El 14 de marzo de 2017 unos 200 gendarmes arribaron a Itatí, Corrientes, con más de un centenar de órdenes de allanamiento. El pueblo de 9.000 habitantes, separado por el río de la costa paraguaya -lugar de donde proviene la marihuana- era un hervidero, sobre todo porque los efectivos se llevaban preso al intendente Natividad Roger Terán y al vice Fabio Aquino, al comisario Diego Alvarenga, al instructor de gendarmería Gabriel Alcaraz, al jefe de la policía federal local Rubén Ferreyra, entre otros. Sólo los chajás, los pibes que hacían de campana cuando pasaba la marihuana por el río, andaban en sus motos por las calles.
Cada engranaje de esa gigantesca maquinaria del contrabando de marihuana había caído, como ocurrió luego con el eslabón que faltaba que era el judicial: el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, considerado una especie de "virrey" en Corrientes, y sus dos secretarios, fueron acusados y detenidos -actualmente con domiciliaria- de cobrar sobornos a cambio de dar beneficios judiciales a los integrantes de la banda liderada por Federico Marín, Luis Saucedo y Carlos Bareiro.
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La entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich eligió a Itatí como una causa emblemática de lucha contra el narcotráfico. Cada vez que le preguntaban sobre el problema del tráfico de drogas ponía como ejemplo cómo habían desarticulado esa red de complicidades entre la política y el narcotráfico.
Antes pretendió hacerlo con Rosario y Santa Fe, pero los resultados de los operativos con las fuerzas federales no garantizaban ningún éxito, sino todo lo contrario.
El juez federal N°12 Sergio Torres, quien este año dejó ese cargo y fue nombrado en la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires -lo ayudó para esa designación el rol que tuvo al principio en esta causa- concentró más de 36 expedientes y formó la megacausa Itatí, una de las investigaciones sobre narcotráfico más grandes de la historia argentina, con 116 personas imputadas, de las cuales 79 ya fueron condenadas este año, entre ellas 36 a través de acuerdos de juicio abreviado, con bajas penas.
La amplia difusión en los medios que tuvieron los operativos para detener a los políticos y efectivos de fuerzas de seguridad provinciales y federales fue inversa a la hora de las condenas en un juicio que se hizo en Comodoro Py.
Las altas expectativas que se originaron con esta causa se desinflaron drásticamente a la hora del juicio de una megacausa que parecía que metía un cuchillo en el entramado narco que se tejió en Itatí a lo largo de los años, y que se sustentó no sólo en las ventajas geográficas de tener frente al río Paraná al mayor productor de marihuana de Sudamérica, como es Paraguay, sino también en la solidez de las complicidades que abarcaban a todos los jugadores.
Después de sellar acuerdos de juicio abreviado, todos los políticos quedaron libres. Terán y Aquino salieron en libertad en setiembre pasado, tras firmar una condena consensuada a tres años de prisión. Y Juan Faraone, exintendente de Empedrado, recuperó la libertad en la segunda semana de diciembre después de acordar una pena a tres años de prisión.
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La hija del exintendente de Itatí, Mariela Terán, y su expareja Ricardo Piris también acordaron sus condenas, pero más severas. La mujer, que está con detención domiciliaria y podría quedar en libertad los próximos días, recibió una condena de cuatro años y Piris de ocho años y seis meses, debido a que la pena se unificó con otra condena.
Ambos admitieron ser responsables del traslado de 326 paquetes de marihuana en un vehículo Volkswagen New Beetle, que el 25 de octubre de 2014 fue encontrado en un camino rural de Itatí.
En cambio, la hija del exintendente de Empedrado Agustina Sigel, quien es gendarme, fue absuelta junto Cristian Puyol. Sigel fue procesada por ocultar al líder de la banda Federico Marín -quien fue condenado a 12 años de prisión tras acordar un juicio abreviado-, tras un enfrentamiento que sus propios compañeros de la fuerza en octubre de 2016 en la capital correntina. Su voz aparecía en escuchas telefónicas que estaban dentro de 4000 CD que nunca investigó Soto Dávila.
“Varios van a tener que dar explicaciones de tamaño dislate”, aseguró el fiscal de Cámara de Salta Carlos Amad, un funcionario oriundo de Resistencia, que fue clave en juicios contra banda narco como Carbón Blanco.
La megacausa más grande de la historia no resistió un juicio. Las pruebas recolectadas en la instrucción no sirvieron para que el fiscal pidiera penas más altas. Algunos funcionarios consideran que este caso terminó en un papelón.
Desde la Procuración de Narcocriminaliad (PROCUNAR) explicaron que las penas bajas que acordaron los responsables políticos de esa zona de tráfico de drogas, como así también parte de sus familiares, se debió -según señalaron fuentes de la Justicia Federal- a la complejidad de la investigación que en una primera parte estuvo a cargo del exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila.
La falta de pruebas, en muchos casos, según interpretaron las fuentes, responde a que este magistrado que está procesado con detención domiciliaria, por ser parte del sistema de complicidad, junto a sus dos secretarios en el juzgado, está acusado de cobrar sobornos a cambio de dar beneficios judiciales a los miembros y familiares de este clan narco que dominaba el tráfico de marihuana desde Itatí a por lo menos siete provincias.
Fueron 13 los juicios abreviados que se cerraron la semana pasada. Hay otros 12 miembros de la organización que están siendo juzgados -las audiencias se reanudan el 4 de febrero-, otros 12 esperan el debate oral, entre los que se encuentra imputado Hernán Aquino, hermano del viceintendente de Itatí. Hay nueve personas que están imputadas y las causas se encuentran en etapa instrucción y tres con pedido de captura.
Entre los que están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal N°3 se encuentra Carlos Bareiro, alias "Cachito", uno de los líderes de esta organización, junto con Marín y Carlos Saucedo, este último detenido en Paraguay en setiembre pasado y que también se encuentra a la espera del juicio.
Bareiro rechazó firmar un acuerdo de juicio abreviado y prefirió junto con otros 11 imputados participar del juicio oral. Está preso desde 2016 por otra causa y desde la cárcel de Resistencia se detectó que seguía manejando el abastecimiento de marihuana a distintas ciudades como Rosario, Santa Fe y Buenos Aires.
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