El debate se desarrolla en sala 1 del subsuelo de tribunales y tiene previsto cientos de testigos.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El inicio del juicio por el homicidio del comerciante Hugo Oldani, cuyo crimen ocurrió en febrero del 2020 en un presunto asalto, contó este lunes con el paso de una serie de policías y peritos que con distintos roles recordaron cómo fueron las horas posteriores al suceso ocurrido en la galería Rivadavia de La Rioja al 2400 de la ciudad de Santa Fe.
Los testimonios fueron dados a conocer ante el tribunal conformado por los jueces Celeste Minniti, Sebastian Szeifert y Pablo Spekuljak que analizan la prueba presentada por los fiscales Gonzalo Iglesias y Estanislao Giavedoni y los querellantes Agustín Márquez y Ramiro Díaz Duarte contra los imputados que tiene la causa: Andrés Kaipl, el relacionista público acusado de haber realizado las tareas previas al hecho y posterior escoltamiento de la banda que entró a la galería a cometer el robo; y Juan Manuel Ruffino, el custodio de seguridad y dueño del auto que trasladó a los tres jóvenes (dos hombres y una mujer menor de edad) hasta el local donde funcionaba Turismo Oldani Srl.
Ambos imputados son defendidos por el defensor público, Sebastián Amadeo (por Ruffino) y el abogado particular, Gustavo Abraham (Kaipl) los cuales ya anticiparon que pedirán la absolución de sus asistidos, en contraposición al requerimiento de la Fiscalía y querella que en sus alegatos de apertura del juicio rarificaron su pedido de prisión perpetua para los dos imputados.
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Por el caso ya fueron condenados a 12 años de prisión Brian Damiani, que ofició como campana de la banda el día del crimen; y 10 años la entonces joven de 17 años, Agustina González, cuya causa se tramitó la Justicia de Menores de Santa Fe. En tanto, recibió condena Florencia Priscila Pérez, quien colaboró con el ocultamiento de González y Bruno Figueroa (el que gatilló el arma que mató a Oldani) cuando estos estuvieron prófugos de la Justicia. En lo que respecta a Figueroa, su llegada al juicio quedó trunca tras quitarse la vida en el penal de Las Flores, en 2021, mientras cumplía la prisión preventiva que le fue impuesta tras haber sido detenidos, dos meses después del asesinato, en una casa de barrio Los Troncos.
El crimen del empresario santafesino generó además el inicio de otras investigaciones bajo la órbita de la Justicia federal: una que apuntó a la intermediación financiera no autorizada, ya que en la agencia de turismo habría funcionado una “cueva financiera”; y la otra que investigó por encubrimiento a la fiscal Cristina Ferraro, que actuó en el inicio del caso de homicidio, y otros exjefes de la Agencia de Investigación Criminal, ya que de Turismo Oldani fueron retirados millones de pesos y dólares que se encontraban en el interior del local y los cuales nunca fueron contabilizados pese a que hubo un peritaje policial en el medio. Dicha secuencia, fue la que justamente formó parte del debate que comenzó este lunes en tribunales.
Entre los testigos convocados a la sala 1 del subsuelo tribunalicio, estuvo el entonces agente de la Brigada Motorizada, Gonzalo Soto, quien recordó haber llegado aquel día a la galería Rivadavia, tras el aviso de la central del 911, y luego quedarse custodiando el lugar hasta la llegada del personal de la Seccional Primera que realizó las primeras actuaciones.
Culminado el paso de Soto, entró a la sala Roxana Narrat, quien se desempeñó como Responsable Policial de la Investigación (RPI) y la cual se dirigió a Turismo Oldani apenas ocurrido el suceso. Según explicó la funcionaria policial, en aquella oportunidad, apenas ocurrido el homicidio, se acercó al lugar un hombre de civil que dijo ser encargado de seguridad de la galería y el cual cerró la puerta de la agencia de viajes por lo que impidió realizar a los agentes policiales un breve relevamiento del lugar.
Narrat comentó además que, un rato después de que llevaron a Oldani hasta el hospital Cullen, se comunicó con el yerno del comerciante ya que debían realizar los trabajos de peritaje dentro del local, pero no tuvo respuesta de parte del familiar.
La irregularidad en la custodia de la escena del crimen volvió dejar expuesta a la fiscal Ferraro, ya que otro testigo, el perito Franco Posetti, explicó que aquel día la fiscal Ferraro no permitió que a la agencia de viajes -tras el homicidio- ingresen testigos de actuación ante un pedido de la hija de Oldani, la cual fue quien abrió el local comercial tras el violento suceso.
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En tanto, el perito fotográfico Marcelo Sueldo, que presta servicios en la Sección de Fotografía del área de Criminalista expuso las fotos de los peritajes. Entre ellas, las que capturaron la vaina y el plomo que largó el arma de fuego utilizado por Figueroa como también los estantes repletos de dinero en efectivo y algunos papeles que luego fueron sacados del local por familiares y allegados a la víctima.
Los primeros testigos indicaron también que apenas ocurrido el disparo de Oldani, el personal de la Seccional Primera se abocó a la búsqueda del automóvil que estuvo implicado. Se trata de un Toyota Corolla blanco que era propiedad de Ruffino y su hermano y el cual fue rápidamente identificado por los policías de la dependencia tras una consulta a una base de datos sobre el dominio del vehículo.
De hecho, un grupo de policías de la repartición, al mando del jefe de la primera zona de inspección, Julián Nizzo fueron quienes realizaron los primeros avances en la investigación ya que a horas de haber sido asesinado Oldani, pudieron establecer que el dueño del auto residía en una casa de Arenales al 9200 del barrio Policial de la ciudad de Santa Fe.
Tal secuencia fue recordada por una de las agentes que desplegaron aquel procedimiento ya que el jefe de ese entonces Nizzo no pudo declarar en la primera jornada del juicio porque se encuentra actualmente procesado en la Justicia federal. Por esa razón, el fiscal Iglesias desistió de contar con su testimonio.
La audiencia tuvo la lectura de una carta escrita y leída por el imputado Ruffino previo al paso de los testigos. Si bien tal lectura no tuvo el aval de su defensor, el custodio de seguridad aseguró que a Hugo Oldani no le fueron a robar sino a cobrar un dinero proveniente del lavado de activos.
“Desafortunadamente me encontré en el lugar y momento equivocado por intentar cobrar un monto de dinero proveniente del lavado de activos. Esos intereses eran de David Perona que luego falleció”, dijo en alusión al capitalista del juego de la ciudad de Rafaela que murió por covid en el inicio de la pandemia.
“Lo que cuento se apoya en trascendidos en notas periodísticas y que evidencian el papel del local donde sucedieron los hechos que era para el lavado provenientes de las más altas esferas delictivas política-judicial”, agregó Ruffino.
Y concluyó con que esos supuestos “mandos” son los que le ordenaron a la fiscal Ferraro a autorizar el retiro de los millones de pesos y documentos que había en Turismo Oldani. “Le ordenaron a la fiscal para que de manera torpe modifique todas las circunstancias posibilitando el retiro de dinero. Pero lo más importante y hasta el momento pasó desapercibido es que permitió el retiro de la documentación de depósitos, transferencias, cuadernos y material digital”, leyó en su carta escrita en prisión y ventilada en el inicio del juicio que continuará este próximo martes con más testigos.
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