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Policiales

Recuperaron la libertad el policía y el abogado imputados de extorsión

La fiscal Mariela Jimenez solicitó que el policía M. Herrera y el abogado S. Gervasoni sean puestos en prisión preventiva mientras se investiga el hecho ocurrido en la seccional 4ta el pasado domingo.

En audiencia imputativa, se atribuyó a los dos detenidos el delito de extorsión, tras una denuncia radicada en Asuntos Internos por un hombre que había sido privado de su libertad el pasado sábado 1 de julio.

Jimenez explicó cómo se desarrollaron los hechos: Una pareja fue detenida el sábado por la noche por personal de la seccional 9na. La mujer fue trasladada a Trámites y Libertades mientras que el hombre fue trasladado a la seccional 4ta.

Personal policial notificó la detención a la fiscal y al defensor público en turno, que se entrevistó con los dos detenidos en sendos lugares. La fiscal, por su parte, dispuso la libertad para ambos.

Entonces la fiscal Jimenez destacó la primera de las contradicciones: “En el libro de guardia de la seccional 9na figura que al detenido se le dio la libertad a las 18 hs., mientras que en el libro de guardias de la seccional 4ta figura que el detenido se retira a las 19:30 hs. ¿Qué pasó en esa hora y media?“.

Según entiende la fiscalía, lo que pasó en esa hora y media fue el delito atribuido: Herrera se acercó a la celda y le dijo al detenido que estaba complicado, que su situación de libertad condicional se iba a ver perjudicada por la aprehensión y que para que no queden marcas de su paso por la comisaría, debía entregarle $10.000 y una bolsa de cocaína.

“Para que la amenaza cobre más fuerza, Herrera lo llamó a Gervasoni, quien va a la comisaría y reitera: esto es así, negro, si me das $10.000 salís” detalló la fiscal.

El denunciante “es el típico cliente del sistema penal: tiene una condena anterior, está en libertad condicional y está siendo investigado en otros dos hechos. ¿Quién iba a creer en él?” interpeló Jimenez.

La fiscal ensayó luego una hipótesis más bienintencionada: “si pensamos en la hipótesis que el abogado fue a ofrecer sus servicios como abogado, y los $10.000 eran honorarios, ¿por qué no hay constancia de su presencia en la comisaría? ¿por qué es el policía el que lo llama para que vaya?”

Jimenez le pidió al juez Silva que imponga la prisión preventiva para resguardar la declaración que eventualmente deba hacer el denunciante en juicio y de las demás personas que deban ser llamadas a declarar.

 

A su turno, el defensor público Sebastián Moleón, en representación del abogado imputado, cuestionó la atribución fiscal al entender que no existe el delito de extorsión: “la extorsión es la amenaza de un mal mayor. Si Gervasoni le dijo: yo te puedo sacar y que no te quede nada de esta causa, ¿dónde está el mal mayor?”.

Moleón entendió luego que podría haberse dado en todo caso la existencia de otro delito, tal vez una tentativa de estafa, si la libertad ya había sido otorgada por la fiscal, y reiteró que lo atribuido no constituye delito de extorsión.

Por último argumentó el defensor que la “entrega controlada del dinero neutralizó el peligro del perjuicio económico”.

“Escuchamos un relato, que puede ser cierto” dijo el defensor, “pero no hay evidencias que haya ocurrido”.

Moleón solicitó entonces que se desestime la atribución delictiva, o en su defecto que se dispongan medidas alternativas a la prisión preventiva.

Por último, declaró el policía imputado. Herrera negó los hechos y dijo que había llamado a Gervasoni por pedido del detenido. “Me empezó a nombrar un montón de abogados, y yo lo llamé al doctor Gervasoni. Después no sé qué pasó”, se defendió el efectivo.

Su abogado particular, Raúl Sartori, adhirió a los argumentos de Moleón, y recalcó que el delito no se configuró, ya que la entrega de dinero nunca se realizó. Sartori también solicitó la libertad para su defendido o la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva.

El juez Octavio Silva decidió otorgarle la libertad a los dos imputados dejándolos sujetos al proceso judicial, y les impuso una fianza de $200.000. El magistrado no brindó en la audiencia los fundamentos de su decisión.

 

 

Fiscal Mariela Jimenez

 

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