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Policiales Rosario | Antonio Bonfatti | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

La Corte archivó el sumario del juez que le dio domiciliaria al narco que baleó la casa de Bonfatti

La Corte Suprema de Santa Fe mandó a archivo el sumario administrativo iniciado al juez penal Gustavo Pérez Urrechu por haber autorizado el cambio de domicilio a favor del narco Emanuel Ema Pimpi Sandoval, quien luego fue asesinado por sicarios.

La Corte Suprema de la provincia mandó a archivo, en una ajustada votación, el sumario administrativo iniciado al juez penal de Rosario Gustavo Pérez Urrechu por haber autorizado el cambio de domicilio para que el narco Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, quien fue condenado por balear la casa de Antonio Bonfatti, cumpliera una medida alternativa de prisión con tobillera electrónica y que tuvo un desenlace fatal.

Por tres votos a dos la Corte mandó a archivo la investigación administrativa que realizó el entonces fiscal de Cámara, Guillermo Corbella, a pedido de la Corte y en base a la cual el procurador Jorge Barraguirre acusó al juez de no haber hecho un adecuado control en la audiencia en la que autorizó que Sandoval, que era un preso de alto perfil, se mudara desde un monoblock de barrio Rucci a la casona de calle Pago Largo 654, en La Florida, uno de los barrios más acomodados de la ciudad.

El 25 de octubre de 2019 por la madrugada, un grupo comando entró por la fuerza a la casa, previa interrupción del sistema eléctrico y de cámaras de vigilancia, y en el interior ejecutó a Sandoval, a dos jóvenes que estaban con él e hirió a otro que fue el único sobreviviente. El triple crimen nunca se resolvió, pero la principal hipótesis fue el de un ajuste de cuentas por su actividad narco.

Esa misma mañana se destapó un escándalo en torno a la actuación de los jueces. En primer lugar, el hecho de que Sandoval no estaba en la cárcel sino disfrutando de una prisión domiciliaria encubierta bajo la figura de medida alternativa de prisión. En segundo lugar, se conoció que el propietario de la vivienda era el camarista civil y comercial Oscar Pucinelli, quien desde el primero momento negó tener conocimiento que quien estaba viviendo en la casa de alquiler era una persona que cumplía una medida alternativa de prisión. En tercer lugar, que el contrato de alquiler estaba a nombre de un joven de 23 años llamado Matías Lange, que carecía de capacidad económica para alquilar y no tenía ingresos demostrables. Se agregó que quienes figuraban como garantes del alquiler negaron haber firmado las garantías.

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El narco

El narco "Ema Pimpi" Sandoval fue ejecutado por sicarios en 2019.

En la acordada de la Corte, votaron por el archivo los jueces Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Mario Netri, mentras que María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta emitieron votos a favor de una sanción de prevención y apercibimiento, respectivamente.

Todo el proceso en torno a la salida de prisión de Sandoval fue oscuro y cuestionado una vez que su asesinato sacó a la luz los hechos. A pesar de tener como antecedente más resonante la condena por haber atentado a tiros contra la vivienda del ex gobernador Antonio Bonfatti, ser un narco del norte de Rosario del que se hablaba en los medios y estar en prisión preventiva junto con su hermano menor por intento de homicidio contra tres personas, en mayo de 2018 el juez Hernán Postma le concedió una medida alternativa a la prisión, basado en un acuerdo que le presentaron el fiscal Adrián Spelta y el defensor particular Fausto Yrure, lo que le permitió salir de la cárcel.

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Por esos hechos, Postma fue sometido a juicio político y zafó de perder el cargo. En su caso el jurado votó 6 a 4. Entre los 6 de la mayoría estuvieron cinco jueces de la Corte (salvo Erbetta) y el senador Armando Traferri. Hoy sigue siendo juez mientras se tramita un sumario por vía administrativa que seguramente derivará en una sanción. En el caso de Spelta la Legislatura inició un proceso disciplinario por falta grave y lo sancionó con una suspensión de 60 días sin goce de haberes.

Pérez Urrechu intervino en abril de 2019, casi un año después de que Postma concediera la medida alternativa de prisión. Dirigió la audiencia de revisión en la que la defensa solicitó cambiar de domicilio a Sandoval porque donde residía lo intimaban a desalojarlo. El fiscal Spelta no pidió que volviera a prisión, pero se opuso al traslado a la casona de Pago Largo porque carecía de cámaras públicas en su entorno y en la vivienda.

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"Ema Pimpi" Sandoval había sido condenado por haber atentado a tiros contra la vivienda del ex gobernador Antonio Bonfatti, en 2013.

El juez autorizó el traslado previo a que se certifique mediante informe las condiciones técnicas y ambientales para confirmar la factibilidad de la mudanza. En su defensa hizo referencia crítica a la mecánica del trabajo en audiencias, que no tuvo asistencia para analizar el tema ni acceso a la carpeta judicial del caso, que antes de él intervinieron 8 jueces y que su actuación se limitó a evaluar “la viabilidad del nuevo domicilio propuesto”. También se amparó en la sucesión de audiencias que deben atender cada día.

