El insumo más importante de la violencia en Rosario, aparte de las armas, son las balas. Hay un mercado fantasmagórico, pocas veces identificado, que provee de municiones a los grupos criminales que las usan en gran cantidad para matar y para amenazar al disparar contra casas y comercios a los que después se intenta cobrar por protección, un método clásico de la mafia. Las balas sirven a estos grupos mafiosos para hacer que el miedo sea algo real y se transforme en un negocio.
Las municiones que se secuestran cada mes en Rosario equivalen al 56,8 por ciento de lo que se incauta en toda la provincia.
En Rosario se secuestran por mes un promedio de 1.646 municiones. Equivale a 32 cajas de 50 balas. Los disparos que se ejecutan con esos proyectiles provocaron 101 homicidios y 364 heridos con armas de fuego entre enero y abril de este año, según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública.
La cantidad de municiones que se secuestraron en Rosario equivale al 56,8% de lo que se incauta en toda la provincia. Esa cantidad representa una tasa de 34 balas cada 1.000 habitantes.
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De acuerdo al informe que elaboró el Observatorio de Seguridad Pública, entre octubre de 2020 y diciembre de 2022 se secuestraron en la provincia 78.309 municiones. El promedio mensual es de 3.729 balas incautadas.
La diferencia entre Rosario con el resto de la provincia es enorme. Esa cantidad de balas incautadas representa en Santa Fe un 0,59 de munición por cada kilómetro cuadrado. En Rosario el promedio es de 23 proyectiles secuestrados en esa superficie.
En la ciudad de Santa Fe el promedio de balas incautadas por la policía es cuatro veces menor que en Rosario al alcanzar las 421, lo que representa un promedio de tres municiones por kilómetro cuadrado, o 19 municiones cada 1.000 habitantes.
El circuito de abastecimiento de municiones es muy pocas veces identificado en las investigaciones judiciales y policiales. Si el suministro de armas es también fantasmagórico para las fuerzas de seguridad, lo es de la misma manera el del abastecimiento de balas.
Balas recargadas para "abaratar costos"
Durante los últimos años comenzó a imponerse en el mercado negro la venta de balas recargadas, según apuntó a AIRE una fuente de la Agencia de Investigación Criminal. Son proyectiles que ya fueron disparados y se utiliza la vaina nuevamente para la recarga.
Un especialista en el tema explicó que existen varias modalidades y máquinas para realizar esta tarea, que abarata en más de un 70% los costos. Una caja de 50 municiones calibre 9 mm adquirida en una armería promedia los 15.000 pesos, de acuerdo a la marca. Una caja de balas recargadas puede costar entre 3.500 y 5.000 pesos.
Hay distintos tipos de máquinas para realizar la recarga, señaló el especialista. “Están las máquinas que se denominan monoestación, es decir, que se recarga de una, proyectil por proyectil. Y existen las multiestación, que es un proceso más tecnificado en el que se pueden hacer recargas hasta ocho proyectiles a la vez”.
“Por ejemplo con una máquina Dillon X650 se pueden recargar unas 800 balas por hora”, apuntó la fuente. Es decir, de forma doméstica se pueden fabricar 16 cajas de municiones 9 mm en una hora.
La tenencia de máquinas de recarga está regulada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) de una manera similar a la de un arma de fuego. “El equipo deberá declararse especificando su marca, modelo y número de serie”, establece la normativa.
Si una persona va a una armería y pretende comprar una recargadora de munición de manera legal deberá solicitar “la tenencia de este tipo de equipo”, a los que sólo pueden acceder los que ya tengan registrada un arma. Ocurre lo mismo para comprar los insumos, como son las puntas, la pólvora y los fulminantes.
Este tipo de máquinas las utilizan generalmente los tiradores deportivos, sobre todo aquellos que se dedican a la disciplina de tiro práctico, en la que se usa una gran cantidad de municiones. Pero si en los secuestros de armas empiezan a aparecer balas recargadas es porque alguien está abasteciendo a ese mercado ilegal, que está fuera de todos los controles.
En mayo de 2021 se realizó un amplio operativo en el barrio La Tablada de Rosario, donde los investigadores identificaron que en una sodería funcionaba un lugar de acopio de armas y municiones para la venta ilegal.
En ese momento los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca usaron el recurso del “agente revelador” –una especie de infiltrado– para poder obtener información de cómo se movía la organización, integrada por ocho personas, entre las que había tres policías, uno de ellos, un experto en balística.
La banda acopiaba las armas en una sodería del barrio La Tablada, uno de los más violentos. Entre los sifones había fusiles, pistolas de distintos calibres y, sobre todo, más de 50 cajas de municiones de recarga. Parte de ese arsenal había sido robado en Cruz Alta, Córdoba, pero se escondía en la zona sur de esta ciudad, donde se cometen más de la mitad de los crímenes en un contexto encadenado con el narcomenudeo. Se vendían a través de contactos que tejía un policía en disponibilidad que se desempeñaba en el área de Criminalística de la fuerza.
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La investigación se inició en marzo de 2021, cuando se detectó que un hombre que vive en Victoria, Entre Ríos, vendía de forma ilegal fusiles para caza mayor. “Lo hacía de ‘boca en boca’, a través de mensajes de WhatsApp”, apuntó una fuente judicial. En este caso fueron imputados ocho integrantes de la organización, entre ellos, los hermanos César y Sergio González, este último agente en disponibilidad con carpeta médica.
El problema de los investigadores era cómo acceder a información de los vendedores de armas sin que estos se dieran cuenta de que dos fiscales seguían sus pasos. Un policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se transformó en un “agente revelador”.
Se interesó en la compra de armas e hizo contacto con el vendedor. Tenía tres meses, por la autorización que otorgó la Justicia, para develar la trama. Este policía se ganó la confianza de los vendedores de armas y, con fondos públicos del Ministerio de Seguridad, concretó la compra de siete fusiles y municiones por un total de 400.000 pesos.
En la investigación se logró establecer cómo funcionaba la organización, que, por un lado, vendía armas de guerra robadas y, por otro, expendía municiones de alto calibre, entre ellas, 9 milímetros. Esos proyectiles, según las fuentes judiciales consultadas por AIRE, salían del mercado legal.
La banda adquiría las municiones en armerías a través de testaferros, que aportaban la tarjeta otorgada por Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que habilita la compra de balas a los “legítimos usuarios”. En la casa del sodero en La Tablada se encontraron 14 credenciales de legítimo usuario (CLU) y otras tantas de control de consumo de municiones. Se descuenta que se usaban para comprar legalmente armas y balas de modo de insertarlas después en el mercado negro.
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