Agentes de la AIC tras irrumpir en uno de los domicilios allanados.
El juez penal Lisandro Aguirre dispuso la prisión preventiva para cinco de los seis imputados que tiene la causa por robos y estafas a través de falsas ventas de motos por las redes sociales. La fiscal de Delitos Complejos, Laura Urquiza, ventiló la profusa evidencia colectada en la investigación que permitió esclarecer al menos 16 hechos cometidos desde agosto de 2022.
La audiencia se prolongó por más de cuatro horas y se dividió en dos partes: primero se definió la situación de los imputados Julián Contreras y Héctor Suarez, y de las imputadas Avilen y Agostina Martínez; tras un cuarto intermedio se discutió la prisión preventiva de Brian Fernández, el "cabecilla" de la banda, quien dijo ser yesero e integrante de un movimiento piquetero, Joel Bautista, Nicolás Franco y Cecilia Miranda, también integrante del movimiento piquetero.
Julián Contreras, asistido por el abogado defensor particular Raúl Sartori, acordó la prisión preventiva con miras a concluir el proceso en su contra a través de un procedimiento abreviado. A Contreras se le atribuyó ser miembro de la asociación ilícita y haber participado en uno de los hechos organizados por la banda: el 28 de julio de 2023 cerca de las 14 emboscaron a un joven que había pactado la compra de una moto; el punto de encuentro era Los Negruchos y Santa Cruz.
El comprador llegó junto a un amigo en moto, y fueron emboscados por tres hombres armados: Contreras junto a Nicolás Franco y Joel Bautista los amenazaron con armas de fuego y les robaron sus pertenencias, la moto en la que habían llegado y los 960 mil pesos destinados a la presunta transacción.
Contreras fue imputado como autor de miembro de asociación ilícita y robo calificado por ser cometido en poblado y en banda y arma de fuego no habida, y seguirá en prisión preventiva tras el acuerdo entre las partes.
Por su parte, las imputadas Martínez, asistidas por la defensora pública Soledad Estrada continuarán el proceso en prisión domiciliaria por tener hijos pequeños a su cargo. En tanto Suarez, representado por Virginia Balanda obtuvo medidas alternativas habituales a la prisión preventiva: fijar domicilio, evitar contacto con las víctimas y presentación periódica en el MPA.
Antes del desarrollo de la audiencia declaró una de las víctimas por videoconferencia: "No quise pisar más Santa Fe, por el miedo que me quedó", sostuvo.
Brian Fernández, Cecilia Miranda y Joel Bautista fueron asistidos por Estrada, mientras que Franco fue representado por el abogado particular Luis Rittiner; minutos antes del inicio de esta segunda parte de la audiencia, el defensor consintió la prisión preventiva.
Franco se encuentra cursando una condena de ejecución condicional de dos años de prisión, por lo que una nueva condena deberá ser de cumplimiento efectivo; además, Franco fue reconocido en rueda de personas y la evidencia reunida en la causa lo ubica en varios de los delitos investigados. Rittiner adelantó que se tramitará concluir el proceso a través de un acuerdo de procedimiento abreviado.
La Fiscalía explicó que la investigación comenzó el 6 de agosto de 2022 con la denuncia radicada por una de las víctimas, un hombre oriundo de Carcarañá que aportó el perfil de Facebook y el número de WhatsApp con los que había realizado las gestiones para la compra de una moto Honda Tornado. La víctima fue citada en Pasaje Irala al 4300 donde fue abordada por dos personas que le robaron las pertenencias.
Los demás hechos denunciados e imputados tienen características similares; los números de contacto de whatsapp y los perfiles de Facebook que aportaron las víctimas permitieron constatar las titularidades de los números celulares que eran utilizados por Brian Fernández, en ese entonces detenido en la cárcel de Las Flores. La Fiscalía sostuvo que poseía varios chips que eran colocados en el mismo aparato telefónico para coordinar los delitos desde su lugar de detención. Una vez que recuperó la libertad siguió cumpliendo la misma función en la organización.
