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Policiales Santa Fe | Policía | Extorsión

Condenaron a un abogado y un policía de Santa Fe por extorsionar a un detenido en la Comisaría Cuarta

La sentencia se conoció este viernes en tribunales y fue luego de un juicio oral y público.

Se trata del penalista Sebastián Gervasoni, a quien el juez penal Pablo Busaniche le impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional y lo declaró autor de tentativa de extorsión calificada por el ánimo de lucro y abusando en el desempeño de su profesión de abogado. No obstante, dispuso una inhabilitación especial para ejercer la abogacía por el tiempo de la condena y el pago de una multa de 60 mil pesos.

Al igual que Gervasoni y por el mismo monto de pena, fue sentenciado e inhabilitado para ejercer cargos públicos el policía Martín Herrera, que también fue juzgado como parte de la trama extorsiva que se ventiló a lo largo de un juicio oral que arrancó en tribunales el pasado 3 de mayo.

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El caso remonta al 2 de julio del 2017, cuando en horas del mediodía fue detenido en un procedimiento preventivo un hombre identificado como Emanuel F., al cual le retuvieron la moto y lo dejaron arrestado por unas horas en sede policial. Como el hecho se dio en jurisdicción de la Seccional Novena, Emanuel F. fue llevado hasta esa dependencia. Sin embargo, al no tener lugar en la dependencia, fue trasladado hasta la Seccional Cuarta, que en aquella oportunidad funcionaba en Zavalla y Tucumán del barrio Roma.

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El caso se ventiló en un juicio que tuvo lugar en tribunales.

El caso se ventiló en un juicio que tuvo lugar en tribunales.

En ese momento, la detención fue comunicada a la fiscal de turno Milagros Parodi que ordenó liberar al motociclista, pero cuando los agentes tuvieron que ejecutar la orden judicial no la acataron e intentaron extorsionar a Emanuel F.

El policía, el abogado y el intento de extorsión

Según estableció la investigación el policía Herrera le dijo al detenido que su caso estaba complicado pero si le entregaba 10.000 pesos (unos 580 mil pesos a valor actual) y una bolsa de cocaína, podría liberarlo de inmediato y no tendría inconvenientes con la libertad condicional que atravesaba en ese entonces en el marco de otra causa judicial que pesaba en su contra. La trama extorsiva continuó cuando el policía convocó al abogado Gervasoni y este, según el relato de la víctima, le solicitó que cumpla con lo que le decía el agente policial.

Como el dinero no fue entregado por el preso, el policía Herrera le retuvo el celular y dominio de la moto a la pareja del detenido a modo de "garantía" de que se le pagaría el monto de dinero exigido.

Tras la retención de sus bienes, la mujer del detenido, salió de la comisaría y fue hasta el Ministerio Público de la Acusación, en donde denunció la secuencia extorsiva, la cual comenzó a ser investigada por la entonces fiscal Mariela Jiménez.

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Al día siguiente la víctima y su pareja fueron hasta la comisaría cuarta en donde el policía Herrera le dijo que pautaran con el abogado un punto de encuentro para abonar el dinero requerido. Dicho lugar fue acordado de manera telefónica y tuvo lugar en Hernandarias y avenida Peñaloza.

La maniobra se dio cerca de las 16.30, cuando la víctima le dio 4 mil pesos que fueron marcados por los investigadores de Asuntos Internos y el acusado le entregó el teléfono y el dominio de la moto. Minutos después, investigadores de Asuntos Internos fueron hasta donde estaba el abogado y lo detuvieron. Lo mismo hicieron, con posterioridad, con el agente Herrera.

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La prueba del caso fue expuesta por el fiscal Ezequiel Hernández.

La prueba del caso fue expuesta por el fiscal Ezequiel Hernández.

Ambos quedaron detenidos y lograron ser excarcelados, por lo que afrontaron la causa judicial en la que fueron imputados en libertad hasta el pasado 3 de mayo, cuando comenzaron a ser juzgados.

Durante el juicio, la prueba central fue el testimonio de la víctima del hecho y su pareja, quienes ratificaron todo lo que declararon durante la investigación penal preparatoria contra el policía y el abogado. De hecho, informaron que a raíz de la causa debieron mudarse de ciudad por temor a sufrir posibles represalias.

“La víctima refirió haber sentido mucho temor y condicionado la vida familiar, ya que estaba con miedo por sus hijos”, explicó al respecto el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, tras el fallo condenatorio de este viernes.

Según el fiscal, tanto la víctima como su pareja tuvieron problemas de salud tras salir la causa a la luz. “Incluso debieron mudarse y retirarse de la ciudad, algo que solemos escuchar en las víctimas de violencia institucional que deben mudar su centro de vida porque sienten que cada vez que ven policía es el mismo policía que les pegó o los extorsionó”, agregó el funcionario judicial.