A las cinco de la mañana del lunes, cuando muchas personas salían del lugar, el fiscal de la Unidad de Flagrancia Rodrigo Santana recibió una comunicación de Prefectura Naval tras un llamado al 911 (se cree que de una policía de adicional ubicada en la puerta) a través del cual se reportó que una persona había caído al río Paraná desde la baranda ubicada en el muelle 3. Según esa comunicación, la víctima estaba sola, pero no se dieron demasiadas precisiones. De inmediato se dispuso una primera búsqueda y rastrillaje por el agua. En ese momento Santana también le dio intervención a la fiscal de Homicidios Culposos, Valeria Piazza Iglesias.
Al mediodía luego de que la familia de Carlos formalizara la denuncia de paradero en la comisaría 20º de donde lo derivaron la seccional 2º, con jurisdicción en la zona centro de Rosario, Piazza Iglesias ordenó medidas urgentes en Ming. Se presentó en el lugar para relevar cámaras de seguridad, se secuestraron 12 celulares de los patovicas, de los dos policías adicionales y del dueño del boliche, se ordenaron testimoniales, se relevaron las cámaras de seguridad privadas y públicas.
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Como en el hecho ya se advertían zonas grises explicadas por las demoras de los policías en reportarlo, la fiscal le corrió traslado a la unidad de Homicidios Dolosos. Y ante esa supuesta desprolijidad policial, también tomó intervención la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) para deslindar responsabilidades. Ese legajo fue desglosado y ahora está en manos del fiscal Gonzalo Fernández Bussy, de Violencia Institucional.
¿Y la preservación de la escena?
Un dato que habla de la pasividad de la Municipalidad de Rosario, y de las autoridades que debían intervenir y no se puede pasar alto. Frente a un hecho que se vislumbraba como gravísimo, el lunes a la noche el boliche volvió a abrir sus puertas con total normalidad, se llenó de gente, como si nada hubiera pasado. Con escasa reacción, el Ejecutivo local y los fiscales nunca se representaron la posibilidad de una clausura preventiva, que llegó tarde.
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Foto/ Aire Digital
Algo esencial porque los elementos de la escena del delito y por donde transitó Carlos pudieron ser alterados, o borrado evidencia valiosa, como rastros de sangre, huellas, objetos que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de Ming. Paradójicamente, el local en cuyas inmediaciones ya se dieron otros incidentes violentos, está a pasos del Concejo Municipal, donde tantas veces los ediles se rasgaron las vestiduras para discutir un demorado ordenamiento de la noche rosarina.
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Todo sigue igual, o peor
No se avanzó en lo sustancial. Como en 2015, cuando después de muchos años y varios incidentes violentos le pusieron la faja de clausura definitiva al after La Tienda, ubicado en Mitre y Entre Ríos, pleno microcentro. Un antro donde todo el mundo sabía que circulaba la droga de mano en mano, gente armada, y cuya titularidad se atribuía a personas ligadas a la banda de Los Monos.
Allí pasó su última noche con vida Gerardo Pichón Escobar, un joven de 23 años empleado de Parques y Paseos del municipio que el 14 de agosto de ese año fue salvajemente golpeado por patovicas que habrían contado con logística policial. Una semana después, el cuerpo de Pichón apareció inerte flotando en el Paraná.
En medio de la conmoción que generó el caso y las múltiples reclamos, la causa judicial por la muerte de Pichón tuvo sus vaivenes. Pasó de jurisdicción provincial a la Justicia Federal caratulada como desaparición forzada de personas. Se detuvo a los custodios del boliche Cristian Vivas, César Ampuero y José Luis Carlino; y los policías Luis Noya y Maximiliano Amiselli. Los agentes fueron sobreseídos por el juez federal Marcelo Bailaque.
Esa resolución fue revocada dos meses después por la Cámara de Apelaciones, y el juez cambió la figura del sobreseimiento por la de falta de mérito. La causa sigue su curso pero los imputados la transitan en libertad. La sociedad rosarina asistió a un hecho gravísimo, que lleva cuatro años de proceso y no tuvo resolución por parte de la Justicia.
