Tras el resultado de la audiencia, unas 200 personas se pegaron a los blindex del Centro de Justicia Penal y comenzaron a golpear los vidrios. Parecía una escena del 2001, cuando los ahorristas le pegaban con lo que tenían a mano a las puertas de los bancos.
El sábado, una multitud de personas caminó bajo la lluvia y reclamó por la libertad del hombre detenido por matar a dos delincuentes.
Eran vecinos, amigos y familiares de Diego C., el joven de 25 años que esa mañana fue imputado de homicidio simple y quedó preso. El jueves de la semana pasada este muchacho embistió y mató a dos ladrones con su camioneta tras sufrir el robo de 2.000 dólares. La imputación del fiscal Patricio Saldutti fue sólida, sin grietas, por lo que el juez Román Lanzón dictó la prisión preventiva por 60 días. En otro contexto, la decisión del magistrado no podría generar ningún reproche: las pruebas eran claras. Un video mostró cómo Diego C. se subió a la vereda cuando perseguía a los ladrones y los pasó por arriba.
Bajo una lluvia intensa, un día antes una multitud pidió en las calles del barrio de Fisherton, donde se produjo el episodio que terminó con la muerte de los dos asaltantes, que Diego C., hijo de un empresario metalúrgico, quedara en libertad.
El peso mayor del reclamo estaba repartido. La gente no sólo reclamaba mayor seguridad, sino que también pedía que el autor de los dos homicidios quedara en libertad. El escenario de tensión no es nuevo. En 2016 más de 50.000 personas marcharon bajo el lema Rosario Sangra a los tribunales y luego a la sede de la gobernación. En ese momento la multitud sembró temor entre los funcionarios judiciales que usaron el silencio para que la carga de responsabilidad sólo apuntara al poder político.
En medio de la pandemia, y bajo humores sociales álgidos, la respuesta de los ciudadanos ante situaciones de inseguridad muestra cambios peligrosos. Las reacciones de las víctimas terminan muchas veces en situaciones de violencia más graves, y mutan a victimarios. Las llamadas detenciones civiles se multiplican, ante la ausencia temeraria del Estado.
No sólo se terminó la paciencia sino que asomó la rabia, la bronca, algo peligroso para los que especulan frente a un año electoral. Porque la furia es contra todos, incluso contra los periodistas, algo que se hace más visible por las redes sociales.
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Frente a esta situación compleja que asoma cada día con mayor nitidez las discusiones en el ámbito de la justicia se centran en si vuelve o no Marcelo Saín a dirigir el Organismo de Investigaciones, algo que deja en evidencia los kilómetros de distancia que separan a los fiscales de la realidad que le golpea las puertas.
La guerra interna en el Ministerio Público de la Acusación, donde fiscales discuten no sólo el regreso de Saín sino las decisiones y la autoridad de Jorge Baclini, estalló en un momento complicado, en el que fuera de los edificios judiciales se cuestiona con dureza el rol de la Justicia, que ganó desprestigio luego de los casos de corrupción. Cuatro fiscales fueron imputados en la causa de juego clandestino, por cobrar coimas y colaborar con el principal imputado, el empresario Leonardo Peiti.
La situación real es tan tensa que puede disparar para cualquier lado. El domingo los manifestantes que se reunieron en el Centro de Justicia Penal para apoyar a Diego C. tenían la intención de ir a escrachar a sus domicilios al juez y al fiscal, algo que no se concretó porque los familiares del preso pidieron calma.
Casi a la par de toda esta crisis que amenaza estallar en la cara de la Justicia, una de las principales discusiones en el MPA es la guerra interna para evitar que vuelva Saín a su cargo. La oposición a que el autor de “Leviatán azul” vuelva a su puesto es su conflictivo paso por el Ministerio de Seguridad, cargo que asumió en diciembre de 2019, tras pedir licencia en el Organismo de Investigación, lugar al que llegó por concurso durante la gestión del Frente Progresista. Saín es responsable de la capacidad que tiene para generar tanta resistencia por su estilo de conducción, pero eso no invalida que ejerza el cargo.
La desesperación que mostraron fiscales, como Diego Vigo de Rafaela y Carlos Arietti de Santa Fe en desafiar incluso el poder de su propio jefe Jorge Baclini, que autorizó el regreso de Saín a su cargo, amenaza convertirse en otro capítulo de la crisis que enfrenta el Poder Judicial.
La rebelión de Vigo duró poco. El jefe de los fiscales de Rafaela se había plantado ante Baclini y había instruido a los fiscales de esa zona que no trabajaran más con el Organismo de Investigaciones, una decisión inédita en el ámbito judicial.
Cuesta imaginar que en una empresa privada un gerente se plante ante un directivo y defina que no quiere no trabajar con otro integrante del staff, porque no le gusta su estilo. Esto no podría ocurrir, porque a nadie se le pasaría por la cabeza. Sólo puede suceder en un lugar sin conducción o en el Estado, donde hay espacio para todo, por más inédito o descabellado que fuera.
Vigo tuvo que retroceder, luego de que desde el gobierno lanzaran munición gruesa contra el fiscal regional. Fue el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, quien intimó al fiscal general para que deje sin efecto la resolución dictada por el titular del MPA en Rafaela.
Pero además Somaglia fue más allá y pidió que el caso se gire a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura donde se evalúa el accionar de los fiscales entendiendo que se trata de una manifiesta extralimitación legal y a la par, se analice si "el comportamiento desplegado (por Vigo) podría configurar la comisión de algún ilícito penal".
La embestida de Somaglia dio resultado: el fiscal regional de Rafaela dio marcha atrás. Esto lo hizo por pedido de Baclini, cuya intervención buscó calmar las aguas. En esa estrategia opinó que Vigo dictó esa resolución en el marco de la ley, por lo que no dio pie a que se investigara en la Legislatura al fiscal regional de Rafaela. De esa manera, cerró la puerta para que el caso no fuera tratado en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura ni tampoco se abra una causa penal contra Vigo.
El otro capítulo es el que protagoniza Carlos Arietti, otro fiscal regional que se rebeló a Baclini, que había el aval para el regreso de Saín al Organismo de Investigaciones, luego de que la Auditora General de Gestión, María Cecilia Vranicich, se declarara incompetente en la cuestión. Arietti apeló esa decisión y recibió el apoyo de la Junta de Fiscales del MPA, que pidió al fiscal general que instruya a Vranicich para que investigue las denuncias contra Sain.
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