David Reniero y detrás Ricardo Giusepponi, también implicado en la misma causa.
David Reniero, quien supo desempeñarse hasta el diciembre del 2019 como secretario de Control de las Fuerzas de Santa Fe, fue formalmente imputado en una causa que investiga la malversación de fondos durante la gestión del exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. La imputación estuvo a cargo del fiscal del área de Violencia y Corrupción Institucional, Ezequiel Hernández, que también investiga a otros exfuncionarios.
En su acusación, el fiscal le atribuyó a Reniero, que fue asistido por el abogado Pablo Coccocioni, el delito de “peculado” tras sostener que el exfuncionario participó del desvío de dinero, de fondos especiales, que se encontraban bajo la órbita de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, ubicada en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert de la zona de la recoleta. Dichos fondos fueron destinados para abonar los honorarios de los policías implicados la desaparición forzada y el homicidio de Franco Casco, un joven oriundo de Buenos Aires que desapareció en 2014 tras haber estado preso en la Seccional 7° de la ciudad de Rosario y tres semanas después apareció muerto y en aguas del río Paraná.
Por la causa también fueron imputados por peculado el exjefe Provincial de la Dirección de Asuntos Internos Policiales, Luis Alberto Sosa; la entonces jefa de la División de Administración y Finanzas de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, María Ester Romeggio; Lucas Peirone, quien se desempeñaba como asistente técnico del área. No obstante, Ricardo Giusepponi, quien era subsecretario de Control de las Fuerzas, pidió una prórroga para ser formalmente imputado.
Para el fiscal los implicados en la causa, desde octubre del 2017 hasta septiembre del 2018, sustrajeron dinero que formaba parte de las partidas de fondos reservados que tenía la Dirección Provincial de Asuntos Internos durante la gestión anterior del Ministerio de Seguridad.
La suma en cuestión fue de $936.000 y tuvo como destino pagar los honorarios de un abogado identificado como José Manuel Alcácer Crosignani que representó a dos policías imputados en la causa de Casco. Se trata de los entonces agentes de la Unidad Especial de Asuntos Internos, Aníbal Candia y Pablo Andrés Síscaro.
Tal maniobra, según determinó la pesquisa de Hernández, fue por medio de la suscripción de cheques por parte de Sosa y Romeggio y que fueron retirados en el Nuevo Banco de Santa Fe. Para el fiscal, ese manejo del dinero se hizo “por orden y con conocimiento” de Reniero, Giusepponi y Peirone.
El caso salió a la luz luego de una denuncia que radicó el 4 de agosto del 2020 el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Saín, que tras detectar la anomalía presentó la demanda en la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Como el caso involucraba a policías y funcionarios del área, la investigación quedó en manos del fiscal Hernández.
A partir de esa denuncia, el Estado provincial pidió constituirse como querellante en la causa por medio del fiscal de Estado, Ruben Weder, quien una vez que fueron presentadas las pruebas en el MPA solicitó tener acceso y participación de la pesquisa.
“Este tipo de delitos atentan contra el patrimonio del Estado y ponen la provincia de Santa Fe como la parte perjudicada”, dijo en su momento Weder por medio de un parte informativo que envió el gobierno provincial.
Te puede interesar
