Condenaron a un santafesino que compraba armas de forma legal para revenderlas en el mercado negro
Se trata de un hombre de 32 años al cual lo encontraron penalmente responsable del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad.
El fallo se dio en el marco de una causa que investigó el mercado ilegal de las armas en Santa Fe y la región.
Un santafesino de 32 años, identificado como Brian Armando Aquino fue condenado a cuatro años de prisión por haber adquirido como legítimo usuario siete armas de fuego que luego desvió hacia el mercado ilegal, haciendo de dicho accionar una actividad habitual.
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La sentencia fue resuelta por la jueza Susana Luna tras un juicio oral y público realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y el cual declaró a Aquino autor penalmente responsable del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad.
El fallo impuso al condenado una pena de cuatro años de prisión y lo inhabilitó por 10 años para poder ser autorizado nuevamente a ser legítimo usuario de armas de fuego.
Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que el caso se inició a raíz de un convenio de colaboración firmado en abril de 2024 por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC —actual Registro Nacional de Armas (RENAR)—), Juan Pablo Allan, para controlar y reducir la circulación indebida de armas de fuego.
Armas registradas
Según estableció la investigación, encabezada por la fiscal Juliana González, Aquino tenía registradas a su nombre cinco pistolas calibre 380 y cuatro calibre nueve milímetros. De hecho, se detectó que el santafesino adquirió un arma en 2021, otra en 2023, otra en 2024 y seis el año pasado. En este sentido, dos de esas operaciones se concretaron mediante transferencias de legítimos usuarios y las demás fueron en tres armerías ubicadas en la ciudad de Santa Fe.
De los datos recabados en la causa, surgió que el ahora condenado se valió de la autorización legal que poseía para tener armas de fuego y luego se las entregaba a personas que no tenían la correspondiente credencial de legítimo usuario.
Inclusive, se detectó que Aquino no tenía la capacidad patrimonial suficiente para justificar de manera lícita sus adquisiciones, por lo que concluimos que vendía las armas a precios mayores a los de las que se ofrecen en el mercado legal y usaba parte de las ganancias para comprar nuevas y repetir el circuito.
Avanzado el caso, la fiscal ordenó la detención del investigado el 3 de diciembre del año pasado en el marco de una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Federal Argentina (PFA), en donde solo se le secuestraron sólo dos de las nueve armas que tenía a su nombre. A partir de ese procedimiento, la Fiscalía confirmó su hipótesis de que las siete que faltaban habían sido destinadas al mercado ilegal, dado que no tenían pedido de secuestro ni denuncias por robo, hurto ni extravío.
Inclusive, los investigadores determinaron que una de las pistolas 380 que le pertenecían a Aquino fue secuestrada en noviembre de 2023 en poder de un hombre que meses después fue condenado por una tentativa de homicidio cometida con esa arma.
