El juez penal de tribunales, Martín Torres, dispuso este martes un cuarto intermedio en la audiencia de medidas cautelares en donde se discute si el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, imputado por presunto espionaje durante su paso por la gestión del gobierno provincial, transita la causa con prisión preventiva bajo una medida alternativa a la cárcel.
Marcelo Sain fue ministro de Seguridad entre diciembre de 2019 y marzo de 2021.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalEl acto procesal se reanudará a las 14.30 del miércoles, unas horas antes de que también se determine si la investigación, que encabeza el fiscal del MPA Ezequiel Hernández, pasa a tramitarse en el fuero federal o sigue en la Justicia provincial.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que tanto Sain, como el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y la contratada, Agustína Moulins, atraviesen la causa bajo una serie de normas a cumplir: no acercarse a las víctimas; inhabilitación para portar armas de fuego; fijar domicilio; e informar la salida del país con pasaje de ida y vuelta.
Una mirada distinta tuvieron parte de los abogados querellantes que forman parte de la causa, que mediante distintos pedidos, solicitaron al juez Torres que encarcele de manera preventiva a Sain. Se trata del letrado Pablo Cococcioni (que representa al diputado Maximiliano Pullaro), el abogado Ignacio Alfonso Garrone (por la Delegación Norte de Upcn), el empresario de medios Gustavo Scaglione y la abogada Evelyn Andriozzi que se auto representa.
Mientras que el resto de las querellas, Jorge Bedouré y el Estado provincial, se ajustaron al pedido de la Fiscalía para que los imputados permanezcan sujetos a la investigación con medidas alternativas a la prisión.
Por su parte, la defensa de Sain, Montenegro y Moulins, a cargo de Hernán Augusto Martínez, rechazó los pedidos de cárcel preventiva y propuso que sus asistidos fijen domicilio y sigan la causa en libertad.
En dicha investigación, Sain fue imputado el pasado 29 de noviembre como jefe de una asociación ilícita que se encargó de confeccionar cientos de “perfiles” de personas y entidades públicas y privadas sin ninguna orden judicial de por medio. En el caso de Montenegro y Moulins, la imputación los colocó como “miembros” del engranaje criminal del que también fueron acusados otros exfuncionarios.
Se trata de la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman; Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública), y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, recientemente destituída de su cargo tras un juicio disciplinario realizado por autoridades del Ministerio Público de la Acusación por haber filtrado información de causas judiciales a Sain cuando este era ministro de seguridad.
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