jueves 23 de junio de 2022
Policiales |

Conflicto entre la Justicia provincial y federal por la causa que investiga la intoxicación con plomo en Ceres

Por el caso murió una niña de dos años y resultaron intoxicados un grupo de personas que ocuparon el predio abandonado de la fábrica de baterías Nesaglo S.A. Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver quien sigue al frente del caso.

El análisis del máximo tribunal surgió a partir de que en noviembre del 2021 el entonces juez federal de Rafaela, Reinaldo Rodríguez (por pedido del fiscal Gustavo Onel) declaró la incompetencia del caso y remitió las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal.

Sin embargo, desde ese organismo judicial, la fiscal Silvina Verney solicitó al juez Gabriel Peralta que declare la incompetencia del caso. Finalmente, luego de analizar los nueve cuerpos que tiene el expediente, el magistrado resolvió devolverle la causa al Juzgado federal de Rafaela.

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Los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti.

Los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti.

Al recibir otra vez el expediente, el fiscal federal pidió que el conflicto entre ambos fueros sea zanjado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y defina quien debe seguir al frente de la pesquisa judicial.

Indagados

Por la causa fue indagada la actual subdirectora de auditorías ambientales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Mónica Mabel Ucero, y quien figuró como última directiva de la firma Nesaglo S.A., Norma Inés Orellano, cuyo predio abandonado fue ocupado por el grupo de personas que se intoxicó con plomo en septiembre del 2019.

Recientemente, y si bien existe el planteo de competencia que debe resolver la Corte, el fiscal Onel pidió al juez ahora a cargo del juzgado (Marcelo Bailaque) que procese, sin prisión preventiva, a Ucero y Orellano por infracción a la ley 24.051 de residuos peligrosos.

En el caso de Ucero, el fiscal la acusó de a la funcionaria de no intimar el plan de cierre de la fábrica y que ordenó la clausura del predio recién cuatro días después de que lo hiciera la justicia federal, cuando el caso salió a la luz ante la opinión pública.

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El predio fue clausurado por autoridades provinciales tras salir el caso a la luz.

El predio fue clausurado por autoridades provinciales tras salir el caso a la luz.

La imputación también apuntó a que la funcionaria intimó a la empresa, cuando cerró sus puertas en 2017, para que lleve a cabo el “plan de cierre” contemplado en los artículos 24 y 25 del decreto provincial N°1844/02, que regulan a las empresas que manipularon metales o residuos industriales y luego cerraron sus puertas.

En el caso de Orellano, fue indagada por la contaminación con plomo -por impericia en el propio arte o profesión- del agua, el suelo, elementos vegetales u otros elementos sólidos del predio en donde hasta 2017 funcionó la fábrica de baterías y el cual, en 2019, fue ocupado ilegalmente por un grupo de familias.

Intoxicados

La causa reveló que, por esa ocupación, un total de 21 personas se intoxicaron con plomo. Entre ellas, la nena Xiomara Crespín (de dos años) que a raíz de la contaminación debió ser trasladada al hospital de niños Orlando Alassia en donde falleció el 31 de diciembre del 2019 por tener 1,98 gramos de plomo en sangre.

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Policía Federal realizó los peritajes en el predio abandonado.

Policía Federal realizó los peritajes en el predio abandonado.

La misma situación se dio, sin un resultado fatal, con otros tres niños que también debieron ser trasladados desde Ceres hasta Santa Fe porque tenían considerables cantidades de plomo: 0,48 gr; 0,82 gr; y 0,23 gr.

Al salir el caso a la luz, el fiscal Onel inició una investigación de oficio sobre lo sucedido en el predio y mediante un estudio realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) estableció que la mayor presencia de plomo no se encontraba en el agua sino en las paredes y plantas del predio por lo que se estima que la intoxicación se dio “inhalación y contacto físico”.