La estrategia de Gastón Salmain de tirar de la cuerda y llevar al barro a otros jueces
El magistrado se defendió con un ataque. Dijo que Whpei no fue el único que fue autorizado para comprar dólares a precio oficial. Citó que la Cámara federal autorizó a otra empresa de medios de comunicación a adquirir divisas por fuera del cepo.
El juez federal Gastón Salmain decidió jugar fuerte en su defensa. Sabe que está complicado por varios frentes de tormenta en su contra. El martes próximo será notificado formalmente de otra investigación que lo tiene como protagonista y que surgió de la declaración como “arrepentido” de Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario y Santa Fe. Es sobre las averiguaciones que hizo ante una fuerza federal cuando le debían secuestrar su teléfono oficial.
En la audiencia que se realizó el martes, Salmain prefirió hablar, aunque no contestó preguntas. Lo hizo para mostrar que va a defenderse hasta las últimas consecuencias. Su defensa, en manos de los abogados Gustavo Feldman e Ignacio Carbone, sostienen que el financista Fernando Whpei mintió en su declaración como arrepentido.
La acusación contra el magistrado se centra en que autorizó a un fideicomiso ligado a Whpei la compra de 10.000.000 de dólares en diciembre de 2023 a precio oficial, por fuera del cepo cambiario que regía en ese momento.
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Salmain está involucrado en otra investigación que surgió de la declaración como “arrepentido” de Carlos Vaudagna.
Salmain decidió ir hacia adelante en su defensa
Salmain contó que la decisión que tomó en el caso del fideicomiso Attila, ligado a Whpei, tiene un antecedente cercano, que podría sentar jurisprudencia.
La empresa Comunicación 3 SA —a la que pertenece el diario La Capital— demandó al Banco Central de la República Argentina pidiendo acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para comprar dólares a precio oficial. El conflicto giró en torno a una compra de acciones de La Capital Medios SA realizada mediante carta oferta en marzo de 2019 por 2.600.000 dólares, con pagos pautados en cuotas que vencían años después.
Cuando llegó el vencimiento de las cuotas (2020-2021), el BCRA ya había implementado severas restricciones cambiarias mediante la Comunicación "A" 6770 de septiembre de 2019. Estos controles prohibían el acceso al mercado de cambios para operaciones nuevas, pero establecían una excepción para obligaciones celebradas antes de agosto de 2019 que estuvieran "instrumentadas mediante registro o escrituras públicas".
El juzgado de Salmain rechazó el amparo con el argumento que la “carta oferta” no era una escritura pública, sino un instrumento privado con firma certificada ante escribano. Pero luego la Cámara Federal revocó esa decisión por mayoría (con el voto disidente de Fernando Barbará). Los jueces Silvina Andalaf y Aníbal Pineda consideraron que la finalidad de la restricción era probar la fecha cierta de la operación para evitar fraude o evasión. Sostuvieron que la certificación notarial de firmas cumplía ese objetivo. En definitiva, señalaron que sería injusto penalizar o perjudicar a Comunicación 3 por no haber previsto restricciones que llegaron meses después.
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La acusación contra el magistrado se centra en que autorizó a un fideicomiso ligado a Whpei la compra de 10.000.000 de dólares en diciembre de 2023 a precio oficial.
Según explicaron los fiscales, Whpei sostuvo que se reunió en el despacho de Salmain y que el juez y el escribano santafesino Santiago Busaniche se quedaron con el 10% de la operación de venta de esas divisas en el mercado paralelo. Calculan que la suma podría llegar a 200.000 dólares.
La Cámara también rechazó el argumento del BCRA de que no podían accederse a cuotas ya vencidas. La mayoría interpretó que la norma fija "a su vencimiento" como pauta temporal futura, no como exclusión de cuotas ya vencidas al momento de solicitar el acceso.
Salmain sorprendió con esa estrategia. Porque expuso a otros funcionarios que tomaron decisiones similares, aunque —como coincidieron varias fuentes— las dos historias de la compra de dólares no tienen nada que ver una con la otra, porque tienen contextos diferentes.
Este magistrado está acusado, junto con Whpei y Busaniche, un escribano oriundo de Santa Fe que se mueve como operador judicial en Comodoro Py, según los fiscales, “de haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de 10.000.000 de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el juzgado federal N°1 de Rosario”.
De acuerdo a la investigación, “para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.
A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un rol clave en la causa al avalar el pedido de estos fideicomisos, solicitaron el pago del 10% de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.
En la investigación los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei —al menos una vez en su despacho laboral— el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifiestó sobre la viabilidad técnica del mismo al solicitar que lo demás lo arreglara con Busaniche. Con posterioridad, en el marco del expediente, dictó las resoluciones a favor de Whpei.
El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.
Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.
