Entre los implicados figuran escribanos y empleados del Registro de la Propiedad.
Oroño precisó que la causa tiene ya varios años. Surgió en el antiguo sistema de prosecución penal, en el año 2009. “Son maniobras bastante complejas, que exceden holgadamente la actividad de los escribanos imputados y tienen su génesis dentro de las estructuras del Estado: el Registro de la Propiedad y Catastro, algo que en su momento no fue debidamente investigado. Por eso, en el año 2011, la Cámara de Apelaciones hizo lugar a un recurso de nulidad que presenté. La causa volvió a foja cero y se volvió a instruir ante el juez Darío Sánchez. En esta nueva investigación, sí se ha imputado a funcionarios de segunda y tercera líneas de esas áreas del estado”, explicó el letrado.
El abogado afirmó que “los escribanos recién intervienen sobre esas propiedades cuando su titularidad ya fue fraguada, y a partir de ello se realiza algún tipo de transacción”, indicó, dejando entrever que sus defendidos podrían haber desconocido lo sucedido anteriormente con las escrituras, de lo que derivaría su inocencia.
Así eran las maniobras
Oroño refirió los pormenores de las maniobras: “Hay personas que eran propietarias de inmuebles y en algún momento, por diversos motivos, consultaron al Registro de la Propiedad, y se encontraron con que esos inmuebles ya no figuraban a su nombre. Así se inicia la investigación. Mediante diversas argucias, se sustituyó a los legítimos propietarios: esas maniobras se realizaban en el interior del Registro de la Propiedad“, afirmó.
Una vez más, sostuvo que “los escribanos no tienen ninguna relación con la maniobra originaria. Sólo intervenían cuando alguno de los propietarios ilegítimos intentaba vender el inmueble fraguado, pero los escribanos desconocían la maniobra previa. Así lo entendió el juez Reyes en 2011, cuando hizo lugar al pedido de nulidad de lo actuado por el juez de Instrucción Sánchez en la primera investigación“, expresó.
Planteo de inconstitucionalidad
A una causa de por sí compleja de entender, se suma un nuevo escollo: “El juez Sánchez dictó el procesamiento de las 26 personas imputadas el 29 de diciembre del año pasado. A nosotros nos notificaron de ello el 5 de febrero. En el medio, el 16 de enero, se sancionó la ley 13.699, que dispone que las causas del viejo sistema penal pasan al actual sistema acusatorio. A mi entender, y así lo voy a plantar en la apelación, esto es inconstitucional, por la naturaleza irreconciliable del antiguo sistema de enjuiciamiento con el actual. Es totalmente incompatible que las pruebas acuñadas por un juez inquisitorio puedan ser utilizadas en el marco de un proceso acusatorio“, sostuvo Oroño.
“Es una cuestión muy difícil de zanjar. Voy a apelar mañana y voy a plantear la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 10 de la ley 13.699 porque creo que vulneran el debido proceso y las garantías del juez natural, entre otras cuestiones”, concluyó el abogado.
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