El acuerdo deberá ser analizado por los jueces Nicolás Falkenberg, Rosana Carrara y Leandro Lazzarini, quienes deberán dictar sentencia. La audiencia de admisión se realizó en la sala 2 de los tribunales santafesinos y Basimiani participó por videoconferencia desde su lugar de detención en un penal de Salta.
La fiscal Luciana Escobar Cello, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, repasó los hechos atribuidos a Basimiani, que estuvo representado en la audiencia por el abogado defensor particular, Patricio Jullier.
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Las oficinas de Basimiani eran uno de los lugares donde concretaba los ataques sexuales a la menor
Abuso sexual
Según la acusación, Basimiani abusó sexualmente de una de las hijas de su expareja, quien hoy ya es mayor de edad, desde que era una niña de 7 años, hasta que cumplió 13. La fiscal explicó que los abusos eran perpetrados en las diferentes viviendas que compartió el grupo familiar, en las oficinas que Basimiani tenía en Aristóbulo del Valle, en un hotel de Blas Parera, donde el agresor la llevaba cuando debía dejarla en la escuela, y hasta en la Comisaría 3ra y en la Cárcel de Coronda, una vez que ya había sido detenido por vender drogas.
Escobar Cello explicó el contexto en el que se concretaban los abusos, en los que Basimiani amenazaba a la niña de abusar de su hermana menor, con violencia hacia su pareja, madre de las niñas, y mientras las involucraba en sus actividades de narcotráfico.
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"Beto" Basimiani (en el medio) cuando fue juzgado por venta de drogas desde la cárcel.
Una vez en prisión, Basimiani siguió bajo la mira de la justicia federal, ya que se sospechaba que continuaba con la venta de drogas desde la prisión, y que las obligaba a las niñas a vender. En 2016 se detectaron una serie de escuchas telefónicas, en las que Basimiani hablaba con la otra hija de su pareja, que entonces tenía 11 años, y le decía frases de contenido sexual explícito.
Los primeros hechos descriptos fueron calificados como abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda y la convivencia y promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, la guarda y la convivencia. En tanto, los hechos detectados con las escuchas fueron calificados como promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.
La pena establecida en el acuerdo abreviado por estos hechos de abuso es de 20 años de prisión, que se unificarán con los 20 años que ya se encuentra cumpliendo por narcotráfico y lavado de activos, en un total de 28 años de prisión.