domingo 25 de octubre de 2020
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"Ema Pimpi” Sandoval: del atentado a Bonfatti a su letal ejecución a manos de sicarios profesionales

El joven, de 27 años, había sido condenado a una exigua pena de 3 años y 3 meses de prisión por atentar a balazos contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en 2013. El viernes, en un acto planificado y profesional, lo acribillaron a balazos junto a otro muchacho mientras miraba televisión en una casona de barrio La Florida de Rosario, que era una fortaleza repleta de cámaras de seguridad.

El 11 de octubre de 2013 a las 22 la historia institucional y democrática de Santa Fe sufrió el peor atentado. Desconocidos encapuchados a bordo de una moto rociaron a balazos el frente de la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, en Gallo y Darragueira, en el corazón del barrio Alberdi de Rosario. Según las pericias se constataron al menos 14 impactos de bala. Adentro estaban el ex mandatario, su esposa y una empleada, que salieron ilesos de milagro. El hecho causó profunda conmoción y abrió interrogantes. Desde la Casa Gris rápidamente se atribuyó el gravísimo incidente a la lucha contra las bandas criminales y el negocio narco, que por esos días apabullaba con pujas sangrientas y decenas de homicidios.

La casa del ex gobernador Bonfatti.

Al momento de la agresión, Bonfatti y su mujer miraban televisión. La casa no tenía custodia y apenas un patrullero policial rondaba cada tanto, pero estaba a unas dos cuadras del lugar. El cuestionado ministro de Seguridad de aquel entonces, Raúl Lamberto, vinculó el caso a las políticas que impulsó Bonfatti contra el delito. “La lucha contra el narcotráfico es larga, pero no cesaremos” analizó el funcionario. Los mensajes de repudio y pavor brotaron de inmediato a lo largo y ancho de todo el país. No era para menos. Atentaron contra la vida de un gobernador.

Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales se concentraron en tratar establecer el responsable de semejante atropello al estado de derecho. Y así surgió por primera vez en las crónicas policiales, como nunca antes, el nombre de Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval como el principal sospechoso. El joven, por ese entonces de apenas 21 años, fue detenido el 9 de noviembre de ese año en el shopping Portal. Todos los informes de inteligencia sugerían que había sido el organizador de la balacera.

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Entonces lo acusaron de los delitos de abuso de armas agravado, portación de arma, daño y amenazas calificadas. A su vez, el policía Pablo Espíndola fue procesado por encubrimiento agravado, porque una de las armas usadas para el atentado a Bonfatti fue encontrada en su poder. En diciembre de 2014 ambos acusados obtuvieron una morigeración a la prisión preventiva y accedieron a un arresto domiciliario, aunque la querella que representaba a Bonfatti apeló, y en segunda instancia la Cámara Penal revocó el beneficio al policía y mantuvo la medida de coerción respecto de Sandoval.

Esta es la casona en la que fue ejecutado Ema Pimpi Sandoval el viernes.

En diciembre de 2015 Ema Pimpi reconoció su responsabilidad en el ataque al ex gobernador y acordó, en un discutible proceso de juicio abreviado, una condena a 3 años y 3 meses como “instigador y organizador” del ataque contra la casa del ex titular de la Casa Gris.

Antes que de que se cerrara ese acuerdo, Bonfatti debía presentarse ante el juzgado de Instrucción de la ex jueza y electa vicegobernadora Alejandra Rodenas, que lo citó para que impulsara la querella. Pero llamativamente en su lugar mandó un escrito con su abogado, el ex ministro de Justicia Héctor Superti. Decidieron no presentar acusación contra Ema Pimpi al entender que no había elementos para llevarlo a juicio oral y público, aunque meses después sí lo hizo con el uniformado Espíndola.

Las interpretaciones fueron muchas. Esa postura del primer mandatario no tenía correlato con el perfil de un hombre defensor de las instituciones, que cuando podía prometía terminar con las mafias y la delincuencia. Víctima de un atentado criminal irracional, y con las herramientas jurídicas a disposición para darle un cierre acorde al proceso, no accionó contra su victimario. La opinión pública quedó descolocada ante el cabildeo.

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Claramente eso debilitó la postura del fiscal Enrique Paz, que igualmente avanzó con la acusación. El juicio abreviado finalmente se homologó en el despacho del juez de Sentencia Ismael Manfrín. En la resolución también se le sumaron a Pimpi sanciones por causas de abuso y portación de armas y lesiones.

La hipótesis de la Fiscalía siempre giró en torno a un intento de sacar al entonces jefe de la comisaría 10ª, Roland Cuñé, con jurisdicción en la zona norte, para poder avanzar con delitos vinculados al narcotráfico que regenteaba Sandoval. Cuando se firmó el abreviado, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, se mostró sorprendido y expresó que “la pena no podía ser negociada en un caso de conmoción social, porque la ciudadanía necesitaba saber qué sucedió a través de un juicio oral y público”.

