Judith S., de 58 años, se quedó con una casa en el barrio La Cerámica de Rosario por una cifra irrisoria de 20.000 pesos. La casa estaba marcada. Dos semanas antes en el frente se incrustaron nueve balazos. La familia que vivía allí decidió emigrar a otra zona de Rosario, con paradero desconocido. Sospechaban que en esa residencia humilde, construida en un terreno fiscal, sin escritura, iba a instalar un búnker la banda que controla La Tata.
Todo es precario en ese barrio; hasta el tiempo. Porque el futuro de Judith S., quien vive sola, con una hermana mayor, está condicionado a que dos jóvenes en moto se detengan por la calle La Cumbre y vuelvan disparar contra el frente de la casa. Y ella sea la nueva desplazada.
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La usurpación de casas de manera violenta es una metodología que comenzó a viralizarse desde hace tres años. Se transformó en un negocio, que indefectiblemente va acompañado por el sonido de las balas. La secuencia empieza con los disparos contra el frente de una casa y después llega el mensaje, el ultimátum para salir de allí. Si el morador se resiste las balas siguen y la situación empeora.
El primer lugar donde esta manera de arrebatar una propiedad se hizo una forma de sustento de soldaditos de la banda de los Funes y Caminos, fue en el Fonavi de Grandoli y Gutiérrez.
A principios de enero de 2018, una vecina de los monoblocks de barrio Municipal, en la zona sur de Rosario, recibió una nota que tiraron debajo de la puerta de su departamento. "O te vas por las buenas, o te vas por las malas, te llamás un flete, te llevas las cosas o te cagamos a tiros esta noche", decía sin metáforas el mensaje escrito con birome azul. Cumpi, un chico de 13 años, armado con una pistola 9 milímetros, fue el autor del texto.
Unas horas después, la inquilina del departamento huyó despavorida. Sabía que ese niño armado no tenía piedad. Al otro día la mujer se vio obligada a retornar al departamento para buscar sus muebles y pertenencias.
En ese momento Cumpi reapareció en el edificio. Y su advertencia, según declaró la mujer en una audiencia judicial, fue más intensa. El joven le apuntó con su arma a su hija de 4 años. Con el caño de la pistola en la cabeza de la pequeña, insistió: "Te agarra la noche y te mato, así que apuráte".
La mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva, huyó de inmediato. El clan Funes se quedó con su casa, que utilizaron como aguantadero y escondite, y para guardar armas y drogas. Cumpi era uno de los miembros más jóvenes del clan, y vivía con Mónica H. y Brian, madre y hermano de Carlos Fernández, uno de los lugartenientes de esta banda, que como Cumpi empezó desde pequeño en este rubro violento. La historia de este chico es parecida a la de "Pelo Duro", como le dicen a Fernández, actualmente detenido en la cárcel de Piñero, que comenzó su raid delictivo a los 15 años, cuando en 2006 lo detuvieron nueve veces.
Cumpi y sus dos cómplices fueron detenidos luego de que más de 200 efectivos realizaran 24 allanamientos en ese Fonavi. Ese complejo de departamentos de cuatro pisos se construyó en la década del 80’ y es el más grande del país: allí viven 55.000 personas.
En diálogo con Aire de Santa Fe, el fiscal Matías Edery adelantó que este año el Ministerio Público de la Acusación comenzará a relevar con mayor precisión los ataques a balazos contra los frentes de las casas. “Hay más de 500 por año. Y queremos profundizar sobre los negocios que hay detrás de este tipo de violencia. Porque se utiliza para toda forma de coacción. Lo usan en las internas sindicales, la gente que usurpa casas, y todo está atravesado por la narcocriminalidad”, sostuvo el funcionario.
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Edery señaló que la mano de obra que se utiliza para realizar estos ataques son jóvenes sin mucha experiencia, que tienen un arma y una moto. “No se necesita mucho más ni tampoco es muy sofisticado. Y sobre todo es muy difícil de prevenir, por lo que la efectividad está casi asegurada”. Según el fiscal, estos jóvenes cobran entre 2.000 y 3.000 pesos por balear una casa.
Hasta ahora los ataques a balazos que se investigaron son los que tuvieron como blanco los edificios estatales. Se produjeron más de 25 balaceras contra estos inmuebles, como el Centro de Justicia Penal, la fiscalía y los tribunales, desde 2018. Empezaron Los Monos, según detectó la Justicia, pero después se transformó en un método de amenaza y amedrentamiento para conseguir algo, una casa, dinero o simplemente expresar rencor. “Nos han contado casos que balearon una casa por un problema de infidelidad. Es peligroso que estos métodos se impongan porque son muy difíciles de erradicar”, afirmó el fiscal.
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