Durante años abusó de sus hijas discapacitadas y las embarazó reiteradamente

El sujeto quedó imputado por abuso sexual agravado por el vínculo y por ser el guardador de las adolescentes, que sufrieron el calvario a las que las habría sometido siendo su padre desde que eran menores.

A su vez, sobre su concubina, Ana María V., también recayó la resolución judicial de prisión preventiva por idéntico lapso de tiempo. La mujer fue imputada por encubrir a su pareja en los abusos. Tanto es así que era ella la que anotaba en el Registro Civil local a los hijos que el chacal procreaba con su propia sangre.

El caso salió a la luz a fines de marzo pasado por una denuncia anónima. Luego, adquirió mayor énfasis gracias a una ONG de Calchaquí, que tenía contacto con las víctimas, que al igual que toda la familia vivían en condiciones infrahumanas en una suerte de choza situada en las afueras de la ciudad.

Una vez que Fiscalía tomó la causa, dio intervención inmediata a la División Trata de Personas de Reconquista, y a la Subsecretaría de Niñez de Vera, que intervinieron en base a entrevistas, que determinaron la probabilidad de la existencia de los abusos.

El matrimonio de hecho fue alojados en la alcaidía verense. Ambos afrontan graves cargos en su contra. Los 8 menores, fruto de la relación incestuosa, fueron derivados para sus cuidados a la Fundación Luminares que funciona en la ciudad donde viven.

El fiscal del caso Martín Gauna Chapero avanza en la recolección de pruebas y testimonios. Ordenó que en un plazo inmediato se realicen las pruebas de ADN a los 7 inocentes y al padre – que en esta aberrante realidad sería padre y abuelo – para determinar la paternidad. Y, por ende, su culpabilidad y la de su mujer.

Con la mayor de las hijas, hoy con 30 años de edad, y cierto retraso madurativo, se presume que trajo al mundo 5 hijos: dos mujeres que hoy tienen 13 y 14 años, y otros tres de menor edad. En tanto, con la menor, de 20 años, engendró 2 chicos, hoy de corta edad, y la adolescente está embarazada nuevamente.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada al 144, el número gratuito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para mujeres víctimas de violencia que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.

La persona que se comunicó, dio detalles y pidió que la Justicia investigue a un padre de familia por el presunto abuso de sus hijas, que vivían con él y su mujer. El o la denunciante manifestó que esos hechos de carácter sexual estarían ocurriendo en una vivienda de la más precaria construcción ubicada a unos 3 kilómetros de la ciudad.

Y apuntó que el abusador (de apellido G.) no solo sería el padre de las adolescentes, sino que además habría procreado con ellas un número indeterminado de hijos.

La exposición del caso realizada al 144 enseguida fue comunicada a la Comisaría de la Mujer que tomó cartas en el asunto y dio aviso inmediato a Fiscalía. Y desde esa instancia se solicitó la intervención a la Agencia Provincial de Investigación sobre Trata de Personas.

En la casa descrita como “terrorífica” por los investigadores, construida con chapas viejas, maderas y bolsas, vivían entre 11 y 13 personas en condiciones inenarrables, desprovistas de todo tipo de servicios indispensables y en medio de una promiscuidad alarmante. “Es inimaginable que alguien pueda vivir así en pleno siglo 21, es de terror”, dijeron quienes llevan el caso. Los hijos e hijas del matrimonio presentan todos problemas de discapacidad, lo que volvió complejo el trabajo de los profesionales para llegar a la verdad.

Fuente: Oficina de Prensa MPA