Al policía Espídola lo condenaron a seis años de prisión (la Cámara Penal confirmó la sentencia en 2017) por los delitos de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por tratarse de un funcionario público, tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación de arma de guerra y uso de documento público falso. Es que días después del ataque a la casa del gobernador se realizó un allanamiento en la comisaría 10ª, en cuyo patio los investigadores hallaron un auto Ford Fiesta, y en su interior una pistola calibre 11.25. Luego se determinó que fue una de las utilizadas en el atentado. El policía que estaba de guardia en la seccional era Espíndola.

En febrero de 2016 Sandoval quedó en libertad tras cumplir parte de la sentencia, casi 14 meses entre las cárceles de Coronda y Piñero y otro lapso igual bajo arresto domiciliario. Está claro que un tipo de su peso y recorrido en el mundo del delito salió fortalecido del proceso judicial después haberle mojado la oreja al poder judicial y político a pesar de la acusación tan grave en su contra. Sin embargo, su nombre volvió a retumbar en el barrio Parque Casas vinculado a balaceras, aprietes y el comercio de droga. Se movía en sociedad con la banda de Lichi Romero en Barrio Cristalería, Nuevo Alberdi, el Municipal, Zona Cero, y una franja pegada a la autopista a Santa Fe que se conoce como Ciudad Oculta, en el extremo norte.

Y de nuevo quedó pegado en un hecho violento ocurrido el 27 de junio de 2017 a la madrugada, cuando los primos Juan y Marcos M., de 18 años, fueron a comprar drogas con un tercer hombre a un búnker de Cavia y Gallardo. Al retirarse, los jóvenes advirtieron que la mercancía no era la que habían solicitado, volvieron y se lo recriminaron al soldadito. En el kiosco de drogas fueron tajantes: les contestaron que se fueran sin rezongar porque iban a buscar a los Sandoval para ajustar cuentas, lo que finalmente ocurrió.

Eran las 3.30 cuando los primos fueron atacados a balazos en los brazos y en el tórax. Sufrieron graves heridas pero sobrevivieron. Según los datos colectados en ese momento, los tiradores se movilizaban en una moto Honda Tornado, y otros cuatro en un Peugeot 307 gris que piloteaba Ema. El caso quedó en manos del Fiscal Adrián Spelta, que reunió evidencias contra el sospechoso y su hermano Lucas, y ordenó tareas de inteligencia en su entorno. Las Tropa de Operaciones Especial (TOE) le seguía los pasos, hasta que el 2 de marzo de 2018 detuvo a Ema en una pensión de Fray Luis Beltrán. Andaba fugado de un lado al otro cometiendo tropelías, y sabía que lo buscaban.

Un mes antes ya había sido detenido su hermano, a quien se imputó por ese hecho y la jueza Mónica Lamperti le dictó prisión preventiva por el plazo de ley. El fiscal remarcó que “Pimpi” y Lucas pasaron en la moto Honda Tornado y un Peugeot 307 gris junto a otras personas y balearon a Juan M., Marcos M. y a Ricardo N. La jueza de primera instancia Paula Alvarez convalidó la hipótesis de Spelta y envió a juicio a los hermanos Sandoval. Hace tres meses Spelta elevó la requisitoria a juicio y solicitó 12 años de prisión para ambos. El juicio estaba previsto para el 2020.

En el marco de ese proceso y con el debate oral y público en el horizonte, en abril pasado Pimpi Sandoval requirió ante el juez de primera instancia Hernán Postma un cambio de domicilio para continuar con un arresto domiciliario que había logrado unos meses antes.

Anduvo por una casa de Funes donde no se podía monitorear la tobillera electrónica porque no había señal de wi fi, luego se fue a vivir a un departamento austero de barrio Rucci. Y finalmente recaló en la vivienda de dos plantas de Pago Largo 654, propiedad del juez de la Cámara Civil y Comercial de Rosario Oscar Pucinelli. El magistrado tiene un hermano, Claudio Puccinelli, que es un abogado penalista con perfil bajo, con el cual hace años que mantienen un conflicto familiar. “Ni se hablan”, dicen con naturalidad en los corrillos de los Tribunales provinciales. Claudio logró cierta notoriedad cuando tomó la posta en lugar de Superti en el caso del atentado a la casa de Bonfatti, e instó la querella contra el policía Espíndola.

A pesar de las coincidencias, el juez se desligó de las interpretaciones espurias. Desde Costa Rica, donde lo sorprendió la noticia, afirmó a medios rosarinos no estar al tanto sobre el trabajo de su hermano. “No conozco a las víctimas, sólo a Matías Lange, con quien firmé el contrato. Estuve con él en una oportunidad cuando me pidió que hiciera unos arreglos en la casa”, aclaró Oscar.

