La investigación estuvo a cargo de la AIC. Hoy, dos de sus integrantes fueron imputados por filtrar información de la causa a los sospechosos
Dos policías de la Agencia de Investigación Criminal se encuentran detenidos por haber filtrado información sensible de por lo menos dos causas que lleva adelante la Unidad de Delitos Complejos, según les atribuyó el fiscal Ezequiel Hernández esta mañana.
La audiencia imputativa se desarrolló en la sala 3 del subsuelo de tribunales ante el juez Jorge Patrizi. Carlos Darío R. y Pablo Daniel G. cuentan con la asistencia de los abogados particulares Ramiro Díaz Duarte y Esteban Yossen, quienes anticiparon que los policías imputados van a declarar en la audiencia de medidas cautelares, la próxima semana.
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La sospecha sobre los uniformados comenzó en el mes de septiembre, cuando las fiscales Laura Urquiza y Mariela Jiménez se encontraban investigando una serie de violentos robos cometidos en Santa Fe y la zona.
Las fiscales detectaron a una banda que se contactaba con sus víctimas simulando transacciones comerciales o de divisa extranjera, y los terminaban asaltando. Los primeros implicados fueron detenidos el 10 de septiembre en barrio Guadalupe, tras un operativo controlado por la AIC, y con el avance de la investigación se los vinculó con varios robos violentos más.
Al día siguiente de estas detenciones se cometió el primer hecho atribuido por Hernández a los policías: el 11 de septiembre a las 21 horas, cuando realizaba un allanamiento en el domicilio del líder de la banda, Julio César Gutiérrez, en calle Mitre al 7000 de la ciudad de Santa Fe, “haber obligado a Gutiérrez a que le haga entrega de 150 mil pesos, diciéndole que si no lo hacían, se lo llevarían detenido por encubrimiento y le secuestrarían una moto y una camioneta que tenía en el taller”, precisó el fiscal. Gutiérrez hizo entrega en el momento de 50 mil pesos, y a los pocos días les entregó los 100 mil restantes, ante la exigencia de los policías.
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A continuación, el fiscal Hernández relató el segundo hecho atribuido a los imputados: el 15 de septiembre alertó a Gutiérrez que ese mismo día se iban a realizar una serie de allanamientos en los domicilios de los otros miembros de la banda, que ya se encontraban detenidos, “ayudando de esta manera al mencionado así como a los demás miembros a eludir la investigación”.
Diez días después, utilizando la información obtenida en ocasión de sus funciones como policías, el 24 de septiembre ayudaron a los investigados Julio Cesar Gutiérrez, Ariel Joaquín Cuatrin y Hugo Almitrani a eludir la investigación, advirtiéndoles que sus domicilios iban a ser allanados dos días después, y que pesaba una orden de detención en su contra. Con esta información, Gutiérrez logró evadir el accionar de la justicia y se mantuvo prófugo hasta el pasado 13 de octubre, y Cuatrin logró deshacerse de su teléfono celular.
Por último, el cuarto hecho endilgado a Pablo Daniel G. se remonta a una causa del año 2019, que desarticuló a una asociación ilícita comandada por abogados santafesinos, destinada a defraudar a compañías aseguradoras simulando siniestros viales. En este sentido, Hernández sostuvo que el 18 de octubre de 2019, el uniformado reveló información secreta de la investigación a un profesional de la salud implicado originalmente en la causa, le advirtió que estaba siendo investigado y con qué evidencia se contaba en su contra.
Por otra parte, a Carlos Darío R. también se le atribuyó un hecho del año 2015, cuando se desempeñaba en la División Sustracción de Automotores. Hernández precisó que disparó contra dos personas que iban a bordo de una motocicleta en la zona de Pte. Perón y Perú, y que los detuvieron sin motivo, aludiendo que portaban un arma de fuego. Una vez en la dependencia policial les propinó golpes de puño y finalmente efectuó un acta de procedimiento con información falsa a fin de justificar el proceder.
Estos hechos fueron calificados como extorsión, encubrimiento calificado por la gravedad del delito precedente y por ser funcionario público; violación de secretos; y abuso de armas, apremios ilegales y falsedad ideológica.
El fiscal solicitó audiencia para tratar las medidas cautelares en el proceso, y por acuerdo con los abogados defensores se va a desarrollar el próximo miércoles 11 de noviembre.
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