El juicio por la megaestafa inmobiliaria podría realizarse a principios del año próximo, una instancia en la que se sentarán en el banquillo 15 imputados. Esto surge del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, que confirmó el viernes pasado la elevación a juicio de una causa emblemática, en la que tuvo un rol protagónico y dudoso el ex fiscal regional Patricio Serjal, actualmente detenido, acusado de cobrar coimas junto con Gustavo Ponce Asahad de un empresario de juego clandestino.
La causa, que llegará a juicio en los Tribunales de Rosario, involucra a a conocidios empresarios, contadores, escribanos y hasta directivos de medios rosarinos.
El camarista Daniel Acosta, a cargo del tribunal de alzada, rechazó los planteos de los abogados que durante tres días cuestionaron el largo trajinar de esta causa, que se inició en 2016. En esta investigación aparecieron personajes de peso, con poder no sólo económico sino político y mediático.
Esta causa fue elevada a juicio a fines del año pasado. Cuando Serjal empezaba a perder el poder que había acumulado, y empezaban a surgir fuertes cuestionamientos a su figura. En ese momento ya estaba bajo la lupa por el supuesto desmanejo en la compra de dos autos al dueño de una concesionaria cuya causa en su contra se había archivado.
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Serjal fue el que promovió un cambio en la política de persecución que llevó a que se desistiera en acusar en esta causa a gente poderosa, como el contador Jorge Oneto y al empresario Pablo Abdala, gerente del diario La Capital, quienes fueron sobreseídos.
Hace un mes, el fiscal regional quedó detenido, acusado de cobrar coimas para proteger, junto con Ponce Asahad. Renunció a su cargo de fiscal regional y luego fue separado de su cargo raso en el Ministerio Público de la Acusación.
Tras varias idas y vueltas, que incluyó cambios en el área que investigaba este fraude inmobiliario, la causa llegó a juicio, luego de que en un fallo dividido de los magistrados Gonzalo López Quintana, Héctor Núñez Cartelle y José Luis Suárez, que firmaron una resolución de 288 páginas en una audiencia que se extendió varias jornadas, donde los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot lograron convencer a los jueces. Ahora la Cámara de Apelaciones confirma esa elevación a juicio.
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Esta red tramó estafas y fraudes con más de 50 propiedades, entre las que había dos campos cercanos a Rosario. Con los escribanos Eduardo Torres y Kurtzemann se falseaban poderes para realizar transacciones inmobiliarias a espaldas de los dueños verdaderos. Luego, esos inmuebles se vendían varias veces para que las operaciones tomaran un aspecto lícito y se lavara el dinero.
Pero en algunos casos, el ardid fue descubierto. Entonces los supuestos estafadores amedrentaban a las víctimas, como es el caso de Ana Luppi, a quien le adulteraron la escritura de un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia, a unos 15 kilómetros de Rosario.
La familia propietaria del campo descubrió la estafa y recibió un llamado del empresario Marcelo Jaef, propietario de una clínica de implantes dentales muy reconocida de Rosario. “No haga ninguna denuncia, porque si usted es mala conmigo, yo voy a tener que ser malo con usted y hay un hombre suelto muy peligroso”, declaró Luppi que le dijo Jaef. Ese “hombre suelto” era uno de los líderes de los Monos.
La acusación aceptada por los jueces incluye los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, estafa y lavado de dinero.
Estos empresarios y profesionales estaban ligados a engranajes del narcotráfico a partir de que miembros de la red mantenían desde hace tiempo vínculos estrechos con los Monos y Luis Medina, como Leandro Pérez, quien se conoció a nivel mediático por ser el novio de la vedete Viky Xipolitakis. Pérez era el propietario de una concesionaria de autos de alta gama.
En este engranaje de fraude y estafas "cada una de las células se activaba de modo independiente: si se trataba de ejecutar maniobras de fraudes con propiedades, actuaban Juan Roberto Aymo, Ramona Rodríguez, Jonatan Zárate, Portillo Retamar y Eduardo Torres. Cuando se trataba de un bien cuya magnitud excedía la capacidad operativa de éstos, actuaban Maximiliano González de Gaetano, Leandro Pérez y Juan Bautista Aliau, para poner en circulación los bienes y conectar la operación con Oneto, Pablo Abdala, Kurtzemann y Jaef".
Si los fondos provenían del narcotráfico, se activaba la red conformada por Pérez y González de Gaetano que receptaba fondos y los ponía en circulación mediante compra de bienes en efectivo o con intercambio de tráfico financiero con la red conformada por otros imputados. Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos aparecía como un contacto asiduo de Pérez y De Gaetano, que a su vez tienen vinculación con el estrato social más alto de los acusados.
La acusación aceptada por los jueces incluye los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, estafa y lavado de dinero. Por esta última calificación es que los fiscales solicitan sanciones económicas por al menos tres veces el monto de las operaciones realizadas.
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