de Zárate Campana Adrián González Charvay.
Los investigadores secuestraron además de la droga autos de alta gama, armas automáticas y dos utilitarios, que tenían doble fondo, que habrían sido preparados para el traslado de la cocaína. En una de las camionetas se encontraron otros 50 kilos de cocaína, que estarían destinados al mercado local de venta de droga al menudeo.
La sospecha es que esta organización trasnacional tenía contacto con un grupo local para que realizaran la seguridad ante el riesgo de que el cargamento fuera mejicaneado. De la pesquisa no surgieron quiénes serían los contactos locales, que había gestado Sofía, un veterano narco, que estaba más en Rosario que en el conurbano bonaerense.
Este caso abre como interrogante si la atomización de las bandas criminales de Rosario, envueltas en una pelea demencial por el territorio, no favoreció al desembarco de bandas pesadas del conurbano bonaerense. Sancho, el socio de Sofía, habría sido –según el periodista Agustín Ceruse- quien dio la orden de secuestrar a Candela Sol Rodríguez, la nena de 11 años asesinada el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei. No por nada la amenaza de que la jueza podría terminar como el fiscal Nisman y las hijas, como Candela, partieron de boca de quien necesitaba que Sancho estuviera nuevamente en la calle para operar ilegalmente.
Que Sofía este libre es parte de un misterio de la justicia federal. No solo por las amenazas a Arroyo Salgado, sino porque fue un hombre que desde hace más de 20 años está enraizado en las grandes ligas del narcotráfico. En 2005 fue detenido por la Policía Federal en Morón, donde había instalado cocinas de cocaína con el colombiano Alejandro Carvajal Montes de Oca, conocido como El Ingeniero, quien fue en su momento el narco más buscado de la Argentina, donde nadie lo pudo detener. Montes de Oca se instaló en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, luego de instalar laboratorios en Perú, donde fabricaba cocaína para venderle a los carteles mexicanos.
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