Bonetto fue asesinada en su casa en Rincón, en febrero de 2018.
Un tribunal conformado por los jueces Martín Torres, Sergio Carraro y Pablo Ruiz Steiger deberá definir si el condenado por el femicidio de Adriana "Cuqui" Bonetto continúa en prisión mientras la Cámara de Apelaciones revisa la sentencia. El pedido lo realizo el defensor público Sebastián Amadeo en una audiencia realizada este miércoles en la sala 2 de los tribunales santafesinos.
Gabriel Exequiel Gallay fue condenado en julio a través de un juicio oral y público en el que el defensor había reclamado la absolución por beneficio de la duda; en octubre se realizó la audiencia de Apelación y aún se aguarda la resolución de los camaristas. La fiscal de Homicidios Ana Laura Gioria se opuso a la solicitud del defensor y sostuvo que la medida de prisión preventiva es necesaria para evitar que Gallay pueda fugarse.
Bonetto fue asesinada en las primeras horas del sábado 8 de febrero de 2018 en su casa del barrio Los Espinillos de Rincón. El acusado utilizó un arma blanca para provocarle a la víctima 19 heridas punzo cortantes en distintas partes del cuerpo, a raíz de las cuales murió en el lugar. Luego, el agresor se retiró llevándose la motocicleta de la víctima.
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Gallay fue detenido dos años después del crimen, y sometido a juicio oral y público. El 5 de julio de 2023 Gallay fue condenado por decisión unánime por el tribunal conformado por los jueces Lisandro Aguirre, Gustavo Urdiales y Jorge Patrizi;, la sentencia implica una pena a prisión perpetua por considerar a Gallay autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo (dada la relación de pareja) y por ser perpetrado en un contexto de violencia de género. A pesar de que el defensor había reclamado la excarcelación de Gallay, los jueces confirmaron la prisión preventiva, medida que será revisada por el tribunal que presidió la audiencia este miércoles.
Amadeo sostuvo que ya no prosperan los riesgos procesales para sostener en prisión a Gallay cuando aún no está firme la condena, que está siendo revisada por la Cámara de Apelaciones. El defensor advirtió que no hay riesgo de entorpecimiento probatorio porque toda la prueba ya fue ventilada en el juicio, y que Gallay no se va a fugar porque tiene arraigo familiar, domiciliario y social.
En este sentido, Amadeo advirtió que no debe tenerse en cuenta solo la pena que esta siendo revisada sino todo el contexto social del acusado. Para el defensor, imponer medidas alternativas a la prisión preventiva es suficiente para garantizar que Gallay no se va a profugar.
A su turno la fiscal aclaró que el imputado se encuentra en prisión preventiva desde 2020, cuando su vinculación con el hecho era una posibilidad; pasado el juicio, con una condena unánime, la medida se torna aún más necesaria. En cuanto a las alternativas propuestas por la defensa (fijar domicilio, establecer guardador, prohibición de salir de la provincia) su cumplimiento depende de la voluntad de Gallay.
El tribunal analizará los argumentos vertidos por las partes y dará a conocer su decisión en el plazo establecido por la ley.
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