Una mujer oriunda de Santo Tomé se encuentra por estas horas bajo la lupa de la Justicia provincial por una causa que investiga el supuesto ataque a puñaladas contra su pareja y el posterior robo de dos millones de pesos. El caso fue ventilado este jueves en una audiencia que tuvo lugar en tribunales y en donde la fiscal Jorgelina Mosser Ferro pidió que la imputada transite la causa detenida con prisión preventiva. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez penal Pablo Busaniche, que declaró como insuficientes los cargos presentados por la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación.
Según lo que se ventiló en la audiencia, la implicada habría gastado aproximadamente $1.400.000 pesos.
La imputada es una joven de 25 años, identificada como Amira Esther O., la cual fue acusada de haber agredido con un cuchillo a un hombre de 49 años con el que mantuvo una relación y luego le robó del interior de su casa una suma millonaria de dinero que fue destinada a la compra de motos y electrodomésticos de línea blanca.
Tales hechos que investiga Mosser Ferro, caratulados como “lesiones dolosas”, “hurto” y “amenazas”, ocurrieron el 1 de marzo en horas del mediodía en el interior de una vivienda de Iriondo al 2700, en Santo Tomé. En ese entonces, una discusión habría sido el móvil para que la mujer trate de apuñalar a la víctima en la zona del abdomen y tórax. Según la fiscal, la víctima “tuvo que sostenerle las muñecas para que la imputada no lo mate”.
La secuencia continuó una hora después, cuando Amira O., fue hasta el domicilio de su pareja y se llevó una suma aproximada de 2 millones de pesos en efectivo que el hombre tenía guardada para pagarle a proveedores de útiles escolares, rubro en el que oficia. La hipótesis de la fiscal es que, con ese dinero, la mujer imputada realizó -con ayuda de una nueva pareja- compras de electrodomésticos, motos y ropa por un monto aproximado de $1.400.000 pesos.
Dichos bienes fueron encontrados luego en un allanamiento que realizaron el pasado 28 de marzo policías de la Agencia de Investigación Criminal en la nueva casa de la imputada (la de su madre). Allí, según reveló Moser Ferro, fueron halladas dos motos y electrodomésticos que todavía estaban embalados y sin utilizar.
La fiscal destacó por último que la víctima no solo sufrió un ataque a puñaladas y el robo del dinero, sino que además recibió amenazas de un perfil falso de Facebook, el cual fue endilgado a la imputada. De tal cuenta, una persona le escribió a la víctima: “Dejá de meterte conmigo, viejo salame, sé dónde vivís, no te metas con mi familia o tu pareja va a recibir un buen mensaje”, fue una de las amenazas expuesta en la audiencia en tribunales.
Finalmente, la representante del MPA explicó al juez que las personas que prestaron declaración no quisieron identificarse por miedo a sufrir represalias de la imputada y su entorno familiar, al cual tildaron como “peligroso”.
Desde la otra vereda, la abogada del Servicio Público de la Defensa Penal (SPPD) Betina Dongo, rechazó la cautelar y solicitó la libertad de su defendida bajo medidas alternativas a la prisión preventiva. Luego, su cliente pidió la palabra ante el magistrado y relató que vivió bajo una relación donde su pareja ejercía violencia de género, que la controlaba y agredía.
“Está muy enojado (por la víctima del caso) porque tengo otra pareja. Me mandó a tirotear mi casa donde estoy con mis hijos y me dijo todo el tiempo que le haga caso o me los va matar”, denunció la acusada y recordó que contra su pareja radicó una denuncia para lograr una medida de distancia de 200 metros.
Tras escuchar a su asistida, Dongo cuestionó los cargos atribuidos por la fiscal y los calificó como infundados. De hecho, citó el informe médico que dio cuenta que la víctima solo tenía un rasguño y no una herida producto de una puñalada. Por esa razón, pidió que su asistida salga en libertad y cumpla con las medidas alternativas de quedar bajo el resguardo de su padre, constituir un domicilio, cumplir una medida de distancia para con la víctima y personas allegadas a él y tiene que ir a firmar al MPA cada 30 días.
Tras escuchar a ambas partes, Busaniche descartó los cargos expuestos por la fiscalía como también los riesgos procesales. “No encuentro sustentados los riesgos procesales, teniendo en cuenta que la pena en expectativa es mínima y tampoco son contundentes las evidencias expuestas por la fiscalía para tener que cautelar el proceso”, dijo el juez y ordenó la inmediata libertad de la mujer.
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