¿Quién borró una prueba fundamental en esa causa? El ex policía Javier Makhat,con vínculos en la comisaría 3°, ex jefe de Policía de Investigaciones y separado de la fuerza bajo proceso por alquilar un departamento propiedad de Esteban Lindor Alvarado, preso acusado de comandar una asociación ilícita. En los primeros tramos de la pesquisa por la muerte de Escobar, Makhat borró 38 minutos de una filmación de una cámara que registró la agresión a la víctima, y coinciden con el momento de los hechos (de 5.40 a las 6.20 de la mañana).
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Otro caso emblemático fue el de Franco Casco, de 20 años, humilde, oriundo de Florencio Varela que había llegado a Rosario en octubre de 2014 para visitar familiares. El chico tuvo una discusión callejera cerca de la estación de trenes Rosario Norte y terminó en la comisaría 7º de Cafferata al 700 . Otra vez el río como reservorio de hechos que quedan impunes. Se cree que Franco fue detenido, torturado, asesinado y fondeado en el Paraná, donde lo hallaron flotando luego de 20 días, también cerca de La Fluvial. Hay 19 policías que irán a juicio por escabroso caso.
Flotando
A las tres de la tarde del miércoles personal de Prefectura Naval encontró el cuerpo sin vida de Orellano, flotando en el Río Paraná a la altura de la Estación Fluvial, a metros de Ming. Los perros de rastros marcaron un camino por adentro del boliche primero, y salieron al exterior, pero no fueron al muelle donde supuestamente lo vieron caer. Se sentaron y miraron hacia el río.
Los padres del joven, los amigos y familiares montaron un tensa vigilia en ese mismo lugar hasta que allí mismo les confirmaron la trágica novedad. “Me arrebataron la vida de mi hijo por una pulsera, porque quiso entrar a vip, lo golpearon, se desvaneció y cayó al río. El era un eximio nadador”, contó Edgardo desconsolado.
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Maiquel Torcatt / Aire Digital
Cuando el cuerpo de Carlos salió a flote, los fiscales de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti y Adrián Spelta ya estaban en el lugar. Consultados por la investigación, Saldutti describió la primeras medidas que adoptó. Confirmó que de la pesquisa no participa personal de la policía provincial, y con eso dejó claro que la mirada también se posará sobre el accionar de los dos agentes que realizaban las custodia externa del lugar.
“Me arrebataron la vida de mi hijo por una pulsera, porque quiso entrar a vip, lo golpearon, se desvaneció y cayó al río. El era un eximio nadador”, contó Edgardo desconsolado. “Me arrebataron la vida de mi hijo por una pulsera, porque quiso entrar a vip, lo golpearon, se desvaneció y cayó al río. El era un eximio nadador”, contó Edgardo desconsolado.
También aclaró que la autopsia se practicará mañana bajo protocolo de Minnesota, que contempla procedimientos especiales cuando se sospecha de violencia institucional. Indicó que la causa no tiene carátula, que se secuestraron los teléfonos celulares de los 12 patovicas y empleados de Mind River, de los dos policías y del dueño del negocio. Y aunque los análisis de la sección rastros de la brigada Científica de la Policía Federal terminarían de confirmarlo, adelantó que se encontraron rastros de sangre en un pasillo externo que da al río, en la parte trasera del boliche.
También solicitó la nómina completa de los empleados contratados y eventuales del lugar, entre una batería de medidas, donde se destaca el relevamiento de cámaras de seguridad (las del interior de local bailable no funcionaban) y los domos exteriores.
Dos hipótesis, varios interrogantes
Salvador Vera, el abogado que representa a la familia, entiende que la denuncia que se hizo en la comisaría 2ª y que en principio denuncia que no fue protocolizada, fue a los fines de “cubrirse”, una maniobra para desviar la investigación y permitir el borrado de pruebas.
Según las hipótesis que plantea por la contradicción en la declaración de los testigos, el abogado perfila su mirada a “la mujer policía que avisó al 911 con alguna participación en los hechos” según indicó a Aire Digital. Y también a por los menos “un patovica que habría agredido a Orellano junto con los policías”.
