Celer, al momento de ser detenido e identificado en la primera causa que tuvo en la Justicia provincial.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Adrián “Tripa” Celer, un exagente policial de la Unidad Regional I que fue detenido en 2017, a partir de un falso allanamiento a un domicilio del barrio Barranquitas que derivó en el destape de varias causas judiciales. Entre ellas, por tráfico de drogas y armas desde Paraguay y enriquecimiento ilícito.
El fallo judicial, que lleva la firma del juez federal Luciano Lauría, se dio mediante un juicio abreviado en donde el expolicía santafesino aceptó los cargos en su contra y firmó una pena de cinco años de cárcel por una tracalada de delitos cometidos bajo la órbita federal: confabulación para la comercialización ilícita de estupefacientes (actos preparativos del narcotráfico); incumplimiento de los deberes de funcionario público, que dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes -tres hechos-; exacciones ilegales; encubrimiento por adquisición de cosas o efectos provenientes de un delito y por ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad, agravado por tratarse du un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por tratarse de un funcionario público -dos hechos-.
La sentencia a su vez se fijó con dos condenas anteriores que fueron dictadas en la Justicia provincial por lo que la pana final quedó en nueve años de prisión a cumplir en la cárcel de Las Flores de la ciudad de Santa Fe, donde actualmente se encuentra alojado tras ser detenido el 6 de noviembre del 2017 en medio de un allanamiento ilegal en una casa de Iturraspe y Terraplén de zona oeste.
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Aquella noche, Celer -junto con los policías Exequiel Romero, Leonardo Velásquez y Cristian Gutiérrez - tomaron por asalto una vivienda sin ninguna orden judicial de por medio, maniataron al ocupante y le exigieron drogas, armas y dinero. Sin embargo, fueron sorprendidos por policías del Comando Radioeléctrico que llegaron al lugar tras el aviso de los vecinos y frustraron el copamiento ilegal.
Celer quedó detenido y a disposición del fiscal Ezequiel Hernández del MPA que tras peritar el teléfono del entonces policía de la URI detectó que el “Tripa” o “Piki”, como solían decirle, no solo realizaba allanamientos ilegales con fines de robo sino que estaba inmerso en una trama narco que involucraba también a un santafesino radicado en Paraguay, identificado como Jorge Luis Duarte, alias “Gordo Pascuala”.
Por el contenido del teléfono, Celer fue llamado a indagatoria en el marco de una causa impulsada por el fiscal federal Walter Rodríguez que acusó al policía de pergeñar un plan para traficar a Santa Fe cargamentos de marihuana y cocaína y armas de fuego provenientes de una organización narcocriminal con base en Paraguay.
De hecho, el fiscal le imputó que desde el 3 de octubre de 2017 hasta el 5 de noviembre del mismo año recibió por parte “Gorda Pascuala” información sobre narcos locales que después eran “mejicaneados”. Tales cargos fueron bajo la sospecha de que el “Tripa” despejaba el terreno para que la organización paraguaya se asentara en la ciudad de Santa Fe.
La causa estableció además que Celer transfirió dinero a la República del Paraguay como parte de pago para la adquisición de estupefacientes y un arma de fuego (tipo metralleta), y que hasta llegó a alertar Pascuala sobre la existencia de una orden federal para interceptar un camión proveniente del país limítrofe con estupefacientes.
De hecho, una de las transferencias que logró acreditar la Justicia fue la que realizó el policía el 11 de octubre del 2017, cuando giró a la localidad paraguaya de Luque un total de $19.100 desde un local de Western Union ubicado sobre la ruta nacional 168.
Indagado por la causa federal, Celer fue procesado el 21 de noviembre del 2019 por el entonces juez Francisco Miño que dispuso su encierro preventivo hasta la llegada del juicio. El fallo fue luego confirmado por la Cámara Federal el 17 de marzo del 2020 y finalmente, un año después, el caso fue elevado a juicio al Tribunal Oral Federal de Santa Fe en donde recientemente asumió su responsabilidad y firmó un juicio abreviado.
La pena se unificó además a otras dos condenas anteriores. Una que se dio en el marco de la causa por la que fue detenido en 2017, a raíz del allanamiento ilegal, y la otra que apuntó al desmedido incremento patrimonial que tuvo el agente durante su paso en la Policía de Santa Fe.
Es que según estableció la investigación del fiscal Hernández, el narcopolicía, entre 2013 y 2017, adquirió un inmueble ubicado en Sauce Viejo, tres autos, dos camionetas, dos embarcaciones, un cuatriciclo y una motocicleta.
Mediante informes de entidades públicas y privadas y de allanamientos realizados en propiedades de Celer, la Justicia determinó que el monto de dinero no justificado por el policía fue de 1.660.536 pesos a valor del 2017, cuando fue detenido en la casa de Barranquitas.
Por esa causa, firmó un abreviado en 2021 en la Justicia provincial de dos años de prisión por enriquecimiento ilícito y además quedó inhabilitado, de manera perpetua, a ejercer cargos públicos. Además, tuvo que pagar 830.268 pesos al MPA en concepto de multa. La pena a su vez se unificó a la que investigó el falso allanamiento y quedó en cinco años de cárcel. Dos años después, sumó su tercer, pero esta vez por narcotráfico.
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