El juicio por la megacausa de Bolsafe Valores, en el que son juzgadas nueve personas por la administración fraudulenta de la firma que desapoderó de sus bienes a 408 ahorristas y que ocasionó un perjuicio económico de más de 250 millones de pesos, se encuentra en el último tramo.
El debate comenzó en septiembre del 2021 y se encuentra en la etapa final.
Eduardo Sebal para Aire DigitalEstel viernes, los tres querellantes del caso, Leandro Corti, Carlos Reyna y Enrique Muller, solicitaron que Mario Enrique Rossini, el titular de Bolsafe y BV Emprendimientos, sea condenado a una pena de 12 años de prisión efectiva por “administración fraudulenta” y “captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva”.
El pedido fue realizado ante los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Guilermo Sutter Schneider, en el marco de los alegatos del juicio oral y público que comenzó el 1 de septiembre del 2021, en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Los tres querellantes pidieron además que Omar Santos Rossini (hermano de Mario), quien se desempeñó en el directorio, sea también condenado a 5 años de cárcel, 6 de inhabilitación y se le imponga una multa.
La pretensión también alcanzó a la contadora de la firma, Mercedes Leiva, a la cual las tres querellas pidieron que sea condenada a 4 de años de cárcel y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos. El mismo monto de la pena fue requerido para el resto de las empleadas de la empresa que supo funcionar en San Jerónimo y Juan de Garay. Se trata de Marisa Laura Valdéz; Patricia Lorena Berrino; María Lorena Molinas; Daniela Reatti; Carolina Fany Pavarin; y Miriam Sabella. A su vez, los abogados solicitaron una reparación civil para los 408 damnificados de la causa.
En sus alegatos, el abogado Carlos Reyna sostuvo que durante el juicio, por el que pasaron cientos de testigos, se comprobó la culpabilidad de Rossini y el resto de las personas imputadas. "Han declarado muchos testigos que nos permitieron llegar a la conclusión en el conjunto del plexo probatorio de que la acusación formulada en la requisitoria de elevación a juicio se ha probado", destacó. “Los extremos de la acusación fueron cabalmente demostrados”, agregó.
Reyna, además de achacarle la mayor responsabilidad a Mario Rossini, apuntó a Omar Santos Rossini tras considerar que fue miembro del directorio y tiene responsabilidad que deriva de la dirección de la sociedad. "Es coautor en la medida que tenía la competencia legal para llevar adelante los actos de administración y disposición, siendo infiel al deber de custodia y administración", destacó.
En la misma sintonía, cuestionó el rol de Leiva y sostuvo que no fue ajena a los hechos investigados. "Ella tuvo conocimiento de las irregularidades", dijo. "Cuando un cliente quiso retirar el dinero, Mercedes Leiva lo desaconsejó y no retiró", acotó.
En tanto, sobre el rol del resto de las empleadas, el querellante sostuvo que una maniobra como la que fue advertida no pudo haber sido cometida sin la participación de las otras personas que integraban la firma. "Todas tenían acceso a las cuentas y sus movimientos y sabían que tenía cada comitente. No eran funciones meramente administrativas, como inicialmente postularon", resaltó. "Todas sabían que el alquiler de títulos estaba prohibido desde septiembre del 2003”, concluyó.
Corti por su parte, se refirió a la situación institucional que generó el caso Bolsafe Valores. “El accionar de Rossini y de los partícipes se concretó en un resultado lesivo que fue la perdida rotunda de la confianza del inversor bursátil en todo lo que es el ámbito del Mercado de Valores del Litoral, a punto tal que se cerró”, remarcó.
En tanto, habló sobre los roles y funciones de las demás personas implicadas, por fuera de Rossini. “Era imposible que manejara las 12700 cuentas comitentes. Era imposible que manejara dos estructuras societarias solo, es decir, Bolsafe Valores y BV Emprendimientos”, dijo.
Cronología de la causa
El caso que se ventiló en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe formó parte de un largo camino judicial que se inició a finales del 2012 en la Justicia provincial, cuando una serie ahorristas (en total 26) denunciaron a la firma por no hacer entrega de sus acreencias (títulos, bonos o dinero) que habían depositado en Bolsafe. Por esas denuncias, comenzó una causa en el Juzgado de Instrucción Penal N°2, a cargo del entonces juez Nicolás Falkenberg, y de la que también participó el fiscal N°1, Carlos Rolando. Ambos funcionarios provinciales desarrollaron una investigación que terminó con la detención de Mario Rossini y su posterior procesamiento por “administración fraudulenta reiterada”.
Con posterioridad, el fiscal Rolando consideró que la pesquisa estaba agotada, por lo que pidió al magistrado la elevación a juicio. Sin embargo, con el devenir de la investigación, una denuncia presentada en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos hizo que el fiscal federal, Walter Rodríguez, solicite tener intervención en la causa y que la Justicia provincial se inhiba tras entender que los delitos investigados correspondían a la Justicia federal. El planteo fue revisado en su momento en la Cámara de Apelaciones de Santa Fe y terminó dando luz verde a las pretenciones del fiscal Rodríguez, ya que la causa se radicó en el Juzgado federal N°2, a cargo en ese momento de Francisco Miño.
Instruida la investigación en el fuero federal, se estableció primero que el número de damnificados alcanzó por lo menos 408 personas cuyos ahorros se esfumaron de la entidad, que tenía como casa central un edificio de San Jerónimo y Juan de Garay, en la zona del microcentro.
La Fiscalía acusó a Rossini y los integrantes de su directorio de haber pergeñado una maniobra fraudulenta mediante la cual, de manera sistemática y organizada a lo largo del tiempo, procedió a desapoderar a los clientes de sus acreencias que le confiaron a la empresa que para ese momento era regulada, por el Mercado de Valores del Litoral S.A., un organismo encargado de controlar el desempeño de las entidades como Bolsafe Valores.
La maniobra fraudulenta, según estimaron los investigadores, fue realizada mediante transferencias de los títulos (de los clientes) a una cuenta del banco Galicia. Se trata de la N°472207, que estaba a nombre de Bv Emprendimientos, también vinculada a Rossini. Dichos títulos, tuvieron luego como destino otras cuentas bancarias que permitieron a Rossini convertir esos depósitos en dinero en efectivo que fue extraído del Galicia por medio de efectivo o en cheques. Tales maniobras causaron, según estableció una pericia, un perjuicio económico de 251.036.455,21 pesos que a valor actual oscilaría los $9.216.000.000, según un cálculo realizado meses atrás por los abogados querellantes.
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