Cuatro hombres imputados como integrantes de una asociación ilícita que cometía robos calificados en Santa Fe bajo la modalidad de “escruches” recuperarán la libertad por una resolución del juez Octavio Silva, en la que cuestionó duramente la "inactividad fiscal" desde que se produjo la detención de los involucrados, a fines de marzo de este año.
La banda se movilizaba a bordo de una camioneta Tiggo blanca secuestrada por PDI
Mauro, Mario y Ceferino Yamamoto, Cristopher Mendoza y Cintia Aguirre se encuentran en prisión preventiva desde el 1 de abril por un acuerdo entre la fiscal que tenía entonces a su cargo la investigación, María Laura Martí, y los abogados particulares Juan Aguilar y Germán Corazza, quienes solicitaron la revisión de la medida cautelar por considerar que la investigación está culminada y por lo tanto ya no hay riesgos procesales.
En la audiencia desarrollada este mediodía la fiscal Yanina Tolosa insistió con la necesidad de mantener la prisión preventiva ya que hay teléfonos celulares que fueron remitidos a pericias, además de la necesidad de preservar a los testigos y las víctimas para una futura declaración en juicio.
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Plazos vencidos
Al solicitar la revocación de la prisión preventiva, el defensor Corazza argumentó que la misma fue impuesta por un acuerdo entre las partes con la fiscal actuante en aquel entonces, María Laura Martí, por treinta días para la revisión de la medida.
“Ese plazo se ha excedido y actualmente no existen riesgos procesales porque la investigación está culminada. Además declaró la coimputada quien se reconoció organizadora de la banda y con la fiscal Martí habíamos avanzado en una salida alternativa a través de un procedimiento abreviado”, manifestó Corazza.
El defensor insistió que el último acto investigativo realizado por la Fiscalía fue la declaración de la coimputada Cintia Aguirre, quien se encuentra en prisión preventiva domiciliaria. Los fiscales Martí y Lacuadra le tomaron declaración el 4 de junio en la sede del Ministerio Público de la Acusación, donde la mujer se reconoció como organizadora de la banda. Para Corazza esto mejora la situación de sus defendidos ya que pasarían a ser miembros de la asociación ilícita, un delito excarcelable.
Cabe recordar que en el mes de octubre el fiscal regional realizó una serie de cambios en la 1ra Circunscripción y las causas que tramitaba Martí pasaron a estar bajo la órbita de la fiscal Yanina Tolosa.
Investigación concluida
Para Corazza el motivo por el que no sea realizaron medidas de investigación en estos meses es porque la causa ya se encuentra concluida. El defensor manifestó que dos personas fueron imputadas en estado de libertad como miembros de la organización, y por lo tanto tras el testimonio de Aguirre, los Yamamoto y Mendoza deberían correr la misma suerte.
Tolosa replicó que si bien la investigación se puede dar por concluida se debe cautelar el proceso hasta el desarrollo del juicio: “realizaban tareas de inteligencia, conocen a las víctimas, sus horarios y sus domicilios. Deben declarar en el juicio y eso debe ser garantizado”, explicó.
Además, para Tolosa la declaración de Aguirre citada por el defensor no cambia la imputación que pesa sobre los sospechosos: “de las escuchas surge que ellos también eran organizadores, a pesar de la declaración de Aguirre que claramente los quiere beneficiar. Es una banda criminal a la que se le atribuyeron siete robos calificados en concurso real”.
La fiscal anticipó que la acusación será presentada a la brevedad y que la intención es lograr penas de cumplimiento efectivo, a pesar de la falta de antecedentes de los involucrados.
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Fuertes críticas
Al momento de resolver el juez Silva realizó una fuerte crítica a la Fiscalía: “se investigan hechos de suma gravedad y complejidad, es incomprensible que desde la detención hasta la fecha el avance de la investigación fue prácticamente nulo. Desde la declaración de Aguirre, hace 6 meses, no se hizo absolutamente ninguna medida”, cuestionó.
Para Silva “la medida cautelar carece de sustento, fue inútil para cautelar el proceso y perdió razón de ser porque no se realizó ninguna medida investigativa”.
Para recuperar la libertad los imputados deberán presentar una garantía personal por un millón de pesos con justificación de solvencia con bienes reales; someterse a cuidado de los guardadores propuestos por los defensores; una vez en libertad no podrán tomar contacto con armas de fuego, ni con las víctimas y testigos además de mantener una distancia de más de 500 metros con ellos, y presentarse cada 15 días en la sede del MPA.
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