“Trabajamos con dos hipótesis: la primera es que lo sacaron del lugar y lo acorralaron contra la baranda; otra es que le pegaron y él se desmayó, lo ingresaron nuevamente al boliche, donde hay un período de tiempo que no es claro sobre lo que sucedió, y luego lo tiraron al río”, remarcó Vera el jueves mientras acompañaba a los familiares en el acto al Monumento.
“Trabajamos con dos hipótesis: la primera es que lo sacaron del lugar y lo acorralaron contra la baranda; otra es que le pegaron y él se desmayó, lo ingresaron nuevamente al boliche, donde hay un período de tiempo que no es claro sobre lo que sucedió, y luego lo tiraron al río”, remarcó Vera el jueves mientras acompañaba a los familiares en el acto al Monumento.
El jueves a las 17 cuando el presidente Alberto Fernández participó de los actos por el 208º aniversario de la creación de la bandera, gran cantidad de amigos, vecinos y familiares de Carlos llevaron su angustia frente al mástil mayor de la enseña patria. Las pancartas reflejaban el dolor. “Basta de impunidad”, “Justicia por Carlos”, se leía en estandartes y remeras. Los rostros demacrados de tanto llorar detrás de un vallado lo decían todo.
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Edgardo, el papá de Carlos, directamente pidió la detención de los dos policías. “Resulta rara la denuncia de la mujer policía. Hizo un llamado al 911 la madrugada que Carlitos desapareció dando a entender que se había caído o tirado al río”, reclamó el hombre mientras exigía justicia delante del presidente Fernández. Y fue más allá: “la que llamó haciendo la denuncia fue verdugo y testigo”.
A su vez Vera insistió que la agente y el jefe policial “ya habían declarado en el marco de la causa, pero llamativamente volvieron a Fiscalía con otros abogados, para tratar de acomodar sus testimonios en función de las contradicciones que nosotros marcamos públicamente. Deberían evaluar la detención de estas dos personas y del jefe de seguridad del boliche”, indicó el abogado. De acuerdo a su análisis, está claro que la calificación del caso es de un homicidio doloso, aunque será la investigación la que finalmente determine la conexión entre el hecho y las personas que apuntó.
Vista gorda a la economía delictiva
Tarde, muy tarde, recién el martes, el intendente Pablo Javkin anunció la clausura preventiva de Ming River House por 45 días, con la advertencia de una clausura definitiva. “Hay situaciones que no se pueden tolerar más”, recalcó Javkin. El boliche, cuyos dueños son una sociedad integrada por Carlos Bergaglio y Guillermo Woelflin, cuenta con habilitación hasta el 2022, y recibió varias inspecciones durante las cuales nunca se detectaron faltas mayores.
Pero el mismo lunes ni la Fiscalía ni las autoridades municipales articularon medidas conjuntas ni tuvieron los reflejos suficientes para disponer el inmediato cierrre del espacio con el objetivo de preservar la prueba. Y por una razón que alguien debería explicar, ese a la noche abrió sus puertas, higinienizaron los pisos y ordenaron todo lo que los investigadores pudieran haber valorado como evidencia importante para el esclarecer el hecho.
Nada cambió. La noche rosarina es un descontrol y tiene zonas oscuras. Otra vez las sospechas sobre policías, boliches, patovicas. Otra vez las habilitaciones de negocios donde suceden más cosas de las que se conocen públicamente, cuya procedencia verdadera de los capitales que lo sustentan jamás se conocen, son espuma en el aire, sociedades que se arman y desarman.
La fiscalización sólo parece ir detrás del matafuegos vencido, el baño para discapacitados, la salida de emergencia. Entonces, la economía delictiva se esconde detrás de una farándula de cabotaje, con fotos de eventos, promotoras, acceso a vip y autos alta gama flojos de papeles. Mientras, suceden las muertes de los Escobar o Bocacha, como le decían sus amigos y familiares a Orellano. Pibe comunes, con familias trabajadoras, como tantos rosarinos, miles, que salen a bailar, pero corren el riesgo de aparecer muertos, flotando en el Paraná.
