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Policiales

Empresario de Esperanza fue detenido por arrojar tarros con pintura a un estudio jurídico de barrio Candioti de Santa Fe

Le imputan además haber colocado una sustancia, por medio de una jeringa, para dañar la cerradura de la puerta del local ubicado en Balcarce al 1100. El viernes se define si queda en prisión.

Un empresario y veterinario de la ciudad de Esperanza fue detenido por una causa que investiga una serie de ataques contra un estudio jurídico del barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe. Se trata de un hombre identificado como Diego Santiago P., cuya detención se concretó el martes, tras un allanamiento ejecutado por policías de la Agencia de Investigación Criminal y el cual fue tramitado por el fiscal Carlos Lacuadra.

Por la causa, Pérez fue llevado a tribunales e imputado este jueves en una audiencia que tuvo lugar en tribunales y que fue presidida por el juez penal, José Luis García Troiano. En la misma, el fiscal Lacuadra le imputó al esperancino ser autor de “daños reiterados”, un delito cuya pena puede llegar hasta un año de cárcel.

Según la imputación del fiscal, el hoy acusado dañó en tres oportunidades el ingreso al estudio jurídico ubicado en Balcarce al 1100, a pocos metros de la intersección con calle Avellaneda. El primer ataque se dio el 3 de abril pasado, a las 4.57, cuando un hombre dañó la cerradura de una puerta mediante la aplicación, con una jeringa, de una mezcla utilizada para prótesis dentales.

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Según la investigación,  los tres ataques quedaron grabados en cámaras de seguridad de la cuadra.

Según la investigación, los tres ataques quedaron grabados en cámaras de seguridad de la cuadra.

Cinco días después, el 9 de abril, la puerta del estudio jurídico volvió a ser dañada tras recibir, a las 4.33, pintura negra. Siete días después, el 16 de abril, a las 4.17, se repitió la misma secuencia, cuando un hombre volvió a presentarse en la puerta del estudio y colocó una mezcla en la cerradura y arrojó un balde de pintura roja sobre la puerta y pared.

Los ataques quedaron grabados en una cámara de seguridad, cuyos registros fueron luego incorporados a la investigación que llevó a cabo el personal de la AIC y que estableció, que el principal sospechoso, sería Diego Santiago P. por lo que el fiscal ordenó su detención y posterior imputación en tribunales.

El caso volverá a tener un nuevo capítulo este próximo viernes en tribunales, fecha en la que las partes discutirán si el empresario debe transitar la causa detenido en un establecimiento carcelario o con medidas alternativas al encierro.

Lo desmiente

Tras ser imputado, el hombre oriundo de Esperanza rechazó la acusación del fiscal y negó ser quien causó los daños al estudio jurídico, cuya abogada representa a su expareja del imputado en un litigio judicial que lleva varios años, según indicaron fuentes judiciales.

“Yo no he cometido esos hechos”, arrancó el empresario. “Soy una persona de bien, nadie le va hablar mal de mí”, agregó en su declaración ante el juez García Troiano, en la cual acusó tener un conflicto judicial de larga data con su expareja que generó tener una serie de resoluciones de la Justicia en su contra.

Yo no he cometido esos hechos”, dijo el empresario en su acto de defensa. Yo no he cometido esos hechos”, dijo el empresario en su acto de defensa.

En tanto, se refirió a la abogada del estudio jurídico y tildó de “prostituir” la profesión que ejerce. “Yo soy un empresario de Esperanza y pago impuestos como un gil para pagar universidades a tipos que hacen mal a la profesión. Hay una animosidad conmigo”, resaltó.

“Detrás de todo esto se esconde lo económico. Hay más de 30 propiedades que ella piensa que son propiedad suya y son mías”, concluyó.

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El dato

En la audiencia de este jueves, el juez García Troiano no hizo lugar al planteo que realizó el abogado Ignacio Alfonso Garrone que solicitó que se declare la ilegalidad de la detención de su defendido a la cual consideró como desmedida al tratarse de un delito cuya pena parte de los 15 días de prisión.

“Resulta desproporcionada la detención del señor en torno al manejo de medidas que permite nuestro código de procedimiento”, dijo tras sostener que no existen elementos para poder cautelar un caso de tales características.

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