La mamá de un pequeño de 10 años denunció en agosto de 2014 que su hijo era víctima de abusos por parte de su padre, abuelo del niño, tras haber encontrado una foto que llamó la atención en un teléfono celular.
Así la fiscal de Esperanza, Clelia Trossero comenzó con una investigación más que polémica que incluyó por ejemplo la renuncia del entonces fiscal regional Ricardo Fessia.
El primero en ser detenido e imputado fue, tal como se denunció, el abuelo del niño. El hombre fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado y se dictó la prisión preventiva en la última mitad del 2014.
Pero a medida que la investigación avanzaba y el niño pudo brindar declaración en cámara gesell, la situación se agravó. Se vieron implicados tanto la mujer como uno de los hijos del matrimonio acusado, un tío del niño.
Además, la causa pasó de la fiscalía de Esperanza a la unidad fiscal 1 de Santa Fe, conformada en ese entonces por los fiscales De Pedro y Filippi como adjunto.
A los tres acusados, el matrimonio Baraldo y su hijo, la fiscalía y la querella les atribuyeron los graves delitos cometidos contra la integridad sexual del niño, cuando este quedaba a cuidado de sus familiares debido al horario de trabajo de su madre.
En primera instancia se les atribuyó la prisión preventiva que fue confirmada en todos los casos en la cámara de apelaciones, mientras la defensa intentó infructuosamente a lo largo de la investigación encontrar fundamentos que pongan en crisis la investigación y las acusaciones.
Finalmente, en los últimos días del 2016, de manera conjunta el equipo fiscal y la querella, presentaron en la oficina de gestión judicial la requisitoria de elevación a juicio.
Allí detallan los hechos atribuidos a cada uno de los acusados, la calificación jurídico penal de los delitos, la pena solicitada para cada uno de ellos y las evidencias con las que se cuentan hasta el momento.
Para el abuelo solicitan una pena de 22 años de prisión, para la abuela, a quien le atribuyen dos hechos, solicitan 25 años de prisión, y para el tío piden 20 años de condena.
Ahora resta que se fije fecha para la audiencia preliminar donde las partes exponen los elementos que serán debatidos en el juicio oral y público, que tendrá lugar probablemente durante la segunda mitad del 2017.
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