Valentín Giordano se encuentra imputado como coautor de los delitos de doble homicidio simple con dolo eventual y de correr picadas ilegales (realizar pruebas de destreza y velocidad sin autorización, en palabras del Código Penal), atribución que comparte con quien iba al volante del otro automóvil.
El imputado ya había declarado en tribunales, el 5 de diciembre ante la jueza Cecilia Labanca, el día que recuperó la libertad; sin embargo, esa declaración se realizó sólo con la presencia de los familiares de las víctimas, ya que la magistrada había hecho salir a los periodistas de la sala.
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La declaración del imputado
Giordano declaró al finalizar las exposiciones de las partes: primero, la fiscal Rosana Marcolín había reclamado la nulidad del fallo que le había otorgado la libertad y reclamado que se imponga la prisión preventiva; luego, su abogado defensor Agustín Marquez, junto a Esteban Yossen, había solicitado que se confirme la resolución cuestionada.
"No me va a alcanzar la vida para pedirle perdón a la familia, no me imaginé que esto podía pasar", dijo el conductor de 19 años antes de que el juez de la Cámara de Apelaciones, Roberto Prieu Mántaras, dictara un cuarto intermedio para analizar las manifestaciones de las partes.
Casi una hora y media después, el camarista dio a conocer su decisión de dictar la nulidad del fallo de Labanca e imponer la prisión preventiva a Valentín Giordano.
Antes, durante la audiencia, se había ventilado que el imputado había terminado el secundario tres días antes de protagonizar la picada mortal, y que se habían podido rescatar a través de pericias, registros que confirmaban el vínculo de Giordano con la conducción temeraria de automóviles.
Por otra parte, Márquez había relatado cómo cumplía el imputado las alternativas dictadas por la jueza de primera instancia: realizaba trabajo comunitario, comenzó a estudiar, está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, y casi no sale de la casa en al que residía, hasta ayer, junto a sus dos guardadores en la zona de Colastiné.
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La prisión preventiva de Giordano fue resuelta en una audiencia en la Cámara de Apelaciones
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Picada mortal
El 24 de noviembre de 2024, Norma López y Marcos Arias fueron embestidos por un automóvil que circulaba a gran velocidad, cuando cruzaban por la senda peatonal de Ruperto Godoy, en una zona de carribares; con ellos también se encontraba su hijo Ramiro, un adolescente de 16 años que logró esquivar el VW Bora que corría una picada junto a otro automóvil por la Avenida Almirante Brown.
Giordano y el joven que lo acompañaba fueron retenidos por algunas del centenar de personas que se encontraban en la costanera esa noche, cuando el motor de su automóvil se detuvo en la intersección de la avenida con calle Huergo. La situación fue notificada a la fiscal Rosana Marcolín, que imputó a Giordano como coautor de los delitos de doble homicidio simple con dolo eventual y la realización de pruebas de destreza y velocidad sin autorización, es decir, de haber estado corriendo una “picada” callejera.
Las primeras medidas investigativas permitieron reunir la evidencia necesaria para comprobar que Giordano corría una picada con otro automóvil, cuyo conductor también fue identificado e imputado, que la pena que corresponde al delito es una pena alta de cumplimiento en prisión y que además, tras embestir a las víctimas, el conductor había intentado escapar del lugar; por todos estos motivos la Fiscalía solicitó que Giordano continúe detenido en prisión preventiva hasta el desarrollo del juicio.
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El pedido de prisión preventiva fue analizado por la jueza Cecilia Labanca, quien dio por acreditado todo lo expresado por la Fiscalía, y también analizó la postura defensiva que propuso una imputación por homicidio culposo, además de la “picada”. Sin embargo, cualquiera de las hipótesis tenían el mismo destino: Giordano cumplirá la condena tras las rejas, con una pena que va de los 8 a los 28 años, según la imputación fiscal, o de 3 a 9, según la tesis defensiva.
De todos modos, la jueza decidió darle la libertad a Giordano con una serie de medidas alternativas. La fiscal Marcolín recurrió a la Cámara de Apelaciones para solicitar la nulidad parcial de esta resolución por considerar que el fallo de Labanca no tenía fundamentos, y para reclamar la imposición de la prisión preventiva del imputado.
La audiencia por el pedido fiscal se realizó el lunes en la sala 5 de la Cámara de Apelaciones de los tribunales santafesinos, y fue presidida por el juez Roberto Prieu Mántaras, quien compartió el criterio fiscal, dictó la nulidad del fallo de la jueza Labanca por ser infundado y dictó la prisión preventiva de Valentín Giordano.