El crimen ocurrió el 18 de septiembre del 2022, cuando Leandro viajó con su hermano desde Villa Fiorito —donde residía— hasta Santa Fe con el objetivo de comprar una motocicleta que había visto publicada en la red social Facebook.
Según la investigación, el bonaerense se dirigió hasta Larrea 1600 con dinero y una consola de Play Station para efectuar la operación comercial. Sin embargo, al llegar a esa dirección del barrio Coronel Dorrego se topó con dos ladrones que buscaron sustraerle el dinero, por lo que Leandro huyó del lugar y en pleno escape recibió un balazo en la nuca.
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El joven bonaerense cayó al piso y debió ser trasladado al hospital José María Cullen, en donde le diagnosticaron muerte cerebral y con posterioridad falleció.
Un homicidio y dos calificaciones
Por el caso, está en el banquillo de los acusados un hombre identificado como Iván Oscar Carrizo (22), el cual se encuentra con prisión preventiva y a la espera de ser juzgado ante un jurado popular en tribunales.
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El caso tiene previsto hacerse en el subsuelo de tribunales de Santa Fe.
El mismo fue imputado como coautor de robo calificado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa y homicidio doblemente calificado criminis causae y por ser cometido con arma de fuego, por lo que la Fiscalía y querellan anticipan un pedido de prisión perpetua.
No obstante, y como imputación alternativa, el bloque acusador apunta al homicidio calificado por el uso de arma de fuego y robo calificado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa, y aspira a una condena de 28 años de prisión efectiva.
En tanto, la defensa de Carrizo, a cargo de la defensora pública, Virginia Balanda, rechaza los pedidos de condena y apunta a una absolución de culpa y cargo de su asistido.
Luz verde para el jurado
Tras la implementación del juicio por jurados en la provincia, la querella del caso, a cargo del abogado Sebastián Gervasoni y el fiscal Estanislao Giavedoni, solicitaron que la contienda judicial se resuelva ante un jurado popular.
Tal medida fue planteada ante el juez Sebastián Szeifert quien dio luz verde al pedido y admitió la acusación que pesa contra Carrizo, a su vez ratificó la prisión preventiva hasta el juicio y dispuso que el caso sea analizado por doce jurados.
De ahora en adelante, la Oficina de Gestión Judicial de tribunales deberá sortear el juez que tendrá que coordinar el material probatorio que se ventilará en el futuro debate, que además tendrá que coordinar una vez que se ponga fecha de inicio.