Mayoría y minoría

En el voto a favor de no sancionar al juez y archivar el sumario, Gutiérrez, Falistocco y Netri coincidieron en que las decisiones que adoptó el juez “se encuentran comprendidas dentro del marco de discrecionalidad en el ejercicio de la propia función (…) que incluyen cuestiones opinables, dudosas o de interpretación posible, pero siempre dentro de un conjunto de opciones racionales, que integran el margen de libertad propia de la función de juzgar”.

A diferencia del “acá no pasó nada” del voto de mayoría, volvió a marcar diferencia el juez Daniel Erbetta. Y en el mismo sentido María Angélica Gastaldi, que en 2019 era presidenta de la Corte y antes de terminar el año ordenó la investigación administrativa que encargó a Corbella, a partir de la cual se realizó juicio político a Postma y sumario a Pérez Urrechu.

En su voto, Erbetta dijo que si bien coincide en que las resoluciones tomadas en el ejercicio de la función no justifican per se la aplicación de sanciones disciplinarias, “estimo que no es ello lo que se juzga en el caso… se advierte una omisión en la actuación del Juez en los controles que debía efectuar previo a la emisión de su pronunciamiento –ante una expresa controversia de partes acerca del cambio de domicilio–, incumpliendo así el rol exigido a quienes integran la magistratura”. Entiende que Pérez Urrechu “incumplió su deber de desempeñar fielmente sus funciones de acuerdo a la Constitución y a las leyes”, por lo que a su entender correspondía “aplicar la sanción de prevención” (la más leve de la escala administrativa).

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A diferencia del “acá no pasó nada” del voto de mayoría, el juez de la Corte santafesina Daniel Erbetta volvió a marcar diferencias.

A diferencia del “acá no pasó nada” del voto de mayoría, el juez de la Corte santafesina Daniel Erbetta volvió a marcar diferencias.

Coincidió con la acusación del Procurador General, en cuanto a que Pérez Urrechu omitió un control mínimo de las condiciones bajo las que se otorgaba la medida, especificando “no haber exigido información acerca de la relación dominial, posesoria o contractual que vinculara al imputado con la propiedad de calle Pago Largo 654 y acerca del consentimiento del propietario… para la fijación del domicilio; la indicación de la posibilidad de salidas laborales y, en su defecto, la acreditación de medio de vida lícito o renta que permitiera inferir -sin violar las restricciones establecidas por el derecho- solventar los gastos de subsistencia y de mantenimiento del inmueble donde residía; ni garantías personales”.

Sostuvo que “debió indagar, al menos, acerca del título legal en virtud del cual habitaría ese inmueble, el contrato de locación firmado por Lange, solicitando se explique, a su vez, cuál era el vínculo de Sandoval con el inquilino y qué arreglo económico existía entre ellos. De haberlo efectuado, hubiera tomado conocimiento de que el contrato establecía que “...se destinará únicamente a vivienda familiar del locatario” y prohibía “sub-alquilar, transferir y/o dar en préstamo de uso el inmueble arrendado”, como ocurrió.

La ministra Gastaldi sostuvo que “se advierten graves deficiencias en el control de las condiciones bajo las cuales se otorgó el cambio de domicilio solicitado” y que “más allá de la aquiescencia de la fiscalía, se advierte también la omisión de contralor del Juzgador”.

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El juez Gustavo Pérez Urrechu intervino en el expediente de Sandoval en abril de 2019, casi un año después de que el juez Hernán Postma le concediera la medida alternativa de prisión.

El juez Gustavo Pérez Urrechu intervino en el expediente de Sandoval en abril de 2019, casi un año después de que el juez Hernán Postma le concediera la medida alternativa de prisión.

Reprochó al juez que la mudanza “no podía descontextualizarse de un elemental análisis de contralor respecto a las condiciones de seguridad. Y en tal sentido, el señor Emanuel Sandoval era un imputado de alto perfil acusado de un delito grave, por lo que más allá del carácter argumentativo el magistrado omitió toda indagación que podía resultar de interés en relación del traslado mismo…”, así como “el control jurisdiccional siquiera de la relación dominial, posesoria y/o contractual que vinculara al imputado con la propiedad -de Pago Largo 654-, inmueble de propiedad de un magistrado de alzada; respecto de la cual se invocara un contrato de alquiler que tuvo como locatario a un joven de 23 años sin capacidad económica..”. Y por lo demás, “no se verificó la existencia de salidas laborales o de medios lícitos que pudieran solventar los gastos de subsistencia y mantenimiento del inmueble donde residía”. Para Gastaldi, “más allá de las disfuncionalidades (del sistema) y prácticas concretas que se apoyarían en la confianza de control recíproco entre las partes… ello no releva a los jueces de efectuar elementales controles de las medidas que no se limitan a la exigencia de asegurar la sujeción al proceso”.

“El sumario acredita suficientemente las inadvertencias y faltas de controles que debió efectuar el magistrado. Por todo ello, considero que corresponde aplicar la sanción de apercibimiento”, cerró Gastaldi.