Un tribunal conformado por tres jueces del fuero penal santafesino condenó a 15 años de prisión un preceptor de un Centro de Protección Integral de la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa que investigó el abuso sexual (mediante tocamientos) a dos niñas y una adolescente que se alojaban en el establecimiento.
Imagen ilustrativa
Se trata de un hombre de 33 años, identificado como Josué Joel Montyn de 33 años, a quien los jueces Jorge Patrizi, José Luis García Troiano y Pablo Ruiz Staiger declararon, luego de un juicio oral en tribunales, autor penalmente responsable de "abuso sexual gravemente ultrajante y de abuso sexual simple, ambos delitos calificados (por haber estado encargado de la guarda de las víctimas)".
Tales abusos, según indicó prensa del Ministerio Público de la Acusación, ocurrieron entre 2016 y 2019 y formaron parte de una investigación que se tramitó en la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), a cargo de la fiscal Alejandra Del Río Ayala.
Dicha funcionaria, se mostró conforme tras la lectura de la sentencia. “En el debate quedó demostrado que Montyn llevó a cabo su accionar delictivo en perjuicio de personas menores de edad que estaban en situaciones de extrema vulnerabilidad”, afirmó.
Durante el debate, se ventiló que el hoy condenado abusó de las víctimas mientras trabajaba como preceptor del Centro de Protección Integral en el que ellas residían”. En tal sentido, los ilícitos –que fueron sin acceso carnal– tuvieron entidad suficiente para afectar el progresivo desarrollo sexual de las niñas y de la adolescente atacada, destacaron desde el MPA.
En tanto, la fiscal sostuvo que “los delitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades” y que “una de las víctimas fue abusada entre 2016 y 2019; otra, entre 2017 y 2019; y la tercera, entre 2018 y 2019”.
La funcionaria explicó además que “durante la época en la que sufrieron los padecimientos, las niñas transitaban el último tramo de su escolaridad primaria, mientras que la adolescente estaba cursando la escuela secundaria”.
“El condenado se aprovechó de la posición de autoridad que tenía a raíz de su cargo en el establecimiento público”, indicó Del Río Ayala y aseguró que “los hechos fueron especialmente graves porque ocurrieron en el marco de lo que debía ser un sistema de protección por parte del Estado provincial”.
Temas
Te puede interesar
