El juicio se desarrolla en la sala 1 de los tribunales santafesinos
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Agustín Raúl Sarla, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Santa Fe, es juzgado en los tribunales santafesinos cómo autor de dos hechos de amenazas calificadas y por tener de manera ilegal un arma de fuego. El debate oral y público comenzó este miércoles en la sala 1 ante la jueza Sandra Valenti.
La acusación es llevada adelante por los fiscales Milagros Parodi e Ignacio Suasnabar, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA. En tanto Sarla es asistido por los abogados particulares Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez.
La Fiscalía sostuvo que podrá demostrar que Sarla cometió tres hechos delictivos: dos amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego y la tenencia ilegítima de un arma de uso civil. "Demostraremos que se encuentran los parámetros de violencia de género y que los hechos coartaron la libertad de la mujer", expresó Parodi. Los hechos investigados ocurrieron en octubre de 2020 en la vivienda del matrimonio en Arroyo Aguiar, y en noviembre del mismo año cuando se realizó el allanamiento del inmueble.
El primero sucedió el 18 de octubre de 2020: según la Fiscalía, la mujer esperaba la visita de su nieto ese día, y Sarla puso todas sus armas largas una al lado de la otra en la galería de la vivienda. Luego, se sentó frente a la puerta con un arma en sus manos y dijo: "al que pase por la puerta lo bajo". Ante esto la mujer le dijo a su nieto que no vaya a la casa. Tres días después, durante la noche del 21 de octubre, Sarla, ofuscado, golpeó un arma y un cuchillo en la mesa y manifestó: "no hagan enojar al manso, a ver quién me quiere agarrar de pelotudo". Al día siguiente la mujer decidió hacer la denuncia.
Finalmente, cuando el 11 de noviembre de ese año se realizó el allanamiento en la vivienda se secuestró una pistola semiautomática sin habilitación. En tanto se desistió de la acusación del delito de lesiones leves calificadas por violencia de género imputadas el 11 de agosto de 2021. La Fiscalía remarcó el "grado inusitado de irascibilidad y violencia que generaba temor en sus allegados" y solicitó que Sarla sea condenado a 5 años de prisión y se le imponga una multa de 10 mil pesos.
A su turno la Defensa remarcó que el presente caso "no debería haber llegado a juicio", y remarcó que fue el delito de lesiones, ahora desistido por la Fiscalía, lo que evitó que se resuelva a través de una suspensión de juicio a prueba. Alfonso Garrone expresó que Sarla siempre tuvo armas de fuego y que en el último tiempo comenzó a "hacer todo con ellas: comer, dormir… evocaba épocas pasadas, la dictadura militar, y se llegó a pensar en consultar a un neurólogo", manifestó el defensor.
"Acá hay un trasfondo y es el sindicato, es una cuestión laboral. Los hijos que van a venir a declarar tienen denuncias por abuso dentro del sindicato y por malversación de fondos, por eso fueron desvinculados", sostuvo Alfonso Garrone. El abogado sostuvo que en el juicio iba a demostrarse que el contexto de violencia de género alegado por la Fiscalía no existió, y que reclamará la absolución del acusado.
Antes de comenzar con la ronda de testigos, el defensor solicitó que no se realice el debate y que el proceso sea resuelto a través de una suspensión de juicio a prueba -probation. Para sostener el pedido remarcó que la Fiscalía desistió del delito de lesiones, “el único hecho que fue imputado con contexto de violencia de género, y por lo que no se podía acceder a una suspensión. Por eso dije en los alegatos que este caso nunca debería haber llegado a juicio”, remarcó Alfonso Garrone.
El letrado sostuvo que el pedido de probation es razonable ya que las amenazas atribuidas son delitos excarcelables, al igual que la tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, que Sarla está próximo a cumplir 79 años y que los hechos ocurrieron hace dos años. Como compensación, la defensa ofreció un millón y medio de pesos a la víctima, el pago de un alquiler y las expensas durante tres años y mantener la obra social.
La Fiscalía se opuso a la pretensión del defensor y sostuvo que el contexto de violencia de género será demostrado en el juicio. La jueza recordó la necesidad de escuchar a la víctima sobre la posibilidad de la suspensión del juicio, y la mujer se opuso a esta alternativa: “la parte económica la rechazo, yo quiero justicia, la justicia que usted determine después del juicio”, le dijo la denunciante a Valenti.
“Si es por dinero, no me hubiera echado del trabajo. Yo tuve que salir corriendo de mi casa hace dos años, y cuando lo denuncié me echó”, reclamó la mujer. “Mi situación no pasó por lo económico, quiero justicia, por la ingratitud de esta persona que nunca se conformó y que yo siempre quise bien. Y ahora puedo hablar; antes no sabía qué hacer, tanto reproche, tanta mezquindad.. ahora tengo mucho para decir”, concluyó la mujer.
La jueza Valenti dispuso suspender el juicio por 48 horas a fin de analizar si asiste razón a la defensa y la causa se resuelve a través de una probation, o si se desarrolla el juicio oral y público para determinar la responsabilidad de Agustín Raúl Sarla en los hechos denunciados.
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