Los imputados son un contador y un escribano de la ciudad de Santa Fe.
Se trata del caso que investigó y detuvo, tras distintos allanamientos, a los hermanos Edgar y Ovidio López, los cuales fueron acusados por las fiscales Mariela Jiménez y Laura Urquiza, por “falsificación de instrumento privado, uso de instrumento público y estafa”. Dicha acusación tuvo como eje que los López confeccionaron un acta falsa -el 17 de diciembre de 2020- en la que se designaron a una mujer como socia gerenta de una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
En esa acta, según indicaron las fiscales en su momento, los acusados “antedataron una fecha para simular la realización de una reunión de designación de autoridades que nunca se hizo”. En efecto, ese documento fue luego “enviado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue suscripto por la supuesta socia gerenta ante una escribana pública, a sabiendas de la falsedad de la fecha”.
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Sin embargo, cuando los profesionales -ya detenidos- fueron llevados a una audiencia de medidas cautelares, en donde las fiscales pidieron la prisión preventiva, el juez penal, Nicolás Falkenberg rechazó la solicitud por lo que otorgó la libertad a Edgar y Ovidio López tal como lo requirieron sus abogados, Martín Durando y Gustavo Feldman. De hecho, el magistrado sostuvo que no hubo ningún delito. “No se precisa cuál es el perjuicio, no hay víctima, no hay perjudicado”, destacó el juez.
Las fiscales apelaron el fallo por lo que el pasado 20 de octubre se llevó a cabo una audiencia ante el juez de alzada, Sebastián Creus, en donde fue solicitado que sea revocado el fallo de Falkenberg. Una semana después, el camarista confirmó la postura del juez de primera instancia y ratificó “no existe un delito” en la maniobra que la Fiscalía dijo haber encontrado en su investigación.
“No se observan ni se acreditan perjuicios por cuanto”, remarcó Creus en su resolución y aclaró que el perjuicio a terceros no ha quedado expuesto en la teoría del caso que llevó al estrado judicial la Fiscalía.
“La verdad es que las simulaciones de actos privados son más frecuentes de lo que se supone por la Acusación y, a veces, son práctica común en los negocios; y aun cuando se comparta cierto prurito respecto de la ética o moralidad de esas costumbres, para que sean constitutivas de un delito hace falta que se adecúen al supuesto de hecho descripto en el texto legal”, destacó el camarista en otro tramo de la resolución.
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