En setiembre de 2022 fue asesinado en Pedro Juan Caballero, en la frontera entre Paraguay y Brasil, el periodista Humberto Coronel. Lo mató un sicario en la calle, después de que otro joven hiciera tareas de inteligencia durante bastante tiempo. Unos diez días después fue detenido un cómplice del sicario, que recorría como si fuese una sombra el trayecto que hacía Coronel diariamente.
La investigación del crimen del periodista apunta a que tendría vinculación con otro hecho muy grave que ocurrió en la zona, como fue el asesinato en mayo pasado de José Carlos Acevedo, quien era el intendente de Pedro Juan Caballero. Este hombre, que tenía un apellido con mucho peso político en esa región, fue acribillado en la puerta del municipio, frente a los tribunales provinciales. Según sus familiares, Acevedo estaba cerca de desenmascarar a los autores del homicidio de su sobrina Haylee Carolina Acevedo, que también mató un sicario en la puerta de un boliche.
En Pedro Juan Caballero, una ciudad que tiene unos 100.000 habitantes, se produjeron 20 asesinatos de periodistas desde el retorno de la democracia en Paraguay. Esa región fronteriza se transformó en uno de los lugares más peligrosos de Sudamérica, luego de que las organizaciones criminales brasileñas, como Primer Comando Capital y Comando Vermelho coparan ese punto estratégico, en un principio con alianzas con grupos locales, a los que después aniquilaron.
Hoy PCC maneja las 12 cárceles de Paraguay, y la logística del contrabando de cocaína a Europa a través de la hidrovía Paraná Paraguay.
Esa ruta fluvial se convirtió en un punto estratégico para el crimen organizado, porque es de donde sale hoy la mayor cantidad de cocaína que se produce en el continente. Y si se aleja el zoom de la situación se puede ver que las zonas con mayor conflicto y problemas de seguridad y violencia están asociados a la hidrovía: como Asunción, Rosario y Montevideo. En estos tres puntos separados por más de 1800 kilómetros en la ruta fluvial empieza a verse un fenómeno asociado al crimen organizado que es inédito, no sólo por el volumen de droga que transita por allí –se secuestraron 50 toneladas de cocaína en los últimos dos años- sino también por el flujo económico, a una escala que era desconocida en la región.
Este enfoque expusimos en el congreso anual de Fopea, donde AIRE participó del panel “Periodismo en peligro: narcocriminalidad en Latinoamérica”, junto con los colegas, Reynaldo Sietecase, de Radio Con Vos; Leticia Kleim, de Abraji, Brasil, y Claudio Berón, del diario La Capital de Rosario.
Rosario no es una isla en medio del desierto, sino que es parte de una dinámica más global, que combinada con los problemas domésticos de violencia que enfrenta la ciudad del sur santafesino, por los enfrentamientos territoriales de grupos locales, la transforma en un lugar “poco recomendable” para ejercer el periodismo, como el título del libro del periodista británico James Fenton.
"Van a matar periodistas. Esto tarde o temprano va a ocurrir, porque ocurrió en otros lugares que transitaron el mismo proceso. Pero Rosario es apenas un ejemplo; no es muy distinto a lo que pasa en algunos lugares del conurbano bonaerense. Por eso es necesario que el tema entre en la agenda política”, señaló Sietecase, quien opinó además que lo que está en juego es en definitiva la democracia.
Claudio Berón, periodista de La Capital e integrante del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, hizo un relato de los hechos preocupantes con relación al ejercicio del periodismo que ocurrieron en Rosario en los últimos años, entre ellos, la amenaza que apareció en la puerta de canal 5, donde se presagiaba “matar periodistas”, un mensaje que firmaba “con la mafia no se jode”.
Leticia Kleim de Abraji, una asociación que se dedica a defender y proteger a los periodistas en Brasil, explicó que ese país ha enfrentado el peor momento para la libertad de expresión y prensa en los últimos años. Se trata de una tendencia que se ha identificado desde 2019, con el gobierno de Jair Bolsonaro. Y, el poder ejecutivo, es el primer agresor. Señaló que el 20% de los casos registrados de agresiones contra la prensa tuvo la participación directa del presidente Jair Bolsonaro. En 2021, se registraron 541 alertas lo que demuestra que no es accidental, sino una política de persecución a la prensa como un enemigo. Dijo que la opinión pública deslegitima a la prensa. Lo que debilita al periodismo, y le da más fuerza a la desinformación. "Este sistema de noticias falsas persigue a los periodistas que buscan verificar información". Más del 70% de los casos son discursos estigmatizantes.