El funcionario judicial se refería a cuestiones formales que desligó a la inmobiliaria STI para despersonalizar el trato comercial por la renta de la vivienda. El juez tuvo su momento de exposición pública en 2009, cuando tramitó el fideicomiso de Newell’s Old Boys y la quiebra de la Terminal Puerto Rosario. En ese contexto denunció tener los teléfonos pinchados de su despacho.

Lo cierto el Matías que refirió Puccinelli es hijo de Fernando Lange, dirigente de la Cámara de Radiotaxis de Rosario. Cuando se ventiló semejante situación, el hombre salió rápidamente a desligar a su hijo. “Me dijo que un amigo del asesinado le pidió una gauchada, y él accedió. Matías tiene 24 años, nosotros lo mantenemos porque no tiene trabajo para pagar un alquiler”, describió Fernando.

Al mismo tiempo, el abogado penalista Fausto Yruyre se mostró sorprendido por la suerte que corrió su cliente Ema Pimpi, aunque no hizo valoraciones sobre posibles motivaciones del crimen. Consultado por Aire Digital se limitó a decir que el joven “estaba tranquilo a la espera del juicio en su contra”. Que “en ningún momento le manifestó tener miedo”, aunque la casa estaba repleta de cámaras de seguridad que hizo instalar la víctima en el interior y su entorno.

“El contacto que teníamos era mínimo, solamente para tramitar la domiciliaria porque quería estar en un lugar más amplio. Y a veces me llamaba por teléfono ansioso por el juicio. Sabía que no había elementos para condenarlo en la causa por la doble tentativa de homicidio, la investigación era muy endeble. Pero también era consciente que podía recibir pena por el peso de su nombre”, recalcó el profesional.

A las 5.50 de la mañana de viernes Rosario despertó con un nuevo doble crimen, pero no era uno más. Habían asesinado a la persona que seis años atrás baleó la casa de un gobernador, un hecho inédito en la historia de la provincia. Según la información preliminar se trató de un acto claramente planificado, cuando al menos dos personas armadas llegaron a la casona de Pago Largo al 600. Primero cortaron el suministro eléctrico de la residencia y con una maza destrozaron la puerta, y al ingresar rociaron de plomo a los tres jóvenes que miraban televisión en el living.

Con la escena controlada, los sicarios subieron a la planta alta y gatillaron varias veces contra una joven que trató de parapetarse en un habitación. Las víctimas eran “Ema Pimpi” y Mirco Dylan Saldaño, de 19 años (primero identificado como Alan Sánchez) y Gastón Gabriel S., de 20 años. Mirko murió en el lugar por ocho disparos, seis en la espalda y los restantes en el cuello. Ema Pimpi recibió tres disparos en el abdomen y uno en el pecho. Mal herido fue trasladado por un allegado al Hospital Alberdi, y luego derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde finalmente falleció a las 7.30.

La joven, identificada como Rocio G., de 22 años, recibió cinco impactos en el tórax y heridas de arma blanca en la pierna derecha y el cráneo (murió el sábado en el Hospital Heca de Rosario). Gastón Gabriel S., sufrió heridas por balazos, el más grave en la cabeza con orificio de entrada y salida. Fue internado también en el Heca, en estado reservado.

El fiscal Spelta se presentó en la escena del doble crimen y confirmó que dentro de la casa se colectaron 14 vainas servidas calibres 22 y 9 milímetros. Al parecer no hubo intercambio de disparos. Según el cotejo preliminar de las heridas que sufrieron las víctimas con los plomos dispersos en el lugar, los agresores no erraron un solo disparo. La vida del tristemente célebre Sandoval se extinguió como vivió: a los tiros.

Las preguntas que atraviesan esta muerte son múltiples. Desde la poco entendible postura de Bonfatti cuando desistió de querellar a Ema Pimpi; la pena exigua que le aplicaron ante la magnitud del atentado contra la vida de un gobernador; los beneficios de las prisiones domiciliarias otorgados cuando tenía en sus foja penal el gravísimo antecedente (más allá de que las evidencias lo podían favorecer en la acusación de la doble tentativa de homicidio); cómo recaló a vivir en la casa de un juez, cuyo hermano fue abogado del ex gobernador en la causa del atentado; y el aval del hijo de un dirigente gremial que no tenía dinero ni para cargar la tarjeta de colectivo.

El otro costado, tal vez el más oscuro, es quién decidió eliminar a Ema Pimpi Sandoval. ¿Sus rivales en en la comercialización de droga?, que sin Los Monos, Esteban Alvarado o Lichi Romero lo observaron como posible dominador de un amplio territorio de la ciudad. O una fuerza más compleja, tal vez más siniestra. Sea uno u otro, Ema Pimpi fue tragado por el inquietante código criminal que domina esta porción del territorio santafesino.

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