El tráfico y consumo de fentanilo, un laberinto cruel entre el personal de salud
Detrás de una investigación sobre una estafa en Pami descubrieron un consultorio clandestino en Wheelwright donde se vendían drogas duras de origen legal.
El fentanilo, nuevamente en el centro de la escena.
El expediente que empezó como una causa por una presunta estafa millonaria al Pami terminó por destapar algo distinto: un consultorio clandestino en una vivienda de Wheelwright, en el sur santafesino, donde un médico cardiólogo y un enfermero atendían pacientes sin habilitación y manipulaban fentanilo y morfina de uso exclusivamente hospitalario.
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Es una tendencia que cala hondo desde que estos opioides empezaron a entrar a comercializarse en el mercado negro, tras la tragedia que se desencadenó en el laboratorio HLB Pharma con el fentanilo contamido que provocó la muerte de más de 150 pacientes a los que les suministraron esta sustancia que les provocó una neumonía mortal.
La Justicia Federal de Venado Tuerto dictó 90 días de prisión preventiva para ambos imputados, acusados por suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina. El hallazgo, a primera vista un caso policial más, es en realidad una pieza pequeña pero elocuente de un fenómeno que en los últimos dos años transformó la fisonomía del narcotráfico farmacéutico en la Argentina.
El allanamiento que destapó la trama se hizo sobre la vivienda donde convivían el médico y el enfermero, bajo la sospecha de que allí funcionaba un consultorio no autorizado. Lo que encontraron los investigadores fue contundente: 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de bisturíes, jeringas, descartadores hospitalarios y un cargamento de medicamentos —diclofenac, ketorolac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina y penicilina— que no debería circular fuera de un hospital. También había notebooks, una computadora, un celular y talonarios para recetas y estudios de laboratorio: el andamiaje administrativo de una práctica médica clandestina y sostenida en el tiempo.
La causa, a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi, Rocío Estrada y Martín Uriona, se desprendió de una investigación más amplia de la Oficina de Criminalidad Económica y Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, encabezada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, sobre maniobras de facturación fraudulenta al Pami en Wheelwright y Acebal entre 2023 y 2024.
La investigación por defraudación a la seguridad social abrió una puerta que llevó directo al desvío de opioides de alto riesgo. El juez de garantías Aurelio Cuello Murúa formalizó la investigación y ordenó determinar la trazabilidad de las ampollas secuestradas, para lo cual se solicitó información al Ministerio de Salud de la Nación y a los laboratorios productores. Esa pregunta —de dónde salió el fentanilo— es la misma que atraviesa decenas de causas similares abiertas en el país en el último año y medio.
Este caso que se originó en Wheelwright no es un hecho aislado. Es una expresión más de un patrón que la Justicia Federal viene documentando de manera sistemática: el desvío de fentanilo, morfina, propofol, ketamina y remifentanilo desde el circuito hospitalario legal hacia mercados de consumo no autorizado.
A diferencia de otras regiones, donde el fentanilo callejero suele sintetizarse en laboratorios clandestinos con precursores importados, en la Argentina el fenómeno tiene otra lógica: es fentanilo farmacéutico, producido legalmente, que se escurre del sistema de salud por goteo constante. Empleados infieles, robos en hospitales, encomiendas interceptadas en rutas, controles laxos en clínicas y droguerías. El opioide no se cocina en un sótano: se filtra desde adentro.
El caso de Entre Ríos ilustra esa mecánica con crudeza. En abril, Gendarmería interceptó en Paraná un cargamento con 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 de fentanilo, 25 de ketamina y 15 de remifentanilo, junto con más de 15 millones de pesos, dólares, reales, armas y municiones. Días después, la Justicia Federal de Chubut allanó el propio Ministerio de Salud entrerriano, en una causa que apunta a una exenfermera del Hospital Materno Infantil San Roque sospechada de manejar irregularmente esos fármacos. El expediente investiga tanto responsabilidades individuales como fallas institucionales que pudieron facilitar la salida de los medicamentos.
La trazabilidad —esa palabra que reaparece en el expediente de Wheelwright— es precisamente el nudo del problema. La ANMAT amplió en 2025 el monitoreo electrónico para sustancias controladas, con la disposición 6223/2025, después de que la crisis del fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo pusiera en evidencia hasta qué punto los controles podían fallar. Aquel escándalo sanitario, que acumula más de 150 muertes confirmadas por una infección bacteriana en ampollas producidas por el laboratorio de Ariel García Furfaro, no es jurídicamente lo mismo que el desvío narco de fentanilo: una cosa es un producto contaminado por deficiencias de fabricación, y otra la sustracción deliberada para venderlo fuera del circuito médico.
