Este fallo revoca el sobreseimiento que los sindicalistas habían obtenido previamente, lo que permite que la causa continúe su curso judicial.
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Cuándo fue el bloqueo de Camioneros
El bloqueo ocurrió el 10 de mayo de 2021, cuando un grupo de unas 10 personas, identificadas como miembros del Sindicato de Camioneros, se apostaron en la entrada de la empresa, impidiendo la salida de camiones y el ingreso de los empleados.
“Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande”, rezaba una bandera y decían: “De acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar”.
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Los jueces de la Corte Suprema –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– hicieron lugar al pedido del empresario y dieron luz verde al avance de la causa.
Los manifestantes exigían el encuadramiento laboral de los trabajadores de la firma. La protesta se prolongó hasta el 18 de mayo, lo que causó pérdidas millonarias tanto a Química Oeste como a otras empresas del sector, especialmente en la industria petrolera.
La denuncia contra Camioneros
Carlos Dos Reis, en nombre de Química Oeste, presentó la denuncia penal contra los manifestantes por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo, argumentando que el gremio buscaba forzar a la empresa a aceptar una delegación sindical propia. La denuncia destaca que el bloqueo fue un "reclamo laboral inventado", que impidió la operatividad de la firma y causó importantes pérdidas económicas.
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La causa judicial fue elevada a juicio oral, pero en una primera instancia, los imputados fueron sobreseídos. Sin embargo, tras la apelación presentada por la querella, la Corte Suprema de Justicia intervino y revocó el fallo anterior, permitiendo que el proceso avance.
En su decisión, la Corte sostuvo que el derecho a huelga no debe afectar derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la industria lícita y a la inviolabilidad de la propiedad privada.
Este fallo de la Corte resalta la importancia de delimitar correctamente los derechos de los sindicatos y su impacto en el funcionamiento de las empresas. La Corte también hizo referencia a un precedente clave en 2016, que involucraba a personas implicadas en el caso del contrabando de dinero de Guido Antonini Wilson, en el cual se había revocado un sobreseimiento por un "injustificado rigor formal".
El avance de la causa establece un nuevo precedente en la interpretación del derecho a huelga y el derecho a la propiedad privada, y marca un hito significativo en la jurisprudencia sobre los límites de las protestas sindicales en el ámbito empresarial. Con este fallo, el caso deberá volver a juicio oral, lo que podría tener importantes implicaciones para futuras situaciones similares.
