Alvarado fue condenado a prisión perpetua en 2022 en la Justicia de Santa Fe por el asesinato de un prestamista y por montar una asociación ilícita con un entramado de empresas legales gestadas con sus negocios económicos. En ese juicio, uno de los testigos más fuertes sobre el sistema de protección que tuvo Alvarado fue Lencina, la persona a la que ahora el Consejo quiere escuchar, a solicitud de la consejera acusadora, la diputada nacional por Santa Cruz Roxana Reyes.
Como publicó AIRE en ese momento, el agente de la PSA relató a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que le llamaba la atención cómo Bailaque había desestimado informes que había elaborado esa fuerza contra Alvarado. Fueron 14 informes sobre este narco que se enviaron a la Justicia Federal de Rosario a partir de 2012. Lo paradójico fue que gran parte de esos documentos sirvieron para condenar a Alvarado una década después en el fuero provincial.
El trámite disciplinario contra Bailaque avanza en el Consejo de la Magistratura a la par de que se reactivara una causa contra el contador Gabriel Mizzau, quien extrañamente, como publicó este medio, compartía tareas profesionales entre el juez y el jefe narco Alvarado.
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Tras la publicación de esta información sobre Bailaque en AIRE, el 11 de junio pasado, algo que se sabía desde hace tiempo en los pasillos de tribunales, la propia justicia federal empezó a investigar al contador de Alvarado, Gabriel Mizzau. ¿Todos sabían dentro de la casona de Oroño y Rioja que esto ocurría y recién ahora provoca reacción? La implementación del nuevo sistema acusatorio provocó cambios profundos en la cotidianidad de una jurisdicción compleja, donde los narcos eran condenados por narcotráfico después de que la Justicia provincial los sentenciara por asociación ilícita y delitos violentos, como sucedió con la mayoría de los jefes narcos, entre ellos, la banda de Los Monos, Alvarado y muchos más.
La Justicia ordenó la semana pasada un allanamiento en el estudio contable de Mizzau, quien es el que puso su firma en los balances de las empresas que usaba de manera legal Alvarado para lavar dinero, como Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL. El contador tiene una función clave en una empresa. Pero, además, su figura, según la legislación vigente, tiene obligaciones por ser “sujetos obligados” a reportar ante la Unidad de Información Financiera operaciones que consideren sospechosas para que el organismo pueda eventualmente abrir una investigación. Aparentemente, Mizzau no lo hizo con las firmas que manejaba Alvarado.
En el juicio contra Alvarado en el fuero provincial, la funcionaria que sufrió atentados en su contra tras investigar a nivel económico a Alvarado expuso que el contador que manejaba estas empresas que usaba como pantalla el líder criminal era Mizzau.
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El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque está bajo la lupa por su presunto vínculo con el narco Esteban Alvarado.
Cuando los agentes fueron a allanar los domicilios que figuraban en la AFIP y en el Consejo de Ciencias Económicas como estudios de Mizzau se encontraron que allí no había tal cosa. El periodista Carlos Pagni contó en su programa del lunes algo “curioso”. “El jueves de la semana pasada se dictó una orden de allanamiento sobre las oficinas del contador Mizzau. Cuando lo fueron a buscar, no estaba. No apareció hasta el viernes a la noche. Lo curioso es que ninguno de los domicilios que había dado el contador ante la AFIP o el Consejo de Ciencias Económicas era el que, en realidad, utilizaba. No eran ni los domicilios de su estudio ni los de su casa. Que un contador no declare el domicilio real de su estudio es una falta grave. Por casualidad, hay que suponer, el primer juez al que se solicitó esa orden de allanamiento fue Bailaque. Obviamente, se excusó. Nadie sabe muy bien si se enteró de cuál era el blanco del allanamiento. Pero todo el mundo sospecha en la Justicia de Rosario lo obvio: que Bailaque le avisó a Mizzau”.
Hay otra cosa llamativa en esta trama, que tiene que ver con este tema casi no tiene repercusión en los medios de comunicación de Santa Fe, una tendencia que viene desde hace tiempo acentuándose con temáticas delicadas, que analizan con preocupación en la alta jerarquía de la Corte Suprema de la Nación, donde hay dos santafesinos que siguen de cerca estas cuestiones.
Con el lanzamiento del sistema acusatorio en Rosario, donde los fiscales son protagonistas de los casos, se inició el sumario en el Consejo de la Magistratura contra Bailaque el pasado 10 de abril. Ese trámite está en sus inicios, pero las acusaciones tienen tal contundencia que nadie se jugó para defenderlo, ni siguiera sus colegas del estamento de los jueces.
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En 2022, durante el juicio contra Alvarado por el asesinato de un prestamista, los dos fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al alegar, anticiparon que pedirían al Consejo de la Magistratura que analizara la conducta de un juez federal, sin nombrarlo. También plantearon que enviarían la causa en la que Alvarado fue condenado a prisión perpetua a ese cuerpo investigativo. El juez al que no mencionaron era Bailaque, que rechazó pedidos de intervenciones de los teléfonos de Alvarado y de su entorno en 2013, según declaró en el juicio el exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emilio Lencina. El magistrado federal recién procesó al jefe narco en 2019.
La denuncia motivó la apertura del sumario en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que dirige el consejero Miguel Piedecasas. El sumario lo lleva adelante la diputada Roxana Reyes. Piedecasas puso a consideración de la Comisión de Acusación la solicitud de Reyes para que declaren en el sumario un grupo de fiscales que sumaron elementos sobre la actuación del juez. En particular los fiscales provinciales Schiappa Pietra y Edery, del área de Criminalidad Compleja del Ministerio Público de la Acusación, y también el exfiscal federal Marcelo Di Giovanni y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias.
La dinámica de la justicia federal de Rosario muestra que alguien que está cuestionado no se lo aparta ni se lo sanciona, sino que se lo asciendo. “Sale hacia arriba”, ejemplifica una alta fuente judicial. En el caso del juez federal N°4 de Rosario Bailaque, pasó eso.
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Desde el 7 de abril de 2018, Bailaque espera que se defina su ascenso a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Sacó el puntaje más alto en el concurso N°373 para ser vocal de ese cuerpo. Bailaque obtuvo 146 puntos y quedó en primer lugar en la terna en orden de mérito, detrás de Marcelo Del Teglia, y de Daniel Alonso.
Alonso es otro de los jueces cuya situación es delicada y está bajo análisis del Consejo de la Magistratura, acusado de haber dictado una medida contra un fallo de la Corte.
Desde que Bailaque ganó el concurso, su nombre estuvo dando vueltas para cubrir esa vacante, pero nunca se concretó su nombramiento. Unos días antes de que se revelara esta trama entre el juez, el contador y el jefe narco, a Bailaque lo designaron para que subrogue otro juzgado, el de Rafaela, desde el 9 de junio pasado hasta el 8 de junio de 2025. Ahora tiene dos juzgados a su cargo.