Fernández seleccionaba las víctimas (personas oriundas de distintas localidades de la provincia) que se contactaban a través de Facebook, también definía desde que perfil se iba a realizar la publicación de la presunta venta y quienes iban a ejecutar la emboscada. El resto de los integrantes de la banda ejecutaba las órdenes dictadas por Fernández.
A la banda se le atribuye haber cometido unos 16 hechos con el mismo modus operandi; en los primeros nueve hechos los puntos de encuentro en la zona de Barranquitas (Pasaje Irala, Presidente Perón, Padre Catena, Vera y Pintado) y robos cometidos con armas de fuego. Los hechos restantes fueron perpetrados en barrio San Agustín (Los Negruchos, La Pampa)
La Fiscalía pudo detectar además los vínculos familiares entre los integrantes de la banda: Brian Fernández y Cecilia Miranda son pareja, y Miranda es madre de las imputadas Martínez. Los imputados Franco y Bautista son pareja de las imputadas Martínez, y Suarez era pareja de otra hija de Miranda.
En julio de 2023 la Fiscalía solicitó autorización judicial para implementar la figura del "agente revelador", es decir, agentes policiales que realicen una maniobra encubierta para dar con los perpetradores. La medida fue autorizada por el juez Sebastián Szeifert y así se estableció contacto con los perfiles sospechosos para concertar una compra por un millón de pesos.
El 9 de agosto de 2023 el agente fue citado a Los Negruchos y Santa Cruz, y algo llamó la atención de Bautista y Franco. En comunicación telefónica con Fernández, le decían que algo no estaba bien, y el "jefe" les insistía para que ejecuten el golpe como lo habían hecho tantas veces antes.
Cuando la situación se torno violenta el agente se identificó como policía y comenzó una persecución. Franco y Bautista lograron escapar por la cava y ocultarse; en tanto, el agente advirtió en una mano de Bautista un tatuaje que habían descripto las víctimas: una AK 47.
Urquiza aludió también a algunas escuchas de comunicaciones telefónicas entre los coimputados que permitieron detectar tanto los vínculos familiares entre todos como así también la estructura de la organización ilícita. En una de las comunicaciones los integrantes de la banda advertían que debían tener cuidado tras un golpe frustrado, y que fue publicado en Aire. En esa publicación se aludía a los sospechosos "Porrón" y "Renguito"; el imputado Nicolás Franco es apodado "Porrón".
Otra de las comunicaciones se dio entre Fernández y Martínez: el jefe de la banda daba información sobre un posible golpe, y Martínez advertía que debían cambiar de lugar como punto de encuentro con las víctimas.
Los allanamientos se concretaron algunos días después de la maniobra desplegada por el "agente revelador". El 23 de agosto minutos antes de las 6 de la mañana los agentes policiales irrumpieron en las viviendas de los sospechosos y procedió a las detenciones. La Fiscalía remarcó que el día anterior la banda había logrado estafar a cuatro víctimas, quienes habían transferido dinero a una cuenta de Mercado Pago de Miranda.
La defensora pública cuestionó la imputación fiscal y sostuvo que la evidencia no es suficiente para sostener la participación de los imputados en los hechos investigados, y reclamó medidas alternativas a la prisión preventiva.
Al momento de resolver, el juez analizó el "plexo probatorio profuso e importante" expuesto por la Fiscalía en la audiencia, y considero probada la hipótesis fiscal: "la Fiscalía ha llegado a un grado de probabilidad elevado sobre el rol de Fernández en la organización", sostuvo Aguirre.
El magistrado también destacó el "correlato objetivo entre los hechos atribuidos, la misma mecánica, los diferentes números de WhatsApp que utilizaba Fernández desde el mismo teléfono al que le iba cambiando el chip: "Queda claro que eran una familia y que tenían trato asiduo, frecuente y cercano", valoró el juez, cuestión que también fue valorada para considerar la estructura permanente de la asociación ilícita.
Finalmente, Aguirre sostuvo que los argumentos de la defensa no alcanzaron a desvirtuar el caudal de evidencia de la Fiscalía, y consideró también acreditada la existencia del riesgo de fuga y del entorpecimiento probatorio, por lo que dispuso la prisión preventiva de los sospechosos.
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