El tribunal a cargo del juicio de la causa Bolsafe Valores rechazó este viernes un pedido realizado por la Fiscalía para trabar un embargo preventivo sobre los bienes de las nueve personas que son juzgadas por la administración fraudulenta de la firma que estafó a más de 400 ahorristas en el 2012 y que generó un perjuicio económico por más de 250 millones de pesos a valor de esa época.
La resolución estuvo a cargo del juez José María Escobar Cello, que junto con sus dos vocales, Luciano Lauría y Guillermo Sutter Schneider, desestimó el requerimiento realizado por el fiscal general, Martín Suárez Faisal, que pidió la medida cautelar por el tiempo que dure el debate que comenzó el jueves y que tiene previsto culminar a fines de este año o por lo menos a principios del 2022.
La solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal tuvo como objetivo impedir que las nueve personas acusadas puedan tener “libre disposición de sus bienes” y poder realizar operaciones comerciales con los mismos. "Considero que por lo menos en este momento del juicio se dispongan las medidas cautelares oportunamente solicitadas a fin de poder garantizar los resultados de este juicio", destacó el fiscal.
El pedido contó con el aval de los tres abogados querellantes, Carlos Reyna, Leandro Corti y Enrique Muller, que adhirieron al planteo del fiscal. "Las cautelares son previsionales y siempre pueden servir al proceso", destacó al respecto Reyna y agregó que la prueba cabal de esto es la venta de uno de los automóviles, un Ssangyong Korando, que formó parte del patrimonio de Marisa Valdéz, una de las imputadas que tiene la causa. En la misma sintonía, Muller aclaró que la "inhibición de bienes existía por lo que no debieron desprenderse de sus bienes".
Además, en su planteo, el fiscal resaltó parte del patrimonio con el que cuenta Mario Rossini, el principal acusado que tiene la investigación. El mismo, cuenta con tres propiedades en Santa Fe: 25 de Mayo al 2500; Moreno al 2900; un departamento en Las Heras al 3000. Y además posee un porcentaje de un inmueble ubicado en Talcahuano al 1000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene acciones de compañías que cotizan en bolsa.
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Las pretensiones de la Fiscalía fueron rechazadas por las cuatro defensas que participan del debate. En este sentido, la voz cantante fue la del defensor oficial, Fernando Sánchez, que asiste a Rossini (Mario) y que se opuso al pedido de medida cautelar tras recordar al tribunal que durante la etapa de instrucción de la causa, cuando se dictó el procesamiento, se había dispuesto una inhibición general de los bienes de los acusados.
“Al momento de dictarse el auto de procesamiento se dispusieron medidas para preservar los bienes para preservar el pago de la tasa de justicia, la pena y las indemnizaciones civiles”, explicó el abogado. Seguidamente remarcó “han transcurrido varios años de proceso en los cuales no han incitado ningún tipo de gravedad para tratar de revertir esa orden que fue dictada en el auto de procesamiento”. “No veo en este momento ninguna situación que amerite a tomar una medida cautelar a distinta”, concluyó el letrado.
Al cuestionamiento también se sumó la defensora coavyudante, Mariana Rivero y Hornos, que asiste a cinco imputadas que tiene la investigación: Marisa Valdéz, Carolina Pavarin, Daniela Laura Reatti, María Lorena Molinas y Patricia Lorena Berrino. Lo mismo hizo la defensa particular de Omar Rossini y Mercedes Leiva, a cargo de Luis Hilbert, hijo y padre, y también el abogado de Miriam Sabella, Iván Vernengo.
El planteo generó un cuarto intermedio en la sala de debate por lo que media hora después, el tribunal retornó a sus lugares y resolvió rechazar el planteo realizado por el fiscal Suárez Faisal.
El debate continuó luego con la identificación de los imputados e imputadas, quienes brindaron sus datos personas y además se abstuvieron a prestar declaración. En efecto, el juicio continuará el próximo jueves y viernes próximos con el paso de los testigos que fueron citados por la Fiscalía y querella.
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