Ambos fenómenos conviven en el mismo expediente judicial, y eso no es casualidad. El dictamen de la fiscal María Laura Roteta sobre la causa HLB Pharma identificó, en paralelo a la contaminación bacteriológica, el desvío del lote 30366 de fentanilo inyectable —producido por la misma firma en 2021— hacia canales ilegales, y calificó el fenómeno como parte de "una problemática regional e internacional creciente", subrayando que la forma inyectable resulta particularmente difícil de rastrear una vez fuera del circuito habilitado.
El propio Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico que conduce Martín Verrier, lleva un registro de procedimientos que multiplica los ejemplos: un enfermero detenido en La Matanza por robar tres ampollas de fentanilo, filmado por las cámaras del propio hospital; un transporte de encomiendas detectado en la Ruta Nacional 11 con 499 ampollas escondidas sin aval aduanero, que derivó en una entrega controlada y una detención en Mendoza; bandas narco que cortan la cocaína con fentanilo para potenciar el efecto. El Poder Ejecutivo, mediante el decreto 122/2026, incorporó formalmente ocho análogos del fentanilo a la lista de sustancias fiscalizadas, reconociendo que el desvío "desde canales lícitos —hospitalarios, farmacias o veterinarias— hacia circuitos ilícitos o usos recreativos" es ya un problema de política criminal, no solo de salud pública.
La lista de profesionales de la salud detenidos por sustraer y vender fentanilo desde adentro del propio sistema es, de hecho, larga y reciente. En enero de 2025, un enfermero y ambulanciero del Hospital Paroissien de Isidro Casanova fue filmado por las cámaras de seguridad mientras robaba tres ampollas; meses antes había sustraído otras siete del mismo nosocomio junto con una de morfina, aprovechando que asistía a un paciente descompensado.
En marzo de ese año, un enfermero de 33 años que hacía suplencias en terapia intensiva del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay fue detenido junto a su hermano, cabo del Ejército, por vender ampollas a 35.000 pesos a través de Telegram: las retiraba una por una en cada guardia y hasta usaba ambulancias del propio hospital para distribuirlas. Terminó condenado a cinco años de prisión. En julio de 2025, una causa de la PROCUNAR destapó una red que desviaba fentanilo desde las farmacias de dos hospitales de Posadas —el Madariaga y el Nuestra Señora de Fátima— hacia un empresario misionero con domicilio comercial en venta de instrumental médico, en encomiendas que viajaban escondidas entre cargas de rutina por la ruta provincial 12. Y en octubre, en Rosario, un enfermero del Pami II fue imputado por robar y revender cápsulas de fentanilo, en un hecho que la fiscalía calificó como parte del mismo patrón regional: empleados con acceso directo al circuito de distribución hospitalaria que encuentran en el desvío silencioso una fuente de ingresos paralela.
Hay además una tercera capa, más reciente: el consumo recreativo de anestésicos por parte de profesionales de la salud, que acceden directamente a esos fármacos sin necesidad de redes externas. La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en febrero, en su departamento de Buenos Aires, con una vía intravenosa conectada y drogas de uso hospitalario en el cuerpo, destapó las llamadas "Propo Fest": reuniones privadas donde médicos y residentes se administraban propofol y fentanilo fuera de todo control clínico. La causa identificó a un anestesiólogo y a una residente del Hospital Italiano como sospechosos de sustraer esos fármacos entre 2023 y 2026.
El caso de Wheelwright no debería leerse como una rareza de pueblo chico. Es la repetición, en escala reducida, de un mecanismo que se viene observando en hospitales de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut y Santa Fe: alguien con acceso al circuito sanitario —un médico, un enfermero, un empleado administrativo— encuentra en el fentanilo y la morfina una mercancía de alto valor y bajo riesgo de detección inmediata. La trazabilidad ordenada por el juez Cuello Murúa —de qué lote salieron esas 243 ampollas, por qué circuito llegaron a una vivienda particular del sur santafesino— es la misma pregunta que atraviesa, multiplicada por decenas, el mapa judicial del fentanilo desviado en la Argentina de los últimos dos años. Cada expediente local que se abre es una pieza más de un rompecabezas nacional que todavía no termina de armarse.